La exposición de motivos de la futura ley de amnistía enfrenta al independentismo

La exposición de motivos de la futura ley de amnistía, que forma parte del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, no solo enfrenta al PSOE con los representantes de JxCAT y del expresidente Carles Puigdemont. Sobre todo divide al independentismo, que se ha sumido en una amarga bronca entre los diferentes sectores para determinar el relato de lo que supuso la votación del 1-O. Estas diferencias siempre han estado latentes, pero ahora ha salido a la luz de la forma más agria.

Para el doctor en Historia, Agustí Colomines, muy cercano a JxCAT, la situación es la siguiente. "Partimos de algo que no entendemos: perdimos. A ver si nos lo metemos en la cabeza. No vivimos en una república catalana independiente. Perdimos y estamos intentando recuperar la iniciativa. La historia, para suerte nuestra, no nos ha abandonado y todavía tenemos capacidad de combatir", apuntó en una entrevista con Vilaweb, que ha levantado muchas ampollas. Sobre todo porque los sectores contrarios a la amnistía dentro del independentismo defienden lo contrario: que el 1 de octubre fue la gran victoria del movimiento sobre España, que supone un mandato democrático que el soberanismo no puede ni debe ignorar.

Si la exposición de motivos de la nueva ley refleja la visión del juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena, el independentismo lo leerá como una derrota. Desde JxCAT hasta Waterloo están muy preocupados por la construcción de un “relato político” en el que la amnistía supone una victoria del soberanismo. De hecho, con los indultos pasó algo parecido. El mundo nacionalista se esforzó mucho en construir una narración de victoria y el Gobierno de España no hizo nada. Pero al pasar los meses, los indultos acabaron viviéndose como una derrota política.

Estas exposiciones en las leyes no tienen carácter normativo. Eso implica también que no puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC). Pero se considera clave para validar su constitucionalidad. "No se trata de hacer la amnistía que nos gusta a cada uno, se trata de que pase el filtro del Tribunal Constitucional, porque si quedamos todos muy bien, pero no pasa el filtro no servirá de nada a toda la gente represaliada, empezando por los exiliados", aseguró el abogado Jaume Asens en TV3 la semana pasada. Asens ha recibido el encargo de la vicepresidenta Yolanda Díaz de negociar la norma por parte de Sumar y hoy en Barcelona presentarán las recomendaciones de los expertos legales que les han estado asesorando, aunque el documento que presenten no será la ley en sí ni responderá al proyecto que se está negociando.

TE PUEDE INTERESAR

Zapatero se vuelca con la amnistía y trabaja para el acuerdo: "Está en la pomada"

Marisol Hernández Itziar Reyero

Asens enviaba así un mensaje al independentismo. Tiene que haber exposición de motivos sí o sí. Esta introducción solo tiene un valor jurídico hermenéutico o interpretativo, pero también fija el relato político que la sustenta, según recuerda una fuente de ERC. De hecho, es algo común en situaciones de amnistía. Tan relevante es que en 1977 los padres de la Transición prefirieron prescindir de la exposición de motivos porque no se ponían de acuerdo en describir lo que había supuesto el franquismo.

Crisis de fondo

La crisis de fondo responde a todo ese independentismo que está en contra de la amnistía, la dirección de la ANC y buena parte de sus bases, los miembros del Consell de la República que han forzado una votación para intentar bloquear la investidura en contra de los intereses de Carles Puigdemont o las personalidades con los que se identifican sectores radicales, ya sean la eurodiputada Clara Ponsatí o el exvicepresidente del Parlament, Josep Costa.

Precisamente ha sido Costa uno de los que más airadamente ha reaccionado. “La mayor parte de su partido puede asumir ese relato de la derrota (aunque sea culpando a ERC), pero él no. ¡El president Puigdemont no puede decir a sus seguidores que hay que aceptar la amnistía porque hemos perdido!”, replicó en X, antes Twitter, en una amarga discusión con Colomines.

Para muchos independentistas, la amnistía supone que Puigdemont asume la derrota

Estos debates pueden parecer muy esotéricos cuando hay media España que no traga la amnistía por el modo en que se está tramitando y lo que significa de fondo. Pero a otra escala, está pasando lo mismo en el seno del independentismo, con consecuencias ahora inimaginables para Puigdemont y para buena parte de los altos cargos de JxCAT, por ejemplo, Laura Borràs, quien siempre ha puesto el 1-O como el centro medular de su acción política.

Defender la amnistía

En el entorno de JxCAT, conscientes de estas diferencias, se está intentando vender la amnistía como una manera de saldar una deuda moral con todas esas bases del independentismo que vieron cómo los líderes del procés eran indultados, mientras que ellos siguen a día de hoy acarreando con múltiples problemas legales. Esto vale para los jóvenes de la denominada “batalla por Urquinaona,” los miles de personas que tomaron el aeropuerto de Barcelona y que luego fueron abandonados a su suerte por Tsunami Democràtic en 2019, y los activistas más diversos. Pero eso no convence a muchos.

TE PUEDE INTERESAR

Feijóo avanza que llevará la amnistía al TC y alerta que la norma "relanzará la independencia"

Ana Belén Ramos

La profundidad del dilema es tal que el diario Ara, la referencia del independentismo más centrado, publicó un editorial el pasado 2 de octubre en la que afirmaba: “Hoy todos admiten que el referéndum fue una movilización masiva, pero que precisamente por la falta de reconocimiento interno (la mitad de la población catalana no participó) y externo (ni el Estado ni la comunidad internacional le otorgaban validez) nunca podía tener efectos legales. Uno de los principios básicos de los referendos es que deben ser aceptados por ambos lados, por los del sí y por los del no, y eso desgraciadamente no ocurría en el caso catalán. Si en el 1-O participaron 2,3 millones de personas, unos meses más tarde, en el 21-D, en unas elecciones impuestas por Madrid, pero aceptadas por todos, lo hicieron cuatro millones y medio”. Algo así era necesario para abrir el paso a la amnistía: el mandato político del 1 de octubre no existe.