Nuevo conflicto con las concesiones sanitarias en Valencia

La presión política deja en el precipicio al Instituto Valenciano de Oncología

30.000 enfermos de cáncer tendrán que ser reubicados tras la negativa de la consejera Montón a subsanar dudas jurídicas en el nuevo contrato con una fundación con 40 años de historia

Foto: Edificio Antonio Llombart del IVO en Valencia.
Edificio Antonio Llombart del IVO en Valencia.

El Instituto Valenciano de Oncología (IVO) cumplirá el año que viene 42 años de historia. Fundado en 1976 por el doctor Antonio Llombart Rodríguez (fallecido en 1997), el centro lleva casi desde su nacimiento prestando servicios concertados con la sanidad pública, primero con el Ministerio de Sanidad y después con la Generalitat, tras la trasferencia de competencias. Frente a la ciudadanía, la naturaleza jurídica de fundación sin ánimo de lucro y sus contratos sucesivos con la ‘conselleria’ han consolidado al IVO como un elemento más de la red sanitaria pública, especializado en el diagnóstico, estudio y tratamiento del cáncer. Cerca de 35.000 enfermos circulan por sus pasillos anualmente para recibir seguimiento y control de la evaluación de la enfermedad, y 4.500 nuevos recurren a sus servicios cada año, con más de 5.500 ingresos hospitalarios en 2016.

El pasado 31 de diciembre venció el último de los contratos. La renovación del acuerdo con el departamento que desde los comicios autonómicos de 2015 dirige la socialista Carmen Montón se ha convertido en un polémico proceso que va camino no solamente de arrojar al IVO y sus más de 1.700 trabajadores al precipicio de la ruina económica, sino también de liquidar la carrera política de la consejera, cada vez más cuestionada en el seno del Gobierno valenciano por su capacidad para generar conflictos en su departamento.

Ximo Puig y Mónica Oltra, con el director general del IVO, Manuel Llombart (d). (EFE)
Ximo Puig y Mónica Oltra, con el director general del IVO, Manuel Llombart (d). (EFE)

Al contrario que en el caso de los hospitales y área de salud pública de gestión privada que controla Ribera Salud, Montón no ha tratado de liquidar la relación con el IVO. Ha puesto en marcha un modelo de externalización del servicio conocido como ‘acción concertada’ que en la práctica supone un traje a medida para que la fundación mantenga el vínculo con la Generalitat. El modelo de relación se adapta a la nueva legislación comunitaria para la delegación a terceros de la prestación de servicios esenciales, como es el de la salud: el IVO es una fundación sin ánimo de lucro, puede prestar el servicio y el precio se ha cerrado en 53,7 millones de euros.

Aparentemente, todo estaba encarrilado. Pero el empeño de Montón y su equipo por controlar los pacientes que llegan o no al IVO y liquidar la libertad de elección de la que ahora disfrutan va camino de reventar el proceso, situar al centro oncológico en un futuro repleto de incertidumbres y forzar la reubicación de miles de enfermos.

Aparentemente, todo estaba encarrilado. Pero el empeño de Montón por controlar los pacientes que llegan al IVO puede frustrar décadas de relación

El primer aviso de que las cosas no se estaban haciendo bien lo dio la Abogacía de la Generalitat a través de un primer informe no vinculante fechado el 22 de mayo, en el que el letrado Luis Manent advierte de que puede estar incumpliéndose la naturaleza jurídica de la acción concertada. Básicamente, Manent cuestiona el afán de Sanidad por controlar el acceso de enfermos al IVO, al señalar que solamente pueden ser derivados desde los servicios oncológicos de la red pública, y mecanismos de funcionamiento interno del centro concertado. Bajo estas premisas de subordinación, entiende la Abogacía, la relación contractual es similar a la de un concierto y, por tanto, debe convocarse un concurso público y no una acción concertada.

Manent no es un abogado cualquiera. Conoce perfectamente el proceso porque fue el encargado de informar sobre el decreto-ley de la Generalitat sobre acción concertada en el ámbito sanitario que sirve de base normativa a la que posteriormente ha puesto en marcha Sanidad para el IVO. Presidente de la Asociación de Abogados de la Generalitat, este letrado dispuso en qué condiciones debía elaborarse el pliego de condiciones y bajo qué criterios.

Apenas una semana después de la firma del informe de la Abogacía, dos altos cargos del equipo de Montón (el director general de Recursos Económicos, Justo Herrera Gómez, y el subdirector, José Luis Sánchez Oliver) elaboraron un contrainforme en el que rebaten el de Manent, en un ejercicio de contraataque en el que se cuestiona el papel jugado por los letrados de la Generalitat y que Sanidad justifica por su capacidad de presentar alegaciones. Sin embargo, el de Manent no es el único documento que cuestiona el proceso. También la Intervención elaboró en julio otro informe, tomando como referencia el de la Abogacía y cuestionando también las razones por las que se había fijado una cuantía económica en la prestación del servicio (53,7 millones) y no otra.

Las dudas jurídicas han generado una tormenta en el seno del patronato del IVO, que tuvo conocimiento de los informes internos apenas unos días antes del plazo tope marcado para la firma, el pasado viernes. Su presidente, Antonio Llombart, uno de los hijos del fundador, defendía la forma del contrato y la asunción del riesgos de entrar en un escenario de recursos judiciales por parte de empresas sanitarias privadas competidoras. Llombart se reunió la pasada semana con Montón y su equipo, y esta le prometió que se buscarían fórmulas para que los pacientes pudieran seguir accediendo libremente al IVO (mediante autorizaciones concedidas por silencio administrativo), pero que no iba a modificar los mecanismos de control.

Edificio del Instituto Valenciano de Oncología (IVO).
Edificio del Instituto Valenciano de Oncología (IVO).

Sin embargo, Llombart no pudo convencer al conjunto del patronato. El riesgo de verse sometidos a una suspensión cautelar o una resolución judicial contraria propició un debate acalorado en el seno del instituto. Cuatro de sus ocho miembros, Jaime Olleros (Andersen Tax & Legal), Tomás Trénor (Marqués del Turia) y los empresarios Vicente Fontestad y Santiago Bauzá, votaron en contra de la firma alentados por Manuel Llombart, sobrino de Llombart, nieto del fundador, director general del IVO y exconsejero de Sanidad con el popular Alberto Fabra. Su posición ha sido tratar de propiciar un nuevo pliego, evitar la judicialización del contrato y buscar fórmulas alternativas de negocio si no se alcanzaba un acuerdo. Sanidad esgrime que fue el propio Llombart sobrino quien, en su etapa de conseller, aprobó en 2015 el decreto que regula la libre elección de pacientes y que excluye esa posibilidad en el caso de centros o áreas de salud que no forme parte de la red del Sistema Valenciano de Salud. La duda en estos momentos es: ¿forma parte el IVO de la red del sistema?

Carmen Montón no quiere negociar

La respuesta de la consejera de Sanidad ha sido expeditiva. Ha advertido de que no está dispuesta a renegociar las condiciones de la acción concertada y que solamente accederá a prorrogar unos días la firma del acuerdo si el IVO lo acepta tal como está. Si el centro "se descuelga y decide salir de la colaboración histórica con la Generalitat, la red pública está perfectamente preparada para asumir todos los pacientes”, ha señalado este lunes.

La advertencia somete al IVO a una encrucijada. Su patronato tiene previsto reunirse de nuevo el próximo viernes para decidir si modifica su posición, mientras terceros en discordia, como Ribera Salud, en plena batalla contra la Generalitat por el control de sus concesiones sanitarias, han aprovechado el conflicto para meter cizaña y tratar de dinamitar el contrato de IVO, amenazando con recurrir la contratación si se mantenía en las condiciones actuales.

En este contexto, el futuro del IVO y sus más de 40 años de historia están en el alero. Tanto como la cabeza política de Montón, cada vez más alejada de la confianza del ‘president’ Ximo Puig, partidario de mantener la relación con una institución bien valorada por los ciudadanos y que desconocía la existencia de informes que cuestionaban la legalidad del procedimiento. No son pocos los que creen que esta ha sido la gota que ha colmado el vaso y no descartan una sustitución de la dirigente socialista si no resuelve con éxito esta última crisis político-sanitaria.

Los oncólogos de la pública, al lado de la consejera socialista

La consejera socialista Carmen Montón no está sola en su afan de meter en cintura al Instituto Valenciano de Oncología. Tiene a su lado a los jefes de los servicios de la especialidad de la red pública, que siempre han visto la Fundación IVO como un elemento descontrolado que aprovecha las ventajas del sistema público sin someterse a su supervisión directa. Este lunes, Montón se ha reunido con todos ellos para advertir de que no iba a acceder a negociar las condiciones del contrato de 'acción concertada'. 

En la mesa, junto a ella, se han sentado personas reconocidas en el universo de la oncología, como la doctora Ana Lluch, jefa de Hematología y Oncología del Hospital Clínico. Lluch ha lanzado el mismo mensaje que la titular de Sanidad: les gustaría que el IVO continuara trabajando con la Generalitat, pero si se sale de la red pública, los servicios del resto de hospitales están "preparados para atender a los pacientes". "Los pacientes no deben preocuparse para nada porque tenemos un circuito oncológico rápido para poder atenderlos sin listas de espera", ha insistido.

También Carlos Camps, jefe del servicio de Oncología del Hospital General de Valencia, ha incidido en que la red pública dispone de recursos de calidad y la tecnología necesaria. Ha apuntado que aunque una salida del IVO les obligaría a "reorganizarse y "optimizar" los flujos de pacientes, se afronta la situación "con mucha serenidad". "Los valencianos a los que se les diagnostique un cáncer tendrán los mejores recursos".

 

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