Piden anular el voto electrónico en las elecciones a la Cámara de Comercio de Barcelona

Las nuevas elecciones a las Cámaras de Comercio catalanas se presentan movidas. El Govern sacará en breve el decreto convocando los comicios, pero mientras tanto los independentistas ya han empezado a mover los hilos para intentar garantizarse el control de los órganos. Las elecciones de 2019 fueron anuladas por varias sentencias judiciales, y en varios sectores industriales temen que vuelva a haber irregularidades por lo que piden la anulación del proceso. En concreto, temen que el sistema de voto eléctronico no garantice el principio de igualdad del proceso, dando pie a irregularidades como sucedió en 2019.

Para empezar, ya se ha contratado a la empresa auditora de los comicios. Y resulta ser Agtic Consulting, la misma que supervisó las polémicas elecciones de 2019. Además, se ha convocado el concurso para adjudicar el voto electrónico con unas condiciones basadas en los decretos de 2019 anulados por el TSJC, en concreto el decreto 175/2018. La precampaña electoral lleva camino, pues, de convertirse en un culebrón. Desde sectores industriales y comerciales ya se empieza a elevar la voz porque, según denuncian, los comicios no garantizan derechos fundamentales y no respetan las normas democráticas.

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La compañía Staff Pavillon, la misma que interpuso demanda contra las últimas elecciones a la Cámara de Comercio de Barcelona, ya ha enviado una carta al presidente del Consejo de Cámaras de Catalunya para que no se permita el voto electrónico en los próximos comicios por ser un sistema que posibilitó un fraude. Tanto es así que los tribunales anularon las elecciones de 2019 porque los independentistas, con ayuda de la Generalitat, viciaron los resultados anulando votos electrónicos legales para que ganasen sus candidaturas.

Como consecuencia, los últimos 4 años la Cámara de Comercio de Barcelona estuvo en manos del independentismo, que hizo un uso partidista y político de la institución. Las sentencias evidencian que si no hubiese habido irregularidades en 2019, la candidatura auspiciada por la ANC nunca hubiera ganado las elecciones. Este año, se prevén elecciones para el mes de septiembre y la Generalitat está a punto de publicar el decreto de convocatoria, que vuelve a instaurar el voto electrónico.

El mismo sistema que en 2019

El Consejo de Cámaras, que es la entidad que oficialmente debe convocar las elecciones, ya ha sacado a licitación los servicios del voto electrónico. Por ello, en la carta, la empresa pide “la declaración de nulidad de los actos preparatorios de la licitación: el pliego de prescripciones técnicas y funcionales y el pliego de cláusulas particulares, así como de las instrucciones y de todo el expediente de contratación E1-2022. También se ha pedido la suspensión inmediata de los actos del órgano de contratación”.

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La misiva explica que estas medidas se toman porque “el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha señalado en una reciente sentencia sobre derechos fundamentales que el sistema de voto electrónico que se utilizó en las últimas elecciones no respeta el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución Española”. Solicita, pues, que reconsideren su actuación, anulen todo lo que se ha actuado hasta la fecha en el expediente de contratación E1-2022 y, por lo que respecta al sistema de voto electrónico, se proceda a darle la fiabilidad que se necesita para garantizar unas elecciones de cámaras democráticas, donde participen todos los electores con plena igualdad”.

En un recurso al Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, ahora en manos del republicano Roger Torrent, la empresa impugna el sistema porque el método utilizado discrimina a los electores que opten por el sistema presencial para votar, estableciendo una doble autentificación que no existe en el voto electrónico. Además, muchos asociados están preocupados por el hecho de que se podría haber vulnerado el secreto de voto, ya que los responsables de las elecciones contactaron telefónicamente con los emisores de votos cuando se supone que no deberían conocer su identidad.

La Generalitat ya ha dictado las normas necesarias para las elecciones y son iguales que las promulgadas en 2019. Tanta es la similitud que, en las bases para la contratación del voto electrónico supervisadas por la Generalitat, se alude a que “la solución para votar electrónicamente ha de cumplir estrictamente con las garantías establecidas en el Decreto 175/2018". "Algo sorprendente, porque este decreto ha sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia con sentencia firme”, denuncia la empresa.

No hay cobertura legal

La sensación que hay en diversos sectores es que, para el Govern, lo que diga el Tribunal Superior es baladí. En las cláusulas, afirma que el decreto “se fundamenta en los principios de transparencia (necesario crear herramientas de auditoría que aseguren la verificabilidad de todo el proceso), privacidad (privacidad de los votantes, así como el carácter secreto de los votos), fiabilidad (la solución ha de ser fiable y robusta) e integridad (aplicar diferentes mecanismos de seguridad que permitan proteger de manera absoluta la información sobre votos, identidad, credenciales, etc)”.

Pero con las condiciones que fija se pueden volver a repetir las mismas irregularidades que en el 2019. En aquella ocasión no sólo se anularon votos legales no independentistas, sino que representantes de la candidatura ganadora, Eines de País, auspiciada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) llamaron a asociados que habían votado electrónicamente para comentar su voto, por lo que hubo una irregularidad gravísima al haber desvelado la identidad de estos.

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En resumidas cuentas: el Govern ha puesto en marcha la maquinaria electoral con un concurso que peca de los mismos vicios que el de 2019. Además, no se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat el nuevo Decreto que ha de dar cobertura legal a los comicios. Ante ello, los argumentos de Staff Pavillon son muy claros: “Siguiendo el propio contenido del pliego de cláusulas particulares y de las prescripciones técnicas, resulta que en estos pliegos les falta la cobertura legal que les ha de proporcionar el Decreto que se está tramitando”.

Defienden que “los actos preparatorios de la adjudicación son totalmente contrarios al principio de igualdad”, al basarse en los pliegos de condiciones que se utilizaron en 2019. “De su contenido se desprende que la licitación materializará el servicio de voto electrónico, que es una transposición del mismo voto electrónico introducido por el decreto 175/2018, anulado por la sentencia del TCJC 988/2020”. También señala la empresa en su impugnación que “el sistema de votación que se materializará y que es objeto de licitación vuelve a no ser fiable. Los actos preparatorios impugnados y todo el expediente de contratación E1-2022 vienen a materializar la vulneración del derecho de igualdad del voto, artículo 14 de la Constitución Española, que resulta ser la condición necesaria para la existencia de una estructura y funcionamiento democrático de las organizaciones profesionales y corporaciones”.

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Staff Pavillon subraya que “se tiene la sensación de una total indefensión del elector, dado que el Consejo de Cámaras ha ignorado totalmente las apreciaciones que sobre el principio de igualdad de voto recogen las diversas sentencias del TSJC dictadas sobre protección de derechos fundamentales en relación con las últimas elecciones camerales”. Recuerda la empresa que, “en su condición de elector inscrito en el censo de la Cámara de Comercio de Barcelona [esta empresa] está legitimada para impugnar esta licitación, ya que su interés radica en que se asegure que el servicio contratado del voto electrónico para las próximas elecciones sea fiable para todos los electores y que las elecciones sean totalmente democráticas”.

Pide, pues, la anulación de todo el procedimiento de contratación del voto electrónico y el contrato del concurso convocado, ya que si es así “se producirán perjuicios de imposible reparación al comprometer principios constitucionales que afectan al funcionamiento democrática de todas las Cámaras de Comercio”.