Puig suma a Page al frente de barones del PSOE que piden a Rajoy quita de la deuda

Mariano Rajoy no ha puesto aún encima de la mesa ninguna propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica. Ya va fuera de plazo, porque se comprometió a cerrar un nuevo modelo en 2017 hace poco más de un año, en la VI Conferencia de Presidentes. El jefe del Ejecutivo insiste en que quiere pactarlo con el PSOE, pero no mueve ficha. Y mientras los barones socialistas redoblan la presión, para que no haya más demoras porque están asfixiadas económicamente debido a una ley que caducó hace cuatro años y que les ha generado un enorme agujero. No será fácil hallar el consenso, ni siquiera entre las siete comunidades gobernadas por el PSOE, pero estas sí coinciden en demandar al Gobierno que actúe ya —exigencia que también repite Ferraz— y algunas de ellas reclaman una quita de la deuda generada por la infrafinanciación. La última en sumarse a este frente es Castilla-La Mancha.

El presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, se reunió este sábado en el Palau de la Generalitat con su homólogo valenciano, Ximo Puig, y ambos lanzaron una declaración conjunta [aquí en PDF] en la que la gran novedad es precisamente esa, que ambos escriben que consideran "justa y necesaria una reestructuración y rebaja de la deuda" que soportan ambas autonomías. Una posición defendida por Puig a la que ahora se incorpora Page, y que comparten la balear Francina Armengol o la andaluza Susana Díaz, aunque esta siempre incide en que debe hacerse por criterios objetivos y para todas las CCAA por igual, sin excepciones. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ya levantó la bandera durante su campaña del 21-D, pidiéndola para Cataluña y para las demás comunidades infrafinanciadas y que hubieran realizado un "sobreesfuerzo en la reducción del déficit". El aragonés Javier Lambán se opuso a "quitas de la deuda o a la concesión de privilegios" para resolver la crisis catalana, reservas que también expresó en aquel momento el extremeño Guillermo Fernández Vara.

El documento suscrito por Page y Puig en su encuentro bilateral en Valencia recuerda que en los últimos años la Administración central ha soportado un 20,5% de los ajustes, por el 62,2% sufrido por las autonomías y el 28,1% de los ayuntamientos. La Seguridad Social, mientras, ha aumentado el gasto un 10,8%. Es decir, que la reducción del gasto público ha sido "lograda en un 95% por el esfuerzo" de comunidades y corporaciones locales. Pese al recorte de gasto, la insuficiencia de ingresos ha sido persistente y las CCAA han incrementado su endeudamiento en 173.958 millones de euros. Si el sistema de financiación hubiera provisto los recursos precisos para cubrir el gasto en servicios públicos esenciales, las regiones habrían dispuesto en el mismo periodo de 191.498 millones de euros adicionales, superior al endeudamiento autonómico, según explican los dos presidentes en su texto.

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"Amenaza a la viabilidad" de las CCAA

Por esa razón, debe abordarse el problema derivado de los déficits presupuestarios generados por la infrafinanciación autonómica desde el principio y, en particular, desde 2009 a 2017, que se ha traducido en un nivel de deuda que "amenaza la viabilidad financiera" de la totalidad de CCAA del régimen común (todas menos Euskadi y Navarra). Subrayan que esta falta de recursos ha de ser "tratada y solucionada como un problema de Estado". Sostienen que "todas las comunidades" están "infrafinanciadas", pero "algunas más que otras". "Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana son de las más infrafinanciadas, presentando uno de los menores gastos por habitante. Nuestros niveles de deuda no son consecuencia, por lo tanto, de un exceso de gastos, sino de una clara e injusta insuficiencia de los ingresos proporcionados por el modelo". Y por eso ambos juzgan justa y necesaria una reestructuración y quita de la deuda. Page por ejemplo ilustró su argumentación con un dato: el Ejecutivo regional de Mariano Dolores de Cospedal se duplicó en cuatro años (2011-2015), de 7.000 a 13.600 millones.

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La dirección de Pedro Sánchez, a finales del pasado año, cuando Iceta planteó la medida, salió a su rescate y apuntó que esa era una de las medidas posibles para aliviar la presión sobre las CCAA, sobre las que descansan las principales partidas del Estado del bienestar, pero insistía en que era Hacienda, Cristóbal Montoro, quien debía hacer una propuesta formal, porque es responsabilidad del Gobierno presentar un nuevo modelo. La idea del primer secretario agitó las aguas socialistas porque algunos barones incidían en que toda salida tendría que ser multilateral. Así, Andalucía advertía de que una medida como la condonación de la deuda "se tiene que plantear para el conjunto de las CCAA", que en el fondo es lo que defendía Iceta: no una receta solo para Cataluña, sino para todas.

Los presidentes de Valencia y Baleares se sentían identificados con el PSC en este punto. Lo veían "de sentido común". "Puede ser una quita para todos, pero con los porcentajes adecuados para cada comunidad", detallaba este sábado Francina Armengol, la jefa del Ejecutivo de las islas.

El documento de Puig y Page incluye otras demandas, como la necesidad de acometer un proceso de "armonización fiscal que evite la competencia fiscal desleal y salvaguarde la corresponsabilidad fiscal". Lo que pretenden ambos barones es que se acabe con el 'dumping fiscal', para que los ciudadanos no decidan su domicilio tributario no por sus preferencias, sino por la legislación ventajosa en una comunidad. El debate ya se planteó el año pasado en la Conferencia de Presidentes, liderado por Susana Díaz, pero se aparcó por la oposición de Madrid y, por razones distintas (para preservar su autonomía fiscal), de Baleares.

"Equidad" y "estabilidad"

Puig y Page subrayan que la reforma del sistema de financiación autonómica no debe abordarse como una pugna entre territorios, sino para mejorar la marcha del Estado del bienestar en España, "poniendo en el centro de atención las necesidades de las personas, con independencia de donde vivan". Inciden en que es "evidente" que existe una "insuficiencia en los recursos" asignados por el modelo vigente y caducado desde 2014. En el texto recuerdan que las CCAA "no derrochan" en sanidad, educación y protección social. Es más, el gasto se encuentra cuatro puntos de PIB por debajo de la media de los países de la eurozona. 40.000 millones menos. Por eso resolver ese problema de insuficiencia "estructural" para financiar esas tres grandes partidas debe ser, coinciden, "el principal objetivo" del nuevo sistema.

Los barones manchego y valenciano sostienen que la insuficiencia de recursos en las autonomías ha disparado su deuda en 173.958 millones de euros

A ello se suma la exigencia de "equidad", que "todos los ciudadanos", al margen de donde residan y de su capacidad fiscal, tengan acceso a "un nivel equivalente de servicios públicos" a prestar por las CCAA. La reforma, asimismo, ha de proporcionar "estabilidad a la financiación, al menos, de la sanidad, la educación y los servicios sociales", de forma que su nivel de gasto quede protegido frente a las oscilaciones del ciclo económico. Proponen los dos presidentes crear una especie de fondo de reserva (como el que existe para las pensiones, ya muy menguado por las sucesivas retiradas del Gobierno del PP), una hucha, para que se garanticen los recursos necesarios en momentos de caída de los ingresos.

Page y Puig hacen hincapié también en que se aplique el principio de "lealtad institucional entre el Estado y las CCAA y entre las CCAA entre sí". En ese sentido, ambos denuncian el "chantaje" del Ejecutivo central, que ha decidido retener las entregas a cuenta a las comunidades al no haber aún Presupuestos de 2018. El nuevo modelo, en consecuencia, debe ser "sencillo, transparente y predecible", y permitir la "planificación a medio y largo plazo".

Los dos barones —alineados con Díaz en las primarias, por cierto—​ daban muestras así de firmeza frente a un Rajoy que promete, como hizo hoy en Sevilla, que pactará la financiación pero que no avanza nada. El 'president' de la Generalitat aseguró que no van a "bajar los brazos" ante estas reivindicaciones, mientras que Page remarcó que el Gobierno está "totalmente agarrotado", una postura "propia de quien en los grandes problemas juega a lanzarlos a la generación siguiente", informa EFE. Añadió que no se trata de "ir contra nadie, sino a favor del sistema autonómico y de los ciudadanos", y adujo que el incumplimiento de Rajoy supone un "desgaste" en la confianza en las instituciones. "Se trata de cumplir las leyes y la Constitución, existe el [artículo] 155, pero también el 156", abundó.

El presidente castellanomanchego enfatizó que igual que las CCAA se han comportado con lealtad con Rajoy en la crisis catalana, ahora no pueden estar "permanentemente a la espera" para resolver el problema. Cataluña, señaló, ya no debe valer como "excusa" para el presidente.

Visita el miércoles a Ferraz

El encuentro entre los barones manchego y valenciano en el Palau de la Generalitat es el aperitivo de un acto que este domingo protagonizan Puig y Pedro Sánchez en Valencia. El 'president' socialista ha multiplicado los contactos en su partido para consensuar una posición común dejar a Rajoy sin excusas para dar un empujón al nuevo modelo de financiación. El encuentro con Page se produce después de otras reuniones privadas con Susana Díaz y con Armengol. El pasado miércoles también se entrevistó en Ferraz con Sánchez aprovechando su visita a Fitur en Madrid. Page ya había charlado con el jefe de los socialistas sobre este asunto el pasado 20 de diciembre, según fuentes de su entorno.

El 'president' advierte de que no bajarán "los brazos" y Page critica a un Gobierno "agarrotado" y le avisa de que Cataluña no puede ser "excusa"

Puig además ha solicitado al Senado que convoque la Comisión General de Comunidades Autónomas para comparecer y reclamar que se abra el melón del reparto de recursos entre territorios. La intención es forzar una comparecencia empleando un mecanismo poco habitual. Fue el mismo que José Montilla usó para forzar un debate territorial sobre el Estatut de Cataluña que después tumbó el Tribunal Constitucional. En el PSOE están a la espera de ver cómo reacciona el Partido Popular a esta petición. Si la aceptará en virtud de los compromisos alcanzados en la Conferencia de Presidentes o pasará el rodillo de su mayoría absoluta para rechazarla.

Es muy probable que Sánchez se sume este domingo al carro que trata de empujar Puig, cuya autonomía es, junto a Murcia (PP), la peor financiada. El pasado miércoles se produjo un encuentro en Ferraz con la dirección federal y con los consejeros de Gobierno y portavoces autonómicos socialistas para coordinar la acción política del partido en materia de financiación.

Sánchez pide desde Elche no asistir "impávidos" al "desmantelamiento" del Estado del bienestar

Pedro Sánchez ya está en la Comunidad Valenciana. Este sábado celebró una asamblea abierta con militantes y simpatizantes en el centro de congresos de Elche (Alicante), ante unas 400 personas -es la quinta tras Granada, Madrid, León y Leganés-, y mañana domingo estará con Ximo Puig en Valencia. Hoy urgió a no asistir "impávidos" y sin movilización al "desmantelamiento" del patrimonio público y el Estado del bienestar por parte del Gobierno del PP. El líder insistió en que "es importante movilizarse para defender el patrimonio público", especialmente en pensiones, sanidad y educación.

También aludió a las últimas revelaciones en el juicio del caso Gürtel por la supuesta financiación irregular del PP valenciano. Confesiones que, en su opinión, reflejan la "novela negra" de los conservadores en la Comunitat. El goteo hace que el Gobierno de Mariano Rajoy esté "paralizado por la corrupción", lo que le convierte en "un lastre para el país".

"Nosotros queremos un Gobierno que no dedique tanto tiempo y esfuerzo a los casos de corrupción y que pase a defender los derechos de los trabajadores, que combata la desigualdad y ayude a la clase trabajadora de este país", indicó, informa EFE.