El recibo de la luz de las desaladoras se dispara y amenaza con multiplicar la factura del agua

Cerca de un centenar de ayuntamientos de Alicante, Murcia y Albacete va a poder respirar algo mejor en los próximos días ahora que están en plena elaboración de presupuestos. La presidenta de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, Francisca Baraza, ha confirmado a El Confidencial que la entidad prevé asumir con fondos propios el aumento del recibo de la luz, por lo que a su vez el encarecimiento de la energía no repercutirá en la factura del agua. El anuncio no es menor porque sus consecuencias son dobles. Por un lado, la entidad asume un gasto directo en sus cuentas.

“Frente a los 35 millones de euros previstos para suministro eléctrico para el año 2022, la previsión de cara al año 2023 es de 70 millones”, sostiene la responsable de este organismo, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y el encargado de fijar el precio del agua para 43 municipios de Murcia (todos excepto Yecla y Jumilla), 35 de Alicante y dos de Albacete.

La Mancomunidad lleva desde junio de 2015 cobrando a los consistorios 0,69 euros el metro cúbico de agua suministrada. En palabras de Baraza, se ha aplicado “una tarifa 'equilibrante', que integra todos los costes y que está condicionada por las diferentes fuentes de recursos hídricos que emplea, básicamente agua procedente del río Taibilla, del trasvase Tajo-Segura y de desalación. Cada una de estas fuentes tiene un coste diferente y esto permite mantener un equilibrio”. El organismo suministra agua para una población de 2.400.000 habitantes entre Murcia (57,28%) Alicante (42,6%) y Albacete (0,10%) que, en periodo estival supera los 3 millones.

“La Mancomunidad tiene sus cuentas saneadas debido fundamentalmente a que los ayuntamientos han reducido sus deudas de forma considerable. Así que este año puede hacer frente al incremento de costes derivado del precio de la energía. El objetivo es mantener en lo posible la tarifa actual para evitar gravar a los ayuntamientos un incremento que podría repercutir en el ciudadano”, señala Baraza, pero advierte de que “todo dependerá de la evolución del mercado energético y de la situación de los recursos hídricos de los que dependemos”.

El caso de Alicante

La decisión es relevante porque los ayuntamientos son los encargados de fijar la cuota final que deben abonar los ciudadanos y la complejidad de conocer el coste final es muy alta porque intervienen muchos factores. La OCU ha alertado en varias ocasiones de la dificultad de conocer el pormenorizado en las principales ciudades. Alicante, por ejemplo, es una de las que ‘sirve’ el agua del grifo más cara para los consumidores, pero también es una de las que explica con mayor transparencia el precio de la misma. Los residentes pagan cinco conceptos: agua, alcantarillado y canon de saneamiento autonómico, contador e impuestos.

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Fuentes de Aguas de Alicante, la compañía mixta formada por Ayuntamiento e Hidraqua, detallan que las aguas que suministra la Mancomunidad de Canales del Taibilla a la ciudad procede de diversas fuentes, trasvase Tajo-Segura y desaladoras. En los últimos años, aproximadamente el 40% es desalada, pero esa cifra ha llegado a subir hasta el 60% tras la incorporación de la desaladora de Mutxamel al suministro de la ciudad, sobre todo, a la zona de playas.

La decisión de la Mancomunidad es relevante también para los municipios, porque como bien indican desde la empresa alicantina, “la incidencia del incremento de precios en el sector de la gestión del agua es enorme, como lo es en el resto del sector productivo. El coste se multiplica por cuatro, a lo que hay que añadir el sobre coste producido por la inclusión de la Tasa del Tope del Gas, según lo aprobado en Europa a la excepcionalidad ibérica”.

Durante 2022, el conjunto de proveedores ha sufrido el incremento de precios tanto en la parte de combustibles, como de materias primas y diversos suministros. “En función del tipo de contrato de servicio u obra hemos procedido al ajuste y actualización de nuevos precios (actualización por IPC o fórmula de revisión de precios, dependiendo del origen o tipo de servicio a prestar)”, especifican desde la compañía, lo que viene a certificar que el gasto para el ciudadano puede variar de cara a 2023.

En Alicante, como en el resto de la Comunidad Valenciana, el recibo sube a otros conceptos que no son estrictamente el suministro. Es determinante el pago del canon de saneamiento para aguas residuales. La Generalitat declaró una suspensión de seis meses —de junio a diciembre de este 2022— como medida urgente para hacer frente a la inflación; pero esta deducción es provisional, pues el Gobierno prevé que se repercuta este tributo aplazado a partir de enero de 2023. La tarifa oficial de 2022 para uso doméstico es de 44,83 euros al año para localidades de más de 50.000 habitantes.

La carrera fotovoltaica

El caso de la ciudad alicantina sirve para ilustrar un problema al que hasta ahora se ha prestado una atención relativa: ¿Cómo se traduce el consumo energético en el recibo del agua? Históricamente, los proveedores y los ayuntamientos han puesto en el centro de sus acciones la modernización de las infraestructuras, que se ha demostrado que es la mejor forma de ahorrar, al menos en teoría. En Alicante, se hizo también un esfuerzo para digitalizar el proceso de suministro y crear un modélico sistema antifugas.

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El ahorro de agua es una necesidad inherente a los territorios de Alicante y Murcia; sin embargo, el energético iba más en otras direcciones. Una de ellas son las desaladoras, grandes consumidoras de energía y emisoras de CO2. El recibo de la luz era una asignatura pendiente que se transformó en insoportable tras los compromisos españoles de reducir la huella de carbono.

La Mancomunidad elaboró un 'Plan Estratégico para la optimización energética y disminución de la huella de carbono en las instalaciones de la MCT 2019 - 2030'. Del informe elaborado con datos de 2018, se establece que las instalaciones dependientes de la entidad pública consumieron 196 millones de KWh/año y el importe de la factura se elevó a 17,9 millones de euros. Sólo el 0,14% era energía renovable.

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El peso principal corre a cuenta de las desaladoras. Las tres dependientes de la MCT —San Pedro II, Alicante I y II— representan el 77,22% del consumo. El resto se divide entre el 6,90% de las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), el 10,26% de los grandes bombeos, el 3,97% de otros bombeos y el 6,65% del resto de instalaciones.

La presidenta Francisca Baraza detalla que “actualmente hay cuatro obras en ejecución cofinanciadas mediante Fondos FEDER, a través del IDAE y se están redactando diversos proyectos para continuar con su implementación, así como otras actuaciones no incluidas en dicho Plan que pretenden llevarse a cabo en esta materia”.

La Mancomunidad de Canales de Taibilla pretende financiar parte de este plan con los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tiene asignados el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del que depende, según apunta su responsable. “El objetivo es avanzar en la eficiencia energética, reducir la huella de carbono y para ello utilizar las diferentes fuentes de energías renovables, sobre todo la fotovoltaica. Esto va a permitir también avanzar en el autoconsumo y reducir el coste”, indica.

Y a pesar de esta hoja de ruta, la Mancomunidad está llegando tarde a su propia planificación. El plan, concebido con una inversión de 35 millones a 11 años vista, prevé la construcción de 14 plantas fotovoltaicas —10 en Murcia y 4 en Alicante— que se sumarían a las 5 en funcionamiento. En las contrataciones de la MCT, sólo se refleja la renovación de equipos en Sant Vicent del Raspeig, donde está una de las dos plantas en funcionamiento de la provincia alicantina y la Tentegorra en Cartagena, una de las tres implantadas.

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En definitiva, el anuncio quita presión a las cuentas municipales, pero no apaga la alerta de nuevas subidas por parte de quienes determinan el precio final de lo que se paga en el recibo del agua.