Operación Frozen: así es el plan secreto de Ximo Puig y Oltra para repetir en 2019

Ocurrió el pasado verano en el seminario que los integrantes del Consell valenciano celebraron en Ademuz (Valencia), unas jornadas de tres días que se han convertido en habituales alrededor de cada período vacacional para mejorar la convivencia interna y compartir proyectos e iniciativas. En una reunión preliminar con Ximo Puig y los respectivos equipos de confianza, la vicepresidenta Mónica Oltra amenazó con marcharse a casa de la mano de los 'consellers' de Compromís y finiquitar el encuentro si no resolvía un conflicto de competencias enquistado entre la ‘consellera’ de Justicia, Gabriela Bravo, designada por la cuota socialista, y los altos cargos de su departamento nombrados por la cuota de la formación valencianista de izquierdas.

Durante un momento, se elevó la tensión, los voces sonaron más altas de lo normal y hasta se escapó alguna lágrima por el estrés. La sangre no llegó al río pero estuvo a punto de hacerlo. Hubiera supuesto una crisis gubernamental importante. Finalmente, se cerró un acuerdo, Puig conminó a Bravo a rebajar su celo sobre la acción de sus subordinados y ceder la firma (origen del conflicto) para que pudieran desatascarse expedientes tramitados por cargos de Compromís.

La anécdota refleja el nivel de tensión que se ha vivido en ocasiones en el seno del gobierno autonómico de coalición desde que se constituyó en el verano de 2015. Y el hecho de que no trascendiera entonces es muy significativo también del esfuerzo que los dos integrantes ‘ejecutivos’ del Pacto del Botánico (Podemos decidió investir desde el Parlamento pero quedándose al margen de la gestión) han hecho por no trasladar sus diferencias al debate público. Las ha habido, y muchas. Pero los socios han logrado que no exista una percepción ciudadana generalizada de una mala convivencia en los despachos de la Generalitat. Mientras muchos cuadros de segundo nivel resolvían sus desencuentros y crisis de confianza más o menos en privado, Puig y Oltra se han dedicado a regalarse arrumacos en público.

Hasta ahora todos los sondeos conocidos señalan que el bloque de centro-derecha (PP y Cs) no logra sumar suficiente para asaltar el poder autonómico

Esta estrategia de lavar los trapos sucios en casa y mantener en la medida de lo posible una imagen de ‘normalidad’ está en el ADN de la filosofía que va a impregnar la acción política del ‘president’ y su vicepresidenta a lo largo del ejercicio de 2018 como anticipo del primer cuatrimestre de 2019, convertido ya en campo de batalla electoral con vistas a las autonómicas del 9 de junio de ese año. Los estrategas de Presidencia de la Generalitat valenciana se preparan para año y medio de Operación Frozen, convencidos de que si logran ‘congelar’ la imagen política actual deberían conservar el poder y afrontar una segunda legislatura. Otra cosa es cómo se repartan los votos entre los distintos partidos y el ajuste de equilibrios que ello implique en ese post 9-J.

Hasta la fecha, no hay ninguna encuesta ni trabajo demoscópico que refleje un cambio en los bloques resultantes de los comicios de 2015. La suma de Partido Popular y Ciudadanos sigue sin ser suficiente para que el centro-derecha sueñe con una recuperación del poder. La percepción en los dos partidos que gobiernan es que la reedición del pacto de izquierdas con Podemos es más que posible, si bien dan por hecho una ruptura táctica en el otoño de 2018 destinada a marcar territorios y caladeros electorales. El ensayo crítico del líder de Podemos en la Comunidad Valenciana, Antonio Estañ, con los Presupuestos autonómicos para el ejercicio que viene que se aprueban esta semana bien podría tornarse en rechazo definitivo dentro de doce meses. En el entorno del barón valenciano ya contemplan un escenario de prórroga presupuestaria el año electoral.

A la espera de acontecimientos, Puig y Otra ven llegar la Navidad dispuestos a hacerse un muñeco de nieve cuya superviviencia futura dependerá de cuan alejado esté de sus despachos el exceso de calor político. El Olaf del Botánico se va a construir a base de perfil bajo, cero iniciativas nuevas que puedan generar polémicas o desgaste y mucho autobombo. En definitiva, que la acción legislativa y ejecutiva cuya aceptación social no esté contrastada brillará por su ausencia. Se acabaron los experimentos. “Ahora lo que toca es centrarnos en lo que nos ha funcionado y que nos ha ido bien y dejar de lado todo lo demás”, señalan una fuente acreditada del Gobierno valenciano. Esto explica a su vez que una formación con un fuerte componente nacionalista como Compromís haya decidido alejarse lo máximo posible del debate de Cataluña.

¿Tasa turística? No sé de qué me habla

La mejor prueba de que socialistas y Compromís quieren poner el foco fuera de su propia gestión es que el tema estrella del próximo seminario de invierno del Consell, previsto para el fin de semana del 26 al 29 de enero en Vinarós, será el lanzamiento de la "propuesta valenciana" para la reforma de la Constitución, que Puig quiere trasladar a la comisión territorial del Congreso. Discurso territorial, financiación autonómica, reclamación de inversiones en infraestructuras, reconocimiento de derechos sociales… El principal argumentario del Gobierno valenciano va a seguir siendo un glosario de reivindicaciones a los poderes centrales.

Esta estrategia dirigida a minimizar riesgos explica la determinación de Puig de frenar cualquier intención de aplicar una tasa turística, como reclamaba Podemos para los presupuestos del año que viene. Ni el 'president' ni su secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, han querido enfrentarse al influyente 'lobby' hotelero. Y Compromís ha jugado esa mano con complicidad con los socialistas. El pánico a una contestación similar al que sufrió el 'Govern de Progrés' de Baleares con la 'ecotasa' la pasada década ha sobrevolado toda la negociación con el aliado podemita, que ha aceptado otras enmiendas en materia de vivienda o cambio climático a cambio de asumir que su iniciativa de gravar la llegada de turistas no iba a prosperar. Puig cultiva una imagen de 'business friendly', de aliado de los empresarios, que utiliza para centrar al Consell y compensar las iniciativas más a la izquierda de sus socios. La llegada de la sedes sociales de Caixabank y Sabadell y su defensa de la Comunidad Valenciana como territorio estable frente al incendio catalán han inyectado un chute de verosimilitud a ese discurso proempresarios.

Marzo, llega el rescate envenenado

Pero que socialistas y Compromís hayan decidido adoptar una posición institucionalizada y estática no elimina el impacto que puedan tener decisiones ya asumidas. Uno de los caramelos envenenados para los aficionados a la gestión de crisis llegará en marzo en forma de finalización del contrato de Ribera Salud como responsable de la atención sanitaria del Hospital de Alzira y su área de primaria. Fue la primera de las concesiones que impulsó Eduardo Zaplana y la Generalitat está resuelta a no prorrogar el acuerdo y tomar el control sobre el área de salud. La empresa participada por el Sabadell y Centene está dando la batalla para no perder el contrato. Pero, de momento, el TSJ valenciano le ha negado la suspensión cautelar del retorno al sistema público.

Es un asunto delicado porque el Consell del Botánico tendrá que justificar que tras su decisión pesan razones que van más allá de lo meramente ideológico. Es decir, que la población va a estar mejor atendida y que el servicio será más eficiente que con el gestor privado, algo que está por ver en un área donde las encuestas de satisfacción no reflejan malestar ciudadano. Una transición accidentada hacia el control de la Conselleria de Sanidad, con quejas ciudadanas y problemas asistenciales, pondrá en entredicho todo el discurso sobre modelo sanitario que ha desplegado la polémica titular del departamento, la socialista Carmen Montón.