El Supremo ordena embargar al Consejo General de Cámaras de Comercio de Cataluña
La institución, que hasta hace unos meses estaba en manos de la ANC, no pagó las costas a la empresa que denunció un pucherazo para beneficiar a un candidato afín en Barcelona
El Tribunal Supremo ha embargado al Consejo General de las Cámaras Oficiales de Comercio de Cataluña. La entidad había dejado de pagar las costas a las que fue condenada en los recursos y en la sentencia que anulaba las elecciones de las diferentes cámaras, incluyendo la de Barcelona, por hacer trampa en los comicios. Una ristra de resoluciones avalan las irregularidades cometidas.
Los independentistas, de la mano de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), anularon por su cuenta votos decisivos de otras candidaturas para que la Cámara de Comercio de Barcelona fuese a parar a manos de Joan Canadell, que dos años más tarde fue fichado por Carles Puigdemont para integrarse en las listas de Junts per Catalunya (JxCAT), donde continúa como diputado.
Los tribunales dictaminaron, tras la denuncia de la empresa Staff Pavillon, que los independentistas hicieron trampas y falsearon los resultados de los comicios, con la connivencia de la Generalitat, que estaba en manos de Junts, con Quim Torra como president. Como consecuencia, y aunque ya llevaban casi una legislatura controlando la entidad, se anularon las elecciones y se condenó al Govern y al Consejo General de Cámaras (que engloba a las 13 Cámaras de Cataluña, que son las que convocan elecciones a la vez) a pagar las costas.
Las dos instituciones se hicieron las remolonas. El Govern, al final, pagó la mitad de las costas para evitar el embargo: fueron 2.420 euros que apoquinó la Administración catalana para sacarse el asunto de encima. Y eso porque un auto del 21 de noviembre de 2022 ya ordenaba embargar al Ejecutivo para que cumpliese.
Según fuentes del Gobierno, no se llegó a practicar ningún embargo porque la deuda se había saldado. El Consejo de Cámaras, no obstante, siguió en su posicionamiento de insumisión hacia la Justicia española y se resistió a pagar. El 15 de julio de 2022, una diligencia de ordenación acordaba transferir a Staff Pavillon el importe de 2.420 euros de las costas del Consejo General de Cámaras, pero esa cantidad nunca se llegó a transferir, desobedeciendo la sentencia judicial que así lo ordenaba.
La deuda aumenta
Durante más de un año, la empresa afectada estuvo a la espera de que el Consell General de Cámaras pagase su deuda, pero la espera fue en vano. Así, en septiembre del año pasado, Staff Pavillon pidió la ejecución de la tasación de costas respecto a la institución comercial. En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el Supremo dictamina "despachar la ejecución por la cantidad de 2.420 euros de principal más 726 euros que se fijan provisionalmente para intereses y costas de la ejecución, sin perjuicio de ulterior liquidación". La deuda, pues, ya aumentó hasta 3.140 euros.
El auto lleva fecha de noviembre pasado, pero jamás se hizo público. La decisión judicial, no obstante, representa una patata caliente para el Consejo General de Cámaras de Comercio de Cataluña y, en particular para el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Josep Santacreu, elegido máximo ejecutivo de la institución en mayo pasado, tras unos comicios que los independentistas de la ANC no pudieron repetir el pucherazo del año 2019 y que perdieron estrepitosamente. Santacreu, que no ha tenido nada que ver en este conflicto, fue nombrado presidente del Consejo General de Cámaras el pasado mes de diciembre
Fuentes del Consejo de Cámaras de Cataluña señalaron a El Confidencial que no tienen constancia de ninguna reclamación sobre este tema, ni de que tengan pendiente deuda alguna con una empresa particular.
Otra cosa son las consecuencias que la condena pueda tener en el devenir de la institución cameral barcelonesa. En la legislación europea, están prohibidas las ayudas públicas comunitarias a instituciones o empresas condenadas por delitos contra la Administración, aunque en este supuesto, según expertos consultados por El Confidencial, podría soslayarse ese tema porque las dos partes no pueden considerar administración pública, sino que son litigantes privados y no les afectaría la norma. De todos modos, una condena por morosidad y desobediencia afecta negativamente a la imagen del Consejo General de Cámaras.
El Tribunal Supremo ha embargado al Consejo General de las Cámaras Oficiales de Comercio de Cataluña. La entidad había dejado de pagar las costas a las que fue condenada en los recursos y en la sentencia que anulaba las elecciones de las diferentes cámaras, incluyendo la de Barcelona, por hacer trampa en los comicios. Una ristra de resoluciones avalan las irregularidades cometidas.
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