Así se gasta el dinero público en Barcelona: más ayudas a las empresas 'amigas' de Colau

La decisión de la Fiscalía Anticorrupción de abrir una investigación sobre la concesión de subvenciones a determinadas entidades por parte del Ayuntamiento de Barcelona ha creado un terremoto político. La asociación Abogados Catalanes por la Constitución denunció a la alcaldesa, Ada Colau, a la concejala Laura Pérez, a sus exconcejalas Gala Pin y Laia Ortiz y a la asesora en materia de Vivienda Vanesa Valiño por conceder 3,4 millones de euros en subvenciones al Observatorio DESC, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), a la Alianza contra la Pobreza Energética (AFE) y a Enginyers Sense Fronteres (ESF).

Colau, Pin y Valiño (que también es la esposa de Gerardo Pisarello, ex primer teniente de alcalde de Barcelona y actual miembro de la Mesa del Congreso) trabajaron directamente para Observatorio DESC. Es más: Colau estuvo cobrando su nómina de esa entidad hasta 2015, poco antes de ser elegida alcaldesa. Según los denunciantes, DESC recibió en estos años subvenciones de más de 1,2 millones y ESF (una plataforma vinculada a otro de los hombres de confianzae Colau, el concejal Eloi Badia) percibió prácticamente 646.000 euros. Esta última plataforma fue utilizada por el ayuntamiento para intentar arrebatar el control del agua a la empresa Agbar, que tiene la concesión, una batalla que también perdió en los tribunales. Así, ESF fue becada por el ayuntamiento para realizar informes con los que se desprestigiaba a la multinacional barcelonesa Agbar con el objetivo de remunicipalizar la gestión del agua en la conurbación de Barcelona.

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Pero el hecho de que el Observatorio DESC sea regado graciosamente por las arcas municipales no es casualidad: Pisarello fue su vicepresidente durante una década. Y Jaume Asens, actual portavoz de Unidas Podemos en el Congreso y exteniente de alcalde de Barcelona, también colaboró con la entidad. La directora de comunicación del consistorio barcelonés, Águeda Bañón, fue responsable de comunicación de DESC antes de dar el salto a la ‘cosa’ pública… En definitiva, DESC fue la ‘Masía’ (en términos futbolísticos) de los altos cargos municipales. Ada Colau, por ejemplo, le costaba al observatorio un total de 2.699 euros mensuales, según los documentos en poder de El Confidencial, que también detallan los salarios de Gala Pin y de Vanesa Valiño, también querelladas.

Intento de desprestigiar

Desde el ayuntamiento se esquiva responder a las preguntas de El Confidencial sobre las subvenciones, pero según un comunicado que Colau colgó en su página de Facebook, la denuncia de Abogados Catalanes por la Constitución forma parte de “una ofensiva judicial que ha intentado paralizar o ralentizar muchas de las medidas innovadoras destinadas a defender el bien común”.

Colau intentó desprestigiar desde el primer momento a la entidad querellante señalando que uno de sus miembros había estado vinculado a UPyD, cuestión que, por otra parte, no desvirtúa la propia acusación. Y este miércoles se descolgaba en las redes con otra versión: “Abogados por la Constitución hace tiempo que se dedica a poner denuncias con claros fines políticos y nos sentimos muy orgullosas de colaborar con entidades que se dedican a ayudar a gente que está a punto de perder su hogar o de no poder calentar sus casas en invierno”.

Tiene razón: esa entidad le ganó en los tribunales un pleito para que no pueda realizar un multirreferéndum en Barcelona. Los abogados, pues, le van ganando, de momento, la partida. La alcaldesa se queja de las querellas que le han puesto a su consistorio en diferentes momentos, pero todas esas actuaciones han sido de diferentes colectivos o empresas, no dirigidas por Abogados Catalanes por la Constitución. El primer argumento ‘de peso’ de la alcaldesa se desvirtúa por sí solo.

Colau asegura también que las subvenciones por las que se la acusa “se empezaron a otorgar hace años, antes de que llegáramos nosotros al ayuntamiento, y todas se dan con informes jurídicos favorables y con auditorías”. También tiene razón en parte, pero no en todo: Colau concede ayudas bianuales de 324.600 euros a su antigua plataforma (Observatorio DESC) como si fuesen ayudas extraordinarias. Y el propio interventor del ayuntamiento pone reparos a ello, puesto que al ser por una determinada cantidad, un cometido específico y redundante en el tiempo, lo único extraordinario es que se sigan otorgando de esa manera: a dedo y sin concurrencia pública.

Por eso, los denunciantes subrayan que “se evidencia que se trata de una subvención [la referida a DESC] recurrente y anual que, sin embargo, se ha concedido presuntamente por designación directa y al margen de cualquier tipo de concurrencia pública, otorgada bajo el argumento de que se trata de una subvención excepcional”. Esta afirmación se basa en el argumento del interventor municipal, que dejó escrito que “esta subvención se viene repitiendo desde hace años y, por lo tanto, su carácter excepcional no parece justificado”.

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Aun así, durante los últimos años y pese a los reparos de la intervención, Colau siguió aplicando sus criterios. Además, se quejan los denunciantes de que para lo que sirve el dinero público que va a DESC no es para paliar ninguna situación de familias desvalidas, sino para pagar sueldos a los miembros de las entidades ‘amigas’: “Se puede afirmar que el Ayuntamiento de Barcelona paga los sueldos de los trabajadores de DESC mediante una subvención especial que podría ser presuntamente una forma de desbordar el límite de contrataciones discrecionales a que tiene derecho como alcaldesa y, en general, su equipo de Gobierno”.

La oposición abona las sospechas. Ciudadanos recuerda que hace solo unos meses llevó al Tribunal de Cuentas 279 contratos sospechosos otorgados por Colau los últimos años, que podrían haberse diseñado pata “eludir la normativa de contratación del sector público en beneficio de determinadas empresas”, aunque no hacía referencia a subvenciones. Desde JxCAT, en cambio, señalan que “llevamos años alertando de estas ayudas, aunque nadie nos había hecho caso. Si el juez y el fiscal quieren rascar, creemos que el caso tiene mucho futuro”.

Las ayudas se multiplican

Fuentes de JxCAT señalan a El Confidencial que “aquí se ha ido una importante cantidad de dinero vía subvenciones o contratos no solo hacia la órbita de Observatorio DESC, sino hacia un conglomerado de empresas ubicadas en la calle Casp número 43 de Barcelona”. En realidad, ésa es la sede de DESC, pero según JxCAT ahí comparten sede cooperativas y asociaciones “que se dedican a finalidades similares y que mantienen una estrecha relación y comunicación de intereses con las políticas de Ada Colau”. En 2018, sectores afines a JxCAT distribuyeron una revista en papel de 8 páginas en la capital catalana que en las dos páginas centrales apuntaba a DESC como el epicentro de un oscuro negocio de los comunes porque por ahí habían pasado Colau, Pisarello, Pin, Bañón, Valiño o Joan Subirats, el concejal de Cultura y mentor de Colau.

“Resulta significativo el incremento de dinero procedente de las arcas municipales que han recibido la mayoría de estas entidades a través de contratos, subvenciones y convenios desde que Colau está al frente del consistorio barcelonés”, denunciaba JxCAT. Señalaba la publicación que, durante la etapa de Xavier Trias como alcalde, esas entidades recibieron pequeños contratos y subvenciones que sumaban 73.704 euros en el primer semestre de 2015. “En cambio, a partir de la entrada del Gobierno Colau, esta cifra aumentó [en el segundo semestre] hasta los 107.110 euros solo en los seis primeros meses de su mandato.

En 2017, las cantidades se dispararon y el ayuntamiento abocó hasta 1.866.462 euros para estas entidades

En 2016, estos importes crecieron hasta los 461.026 euros, tras multiplicar subvenciones y contratos. En 2017, las cantidades se dispararon y por parte del ayuntamiento se abocaron hasta 1.866.462 euros en contratos, subvenciones y convenios para estas entidades. En total, en solo dos años y medio, 2.434.598 euros procedentes del presupuesto municipal han ido a parar a la sede de la calle Casp 43. Decenas y decenas de contratos y subvenciones a entidades que comparten el mismo domicilio fiscal y que es de donde surgió, en buena parte, el núcleo ideológico del Gobierno Colau”.

En total, se desvelaban 18 plataformas distintas ubicadas en el mismo domicilio (además de las querelladas), con ayudas públicas que oscilaban entre los 7.828 euros y los 412.133 euros. “No es una cosa nueva, en la calle Casp está el epicentro de los chiringuitos de los comunes, nadie lo puede negar. Su actitud es nefasta y hace poco llevamos a la exconcejala Gala Pin a la comisión de ética del ayuntamiento por haberse ido a trabajar a una entidad que había recibido cuantiosas ayudas municipales cuando ella era la responsable del ayuntamiento. Aunque solo fuese por una cuestión de ética, los comunes deberían tener cuidado con lo que hacen y dicen”, subraya una fuente de Junts a este diario.

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El Observatorio DESC, por su parte, ha hecho desaparecer de su web una auditoría de 2014 en la que se especificaba cómo se pagaban los salarios de todo su personal y que ese dinero provenía de fondos públicos (entre ellos los salarios de Coalu, Pin y Valiño). El Confidencial, no obstante, pudo tener acceso a ese informe: en uno de sus capítulos detalla cómo se gasta la subvención de referencia (con código 13505839) del Ayuntamiento de Barcelona de ese año por un monto de 100.000 euros (de un presupuesto global de 125.000 euros).

Pues bien, el gasto de personal fue de 98.487 euros, de los que DESC solo puso 10.075 euros y el ayuntamiento corrió con el resto, aportando 25.089,76 euros con cargo a presupuestos de 2013 y 63.322,69 euros con cargo a los presupuestos de 2014. En alquileres, el gasto fue de 9.483,18 euros, de los que 4.863,18 los sufragó la entidad y el resto el ayuntamiento. Y los suministros ascendieron a 773,97 euros, de los que 242,21 euros también salieron de fondos municipales. Incluso las dietas, presupuestadas en 1.981,23 euros, fueron pagadas a medias: el consistorio puso 512,10 euros y DESC los 1.379,13 euros restantes. En todos los capítulos (comunicaciones, transportes, publicidad, trabajos externos…), la Administración sufragaba siempre un porcentaje de los gastos, hasta totalizar los 100.000 euros aludidos.