Colau se aferra al cargo y se niega a dimitir tras ser imputada por corrupción

La citación de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como imputada en un caso de corrupción por malversación y tráfico de influencias ha convertido las sospechas que había en una tormenta política: la plataforma Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica, inactiva desde 2018, denunció el pasado mes de diciembre a la alcaldesa por repartir subvenciones a ‘entidades amigas’ y, sobre todo, a la plataforma DESC, de donde proviene no sólo Colau, sino una buena parte de los altos cargos que los comunes se llevaron al gobierno local de Barcelona. En esta entidad se encardinaba la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), dirigida por Colau (su salario en DESC provenía precisamente de una subvención del Ayuntamiento de Barcelona para dirigir esa plataforma). En la querella también se incluyen, además de DESC y de PAH, las entidades Enginyers Sense Fronteres (ESF) y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE).

La Fiscalía ya había archivado una querella contra los mismos hechos hace unos meses, al decretar que no había irregularidades penales en el reparto de 3,4 millones de euros en subvenciones a las entidades citadas desde el año 2015. A esa circunstancia se agarra la alcaldesa, desoyendo las peticiones de aclaraciones y de dimisión. Pero la nueva entidad denunciante señala en su escrito que las ayudas públicas municipales a estas asociaciones vinculadas a altos cargos municipales se han disparado desde que Colau accedió al Consistorio. Además, concede las subvenciones como si fuesen extraordinarias (es decir, por causa extraordinaria y debida a una situación excepcional), cuando los conceptos y las cantidades se repiten año tras año con escrupulosa puntualidad.

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En esta ocasión, no obstante, un juez de Barcelona pide documentación al Ayuntamiento de Barcelona, reclama a la fiscalía todo el expediente con el archivo de las investigaciones y ha citado a declarar a Ada Colau para el próximo 4 de marzo en calidad de imputada por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude en la contratación y prevaricación. La oposición pide la dimisión por ese motivo y recalca que, además, el código ético de Barcelona en Comú (BeC) obliga a los cargos públicos a dimitir si son imputados.

"No dimite"

Fuentes de BeC señalaron a El Confidencial que Colau no dejará su cargo y que el código ético no dice eso exactamente. “La estrategia de los enemigos es coger algo infundado, alimentar el bulo y lanzarlo. Es el ‘inventa que algo queda’, pero no se le puede dar pábulo a estas acusaciones. Las otras nueve querellas archivadas lo han sido por los mismos hechos, algunas con ligeras variantes”, señalan estas fuentes. El código ético, no obstante, señala que todo cargo ha de presentar su renuncia o cese ante los siguientes supuestos: “Imputación o acusación judicial por delitos relacionados con la corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, malversación y apropiación indebida de fondos públicos…”. Además, en las restantes querellas la alcaldesa no llegó a estar imputada.

Los comunes juzgan que no hay tráfico de influencias, ni prevaricación, ni malversación por mucho que lo diga un juez. El concejal Marc Serra, que hasta hace poco cobrara su sueldo gracias a las subvenciones oficiales que llegaban al Observatorio DESC, donde trabajaba, fue el primero en defender a su jefa y amiga: “Otra denuncia contra Ada Colay y BeC sin ningún fundamento. Ésta por colaborar con la PAH y entidades sociales. Acabará como todas: Archivada. De hecho, una denuncia idéntica ya fue archivada. Tic-tac. A un año de las elecciones se vuelve a poner en marcha la máquina del fango (…) La misma historia de la máquina del fango como siempre: levantar titulares para enfangar aunque todo acabe quedando en nada”. Tània Corrons, portavoz de BeC se queja de que “esta denuncia ya la hizo Abogados por la Constitución y, ¡sorpresa!, quedó archivada. Y ya van 10. Son tan poco originales que reciclan denuncias para remover en el fango y probar suerte”.

Luz Guilarte, líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, señala a este diario que Colau debe dimitir “porque degrada la institución. A nivel personal, estas cosas me entristecen y a nivel político, me indignan. Además, su propio código ético dice que debe dimitir si es imputada, aunque ya nos tiene acostumbrados a los incumplimientos: no debería subirse el sueldo y lo ha hecho; y no podía presentarse a más de dos mandatos y ya esta pensando en ir a por el tercero. Todos estos incumplimientos son una falta de respeto y atentan contra las buenas normas. De momento, la alcaldesa ya ha salido a ningunear las denuncias”. El popular Josep Bou también criticó “el desprestigio del Ayuntamiento con la imputación” y pidió “una cosa muy sencilla: que Colau cumpla con la reglamentación de su partido. Yo hubiese presentado la dimisión inmediatamente. Y no decimos nosotros que tenga que dimitir, sino que son ellos mismos los que lo han dicho”.

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En JxCAT recuerdan que siempre han sido combativos con el tema de las subvenciones de Colau y han inundado las redes con la acusación de que Colau infringe el código ético de los comunes al no dimitir.

La conjura de los poderes económicos

En las filas socialistas, se muestran cautos: como socios del Ejecutivo, consideran que Colau debe dar explicaciones, pero no van más allá. Admiten que hay sobras que apuntan a “favoritismo, que es dar dinero a entidades próximas. Pero eso no afecta al pacto de Gobierno. Aunque ella se escuda en que son subvenciones habituales y a que ya se daban antes de llegar, lo cierto es que las entidades denunciadas están recibiendo más dinero que nunca”.

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“La estrategia es clara: los grandes poderes económicos y sus partidos ponen denuncias sin fundamento, los medios digitales hacen titulares alarmantes, opinadores y políticos lo difunden en la red y el tema se hace gordo. Una vez la denuncia acaba archivada, ninguno de los anteriores dice ni pío. Su objetivo es crear una sombra de duda sobre el Ayuntamiento y generar la sensación de que los comunes somos como todos los políticos”, decía una comunicación enviada a los militantes de la formación este miércoles.

La alcaldesa, en otra comunicación desde Instagram, señaló: “Habréis oído que una asociación me ha vuelto a denunciar por las subvenciones que reciben entidades sociales como la PAH o la Alianza Contra la Pobreza Energética. Unas subvenciones que ya se daban antes de que yo fuese alcaldesa, que se auditan externamente, en las que yo no intervengo para nada y que ya investigó la Fiscalía y archivó porque llegó a la conclusión de que no había nada irregular. Pero de repente aparece otra asociación que nadie conocía y vuelve a denunciarlo para generar titulares de prensa. Un dato: desde que entramos en el Ayuntamiento, llevamos ya 10 denuncias que han acabado archivadas”.