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La Cámara de Comercio de Barcelona, perdidos entre Waterloo y Torres de Segre
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La Cámara de Comercio de Barcelona, perdidos entre Waterloo y Torres de Segre

Mònica Roca ha jugado a un independentismo de salón tan grato a personalidades como la presidenta del Parlament Laura Borràs: la máxima gesticulación con el mínimo riesgo

Foto: Presentación de la memoria económica de Cataluña 2021. (EFE/Enric Fontcuberta)
Presentación de la memoria económica de Cataluña 2021. (EFE/Enric Fontcuberta)
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La Cámara de Comercio de Barcelona se encuentra sumida en una dinámica perversa. No por su politización, sino por la deriva jurídica que representan iniciativas como la de esta semana: apoyando al Consell per la Republica de Carles Puigdemont en un pleno que fue muy tenso y donde la presidenta Mònica Roca se salió con la suya. Haría bien en mirar menos a Waterloo y más a Torres de Segre, en Lleida, donde se ha ido más lejos y se ha firmado un convenio de colaboración con el Consell per la República. El panorama jurídico que se abre en el consistorio tiene derivadas muy interesantes para una corporación de derecho público en extremo dependiente de las subvenciones.

Aunque los titulares se los ha llevado la Cámara de Comercio, Mònica Roca ha jugado al independentismo de salón, tan grato para personas como la presidenta del Parlament Laura Borràs: máxima gesticulación, mínimo riesgo. No como en Torres de Segre. Allí han ido de veras y han firmado un convenio con el Consell per la República. Nada de pronunciamientos retóricos como en la entidad cameral. Así que la secretaria del Ayuntamiento ha puesto el grito en el cielo y un informe en el suelo en el que ha expuesto sus reparos y los riesgos en los que incurre el alcalde, Joan Carles Miró (JxCAT), y el pleno municipal.

El convenio en el consistorio leridano fue tan relevante que acudieron a su firma miembros de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula y Guillem Fuster, ambos representantes del Consell de la República. El Ayuntamiento se compromete a impulsar la identidad digital que promueve el Consell per la República, ofrecer servicios municipales a través de esa misma identidad digital y aplicar un marco de colaboración con el Consell de la República, incluyendo incidencias en la contratación pública.

El manifiesto impulsado por Mònica Roca y votado por el pleno de la cámara esta semana carece de mayor transcendencia

En comparación, el manifiesto de la Cámara de Comercio de Barcelona da un poco de vergüenza ajena, incluso sí eres independentista: "En la defensa de este objetivo común —contar con un Estado propio— trabajamos desde diferentes ámbitos, instituciones, administraciones, universidades, agentes sociales, asociaciones, clubes deportivos, empresas y ciudadanía. De entre todas ellas, hoy la Cámara de Comercio de Barcelona expresa el reconocimiento merecido al Consell per la República —con el MHP Puigdemont al frente— por su preciada labor dirigida a alcanzar ese objetivo, tan necesario como urgente por el tejido productivo de nuestro país, ya su Asamblea de Representantes, constituida recientemente en la Catalunya Nord, como órgano legítimo de representación". La diferencia es el impacto jurídico. Por eso los servicios jurídicos de la entidad cameral callan y silban mirando hacia otro lado, mientras que en Torres del Segre los que tienen responsabilidades legales se curan en salud. Porque el manifiesto impulsado por Mònica Roca y votado por el pleno de la cámara esta semana carece de mayor transcendencia. Escandaliza, pero no supone nada. Es puro independentismo 'posprocés'. La Cámara de Comercio de Barcelona no arriesga nada, con un presupuesto de más de 24 millones de euros, la mayor parte dependiente de ayudas gubernamentales.

Riesgo legal

Por comparar, la secretaria de Torres del Segre expone en su escrito que "la moción puede ser declarada nula por la falta de competencia de acuerdo con la jurisprudencia comentada", según el texto al que ha accedido El Confidencial.

La Cámara de Comercio apoya a Puigdemont, pero sin jugarse nada en el envite

Y añade esta secretaria de un pequeño municipio de Lleida: "en cuanto a los acuerdos concretos en aplicación de moción, si desplieguen unos efectos jurídicos lesivos al interés público o a las personas, o si comportan la asignación de recursos públicos cuantificables económicamente, pueden derivar en responsabilidades en los órganos/regidores que los adopten".

Irrelevancia

El problema no es que el apoyo al Consell de la República de Puigdemont por parte de la Cámara de comercio de Barcelona sea fútil. El verdadero problema de fondo radica en su irrelevancia en todo lo demás. Mientras, Fomento del Trabajo se ha convertido en un foco de poder, cuando el Cercle d’Economia viene de erigirse en el motor de los indultos al independentismo, cuando en las elecciones a este mismo Cercle se debate sobre el rol que ha de jugar la entidad en el Mediterráneo, cuando Barcelona Global acaba de nombrar presidenta a la hiperactiva Maite Barrera, desempeñado una actividad de lobby tan activa como eficaz: su último éxito la Copa de la América en Barcelona, lo de la Cámara de Comercio de Barcelona parece una especie de broma pesada para las más de 400.000 empresas catalanas que forman parte.

Por contraste, la Cámara de Comercio de Barcelona va perdiendo sentido. El debate, que es previo al actual mandato, es cómo una institución como la Cámara encuentra su sitio en el mundo. Más allá del posicionamiento político, respetable, vincularse de manera retórica a entidades que intentan duplicar el marco institucional para debilitar a la Generalitat, el Parlament no parece el camino más adecuado para recuperar el protagonismo perdido y el sentido de ser último.

La Cámara de Comercio de Barcelona se encuentra sumida en una dinámica perversa. No por su politización, sino por la deriva jurídica que representan iniciativas como la de esta semana: apoyando al Consell per la Republica de Carles Puigdemont en un pleno que fue muy tenso y donde la presidenta Mònica Roca se salió con la suya. Haría bien en mirar menos a Waterloo y más a Torres de Segre, en Lleida, donde se ha ido más lejos y se ha firmado un convenio de colaboración con el Consell per la República. El panorama jurídico que se abre en el consistorio tiene derivadas muy interesantes para una corporación de derecho público en extremo dependiente de las subvenciones.

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