El Govern rechaza las aportaciones constitucionalistas al Pacto Nacional por la Lengua

El Pacto Nacional por la Lengua que ha puesto en marcha el Gobierno catalán corre el riesgo de quedarse en Pacto Independentista por la Lengua. Si la semana pasada la Generalitat publicó un decreto en el que no recogía el pacto a que habían llegado ERC, JxCAT, PSC y comunes, ahora el Govern rechaza las aportaciones al acuerdo que él mismo impulsa y para el que había pedido opinión a todas las entidades cívicas, culturales o sociales.

Una de las plataformas que acudió a ese llamamiento fue Impulso Ciudadano, una organización constitucionalista presidida por el exdiputado José Domingo. En un extenso informe, proponía tratar igual el catalán y el castellano en la enseñanza, rechazando imposiciones y defendiendo el diálogo en el tema de la lengua. En ese escrito, la entidad desconfiaba ya de las buenas intenciones de la Generalitat: “De hecho, el mismo Pacto Nacional por la Lengua se excluye de este espacio porque, tal y como se acaba de indicar, solo aquellos que comparten una determinada posición (unidad de la lengua catalana y consideración de que la situación de esta lengua es delicada) están invitados a participar en el debate que, pese a su reduccionismo, pretende llegar a lo que llaman ‘Pacto Nacional’. No se puede considerar pacto nacional el resultado de un proyecto que excluye a una parte no ya de las personas, sino de los planteamientos”.

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Fue clarividente, puesto que no le faltaba razón. El Govern quiere su pacto nacional sin interferencias ideológicas rivales. Es el pacto del independentismo exclusivamente y no admite desviación alguna. Una comunicación de la Secretaría de Política Lingüística certifica la deriva unilateralista con este tema. “Una vez examinado [el documento de propuesta], hemos constatado que el contenido del documento no se ajusta a los objetivos con que ha sido formulado públicamente el Proceso Participativo, por lo que no corresponde incorporarlo en la lista de propuestas formuladas en el marco del Pacto Nacional por la Lengua para superar los retos con que se enfrenta el catalán”, dice la respuesta.

Además, en un alarde de velada ironía, añade que “no es preciso decir que la Secretaría de Política Lingüística otorgará a vuestro documento el mismo tratamiento que aplica al resto de documentos que le llegan, es decir, será incluido y catalogado en nuestro Centro de Documentación, donde lo pondremos al alcance de todos los ciudadanos de manera pública. Por otro lado, a nivel de organización, lo estudiaremos atentamente y lo compartiremos con nuestra red de expertos”.

Un proceso excluyente

Isabel Fernández, secretaria de la junta de Impulso Ciudadano, acusó a la Generalitat de “censura” por ese veto a las aportaciones de la entidad constitucionalista. “Lo que más llama la atención es que se asuma con total normalidad el hecho de ser excluyente. La contestación del Govern es sintomática de la habituación que están acostumbrados a hacer y asumen que se puede ser excluyente en una sociedad democrática. A mí no se me ocurriría convocar un proceso participativo y decir a alguien: ‘No, tú no participas’. No me gusta utilizar la palabra 'apartheid', porque es muy fuerte, pero sí que hay que denunciar este intento de excluir la sensibilidad de muchos ciudadanos de un proceso de participación público. Hay que estar muy ciego para no ver la anomalía que eso implica”, señala Fernández a El Confidencial.

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Impulso Ciudadano emitió el viernes un duro comunicado en el que explica que “la censura aplicada al estudio se apoya en la confesión de que se trata de un proceso de participación pública con las cartas marcadas: los objetivos están predeterminados y no se admite ninguna aportación sobre la situación de la lengua catalana discrepante con el criterio y propósitos del órgano político convocante del llamado Pacto Nacional por la Lengua”. El documento que se había enviado a la Generalitat para que fuese tenido en cuenta en el proceso participativo fue inspirado por el catedrático de Derecho Internacional Privado Rafael Arenas, expresidente de SCC y actual presidente de Impulso Ciudadano.

José Domingo señala a este diario que, con su respuesta, la Generalitat “decide que aquí solo pueden participar quienes quieren ellos, lo que quiere decir que solo realizarán aportaciones quienes estén a favor de tener el catalán como lengua única. Y es como si nos dijeras: ‘Ustedes son de segunda clase y no tienen derecho a alegar’. ¡Pero es que estamos hablando de un proceso participativo público, un proceso con consecuencias jurídicas! Y lo que hacen es limitar que ciudadanos que se van a ver afectados por esa decisión jurídica puedan presentar alegaciones en un asunto que les afecta directamente. En otras palabras, solo quieren que participen los afectos al régimen y los críticos quedan excluidos”.

Domingo explica que el documento presentado abogaba por la convivencia lingüística: "Que no se priorice ninguna lengua, que haya libertad de uso. Pero esa libertad es la que no quieren aquí". El presidente de Impulso Ciudadano considera también que “el peligro es que el Govern trata de modificar los usos lingüísticos de la población y eso no es de recibo. Sería conveniente que, en una comunidad bilingüe, los documentos estuviesen en los dos idiomas oficiales, las señales también y que los funcionarios pudieran atender indistintamente en las dos lenguas. Todo eso entra dentro de la lógica. Pero la cosa no es admisible cuando es la Administración la que decide qué lengua debe de usar el administrado. Eso es totalitarismo y es contrario tanto al Estatut como a la Constitución”.