¿Dónde está el dinero? La deuda perdida que enfrenta al Supremo con las cámaras catalanas

Lo que debía ser una simple transacción económica de alrededor de 3.000 euros se ha convertido en toda una batalla legal entre el Tribunal Supremo y el Consejo General de Cámaras de Comercio de Cataluña, que agrupa a las 13 cámaras catalanas, encabezadas por la Cámara de Comercio de Barcelona. Son, en realidad, 3.140 euros que la corporación cameral catalana debía pagar a la empresa Staff Pavillon, tras un pleito ganado por la compañía. Es el dinero correspondiente a las costas, que debía pagar el Consejo.

Pero nadie sabe qué se hizo con el dinero y ya no está en la cuenta del Consejo. Pero tampoco en la del Supremo ni en el de Staff Pavillon. ¿Dónde hay que buscar esa partida? ¿Se pagó a una cuenta que no se debía? El Consejo ha encontrado un pago realizado en febrero de 2022, pero no dice a quién se lo entregó. Por eso, los tribunales han enviado hace una semana un oficio al presidente del Consejo, Josep Santacreu (también presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona), para que diga qué bienes quiere que le embarguen. Santacreu asumió el cargo hace apenas tres meses y ya se ha encontrado la primera patata caliente de esta legislatura.

El conflicto que afecta a las dos instituciones es el de una deuda que según unos ha sido saldada y, según otros, jamás se llegó a pagar. La cosa viene de hace un tiempo. En 2019, el independentismo ganó las elecciones a la Cámara de Comercio de Barcelona, donde posteriormente se demostraron fraudulentas, puesto que hubo trampa. La candidatura Eines de País, promovida por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y con la ayuda del Govern, entonces presidido por Quim Torra anuló los votos de los rivales no independentistas y de ese modo se alzó con el control de las instituciones camerales.

La compañía Staff Pavillon interpuso una denuncia contra el Ejecutivo y contra la organización independentista. Los tribunales pusieron las cosas en su sitio y demostraron que hubo pucherazo en los comicios, anulando el proceso. Pero ya habían pasado más de dos años y tanto el Consejo General de Cámaras como el Govern recurrieron a los tribunales superiores, hasta que el Supremo acabó dictando sentencia y confirmando la condena. Además, obligó a la Generalitat y a las cámaras a pagar las costas.

Cruce de datos

El pasado mes de septiembre, Staff Pavillon reclamó la parte de las costas que el Consejo General de Cámaras no le había abonado todavía. En noviembre pasado, el Supremo dictó un auto en el que ordenaba el embargo de las cuentas del Consejo (el Govern ya había abonado la sanción en 2021). En el auto, decidía "despachar la ejecución por la cantidad de 2.420 euros de principal, más 726 euros que se fijan provisionalmente para intereses y costas de la ejecución, sin perjuicio de ulterior liquidación". La deuda, pues, ya aumentaba a 3.140 euros.

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Fuentes del Consejo de Cámara alegaron a El Confidencial que la deuda ya había sido pagada el 25 de febrero de 2022, es decir, hace algo más de dos años. Estas voces señalan que no existe ninguna constancia de que se haya reclamado nada al Consejo de Cámaras. "Todo está pagado", insisten.

Pero tras el desmentido del Consejo Superior de Cámaras de Cataluña publicado por El Confidencial, el Tribunal Supremo no ha cejado en su reclamación. Una diligencia dictada el pasado 25 de marzo, requiere al presidente del Consejo "para que en el plazo de 10 días designe bienes propiedad de dicha corporación en los que trabar embargo para cubrir la cantidad de 2.420 euros de principal y 726 euros fijados provisionalmente para intereses y costas de ejecución. Para dar efectividad a este requerimiento, líbrese oficio dirigido al referido presidente".

Investigación patrimonial

El Supremo advierte a la institución catalana que, contrariamente a lo que dijo a El Confidencial, "la transferencia que dijo efectuar el 25 de febrero de 2022 como pago de costas no tuvo entrada en la cuenta de este Tribunal, como ya se le advirtió en su momento". Además, le comunica al Consejo que "a la vista del resultado de este requerimiento, se acordará sobre la investigación patrimonial interesada por la representación procesal de Staff Pavillon". En otras palabras, que el asunto puede derivar en un procedimiento que sacará los colores a los gestores de la anterior legislatura, es decir, a los responsables de Eines de País.

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Fuentes del Consejo consultadas insisten en que el pago se realizó y ahora los servicios jurídicos de la institución están buceando en la documentación de la institución para saber a dónde se envió el dinero. "Es un tema muy extraño, porque a nosotros nos consta que el dinero se envió diligentemente a la justicia. Por tanto, se trata de un tema meramente administrativo. Se ha debido confundir alguna cuenta o algo parecido. Pero no vamos a hacer más batalla de este tema, porque es un conflicto que debería estar cerrado al haberse pagado las costas. Nuestros abogados ya están en la labor de determinar qué pasó con esa cantidad", zanjan fuentes oficiales.

La cuestión no es por lo elevado de la suma, sino por la propia naturaleza del conflicto. Una corporación que maneja cientos de millones de euros anuales no se arriesgaría a un descrédito público por una cantidad irrisoria de dinero. Pero no deja de ser preocupante que la estructura contable de una institución de estas características no sepa qué ha pasado con una de sus transferencias. Y, por otro lado, no deja de ser tampoco chocante que el tema por el que se impuso la sanción tenía una naturaleza de evidente trasfondo político, que acabó con una dura sentencia de anulación de las elecciones por corrupción.