Ciudadanos denuncia ante el Tribunal de Cuentas 279 contratos sospechosos de Colau

Un informe elaborado por Ciudadanos refleja que, de todos los contratos municipales, un total de otros 279 se realizaron justo por debajo del límite legal desde el año 2017 hasta la actualidad. El monto de esos contratos alcanza casi 5,7 millones de euros. La formación naranja también ha fiscalizado el posible fraccionamiento, encontrando indicios de que casi 6,9 millones de euros fueron adjudicados irregularmente mediante contratos menores cuando se tendrían que haber convocado concursos públicos. Están bajo sospecha, pues, casi 13 millones de euros. Ciudadanos resalta que este 'modus operandi' demuestra que hay una "clara intención de eludir la normativa de contratación del sector público en beneficio de determinadas empresas de las contrataciones del Ayuntamiento de Barcelona”.

El partido naranja recuerda que en el último informe elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre fiscalización de cuentas en ayuntamientos con más de 500.000 habitantes en el año 2016 ya arrojaba sorprendentes resultados sobre la contratación municipal en la capital de Cataluña bajo el mando de Ada Colau. Es decir, cuando llevaba poco más de un año gobernando, los comunes ya habían llegado al nivel de otorgar 64 contratos con una característica común: los de servicios y suministros eran adjudicados a dedo por 17.999 euros y los de obra, por 49.999 euros. La ley prevé que, a partir de 18.000 euros, la licitación de servicios y suministros se ha de hacer por concurso público, mientras que la licitación de obra tiene un límite de 50.000 euros. Adjudicando por un euro menos, se elimina el concurso, justamente la práctica que la izquierda alternativa denunciaba como práctica corrupta durante años.

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Meses persiguiendo información

“Durante meses, estuvimos persiguiendo información sobre este tema. Incluso tuvimos que reclamar por escrito y en la comisión de gobierno los datos sobre contratación, porque no llegaban al portal de transparencia ni nos los facilitaban cada vez que los pedíamos. En el informe final, no incluimos los datos del estado de alarma porque entendemos que ahí había una excepcionalidad”, explica a El Confidencial Luz Guilarte, presidenta del grupo municipal de Ciudadanos.

En su denuncia al Tribunal de Cuentas, Ciudadanos asegura que el Ayuntamiento barcelonés ha incurrido durante el mandato de Colau en “un claro abuso de la contratación menor, reservada para situaciones de carácter puntual y no recurrente”. Asimismo, constata “una voluntad dolosa de fraccionamiento de contratos, durante varios ejercicios, perfectamente planificables, programables y de carácter recurrente para eludir los requisitos esenciales en materia de contratación”. Recuerda la formación ‘naranja’ que la prórroga encubierta de contratos menores no está permitida en la ley y que, sin embargo, el Ayuntamiento de Barcelona ha recurrido a ella “con clara voluntad de fraccionar los contratos en varios ejercicios de modo que no se superen los umbrales necesarios para dotarlos de publicidad, transparencia y concurrencia pública”. Acusa también a la Administración de Colau de eludir la utilización de los acuerdos marco y de los procedimientos simplificados.

En base al informe de fiscalización, Ciudadanos recopiló todos los contratos sospechosos salidos del equipo de Ada Colau y presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas este martes. Los comunes reciben su propia medicina, ya que cuando estaban en la oposición no perdían ocasión de presentarse como acusación popular en cualquier procedimiento, especialmente penal.

Los comunes reciben su propia medicina, en la oposición no perdían ocasión de presentarse como acusación popular en cualquier procedimiento

Así, Ciudadanos explica que los datos recopilados por el Tribunal de Cuentas son los que se cuelgan en el Portal de la Transparencia, porque el consistorio que preside Colau no facilitó ningún contrato requerido referente al ejercicio de 2016. De ahí sacan que en ese ejercicio hubo 53 contratos de servicios, 9 de suministros y 4 de obras que fueron adjudicados al límite legal de la contratación menor, para la cual sólo hace falta que se presenten tres ofertas y se elige una de ellas. Es más: en ocasiones, solo se presenta un licitador y ni siquiera se cumple la obligación de contar con tres ofertas.

Fraccionamientos ilegales

El Tribunal, tras examinar los expedientes sospechosos, subrayaba que “existen posibles casos de fraccionamiento de los contratos”. Además, explicaba que “en ocasiones, la identidad del objeto de los contratos, de la unidad administrativa y del adjudicatario, unido a la ausencia de solicitud de ofertas a terceros, permiten concluir que el fraccionamiento de las prestaciones en varios contratos persiguió eludir los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”. Por si fuera poco, el tribunal detectó “contratos menores sucesivos con el mismo objeto y adjudicados a la misma empresa, lo que equivale a una prórroga de los mismos”. Hay 25 contratos en esa situación. En otros expedientes no consta “ni la fecha ni la firma de recepción en conformidad de los trabajos realizados o bien no se expidieron certificaciones en todos los meses durante los que se ejecutaron las obras”.

Detectamos que muchos contratos se adjudicaban estando de uno a tres céntimos por debajo del límite legal

Lo que podría ser una práctica de dejadez municipal se convierte, así, en algo más: en la sospecha de que algo no funciona correctamente en el engranaje de la Administración local, y eso alimenta también las sospechas de que se pudo beneficiar a determinadas firmas en detrimento de otras. De hecho, hay algunos colectivos que han acumulado millonarias adjudicaciones municipales los últimos años. Desde la Administración, se aduce que se priman las cooperativas y empresas de carácter social antes que las mercantiles, pero lo cierto es que, al mismo tiempo que se llenan las arcas de determinadas cooperativas, se premia también a sociedades mercantiles que tienen detrás a integrantes de las cooperativas que ya reciben lo suyo por su lado.

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En su denuncia, Ciudadanos adjunta algunos de los contratos sospechosos de irregularidades y cita a algunas de las empresas beneficiadas, aunque solo las que ha podido detectar con la poca documentación que consiguió. “En la denuncia, agrupamos las irregularidades en dos supuestos. Por un lado, detectamos que muchos contratos se adjudicaban estando de uno a tres céntimos por debajo del límite legal. Por otro lado, tenemos la sospecha de que hay una voluntad dolosa de trocear los contratos y cometen tres irregularidades: encubren el troceado; reparten los contratos a diferentes empresas; o se concede a una misma empresa contratos similares sucesivamente en el tiempo, poniendo el mismo objeto contractual e incluso el mismo importe. De esa manera, descubrimos que se fueron casi 7 millones de euros”, subraya Luz Guilarte.

“Esto es otra forma de enchufismo”

Afirma la líder municipal de Ciudadanos que “la contratación es otra forma de enchufismo más” y critica “las malas prácticas que permiten que las contrataciones se vayan solo a empresas cercanas al partido de Colau. En este campo tendría que primar la transparencia y la claridad y a nosotros nos preocupa enormemente que actuaciones como la del Ayuntamiento de Barcelona perjudique a pymes y a autónomos, que quedan excluidos de las contrataciones públicas al no haber licitaciones abiertas. Estos tipos de contratos serían los idóneos para pymes y autónomos, pero se les impide ir a esas licitaciones. Es una anomalía y se crea un 'apartheid' para los que no tienen la ideología de los comunes o no son sus voceros. Además, aleja al gobierno municipal de la ejemplaridad y de la ética exigible”.

Ciudadanos denuncia que "todo es opacidad" y que Colau "se salta diariamente la reglamentación"

Por si fuera poco, destaca que las maniobras del equipo de gobierno perjudican las finanzas públicas, “porque los contratos terminan ofreciéndose a determinados amiguetes y no a quien ofrece la mejor relación calidad/precio”. Guilarte asegura que la función de la oposición es fiscalizar la labor del gobierno municipal y por eso pide al Tribunal de cuentas que, a partir del informe que Ciudadanos le presenta, investigue más el tema y saque conclusiones, porque “puede haber ilícitos contables, administrativos e incluso penales”.

Aprovecha también para asegurar que la gestión de Ada Colau es nefasta: “A nivel de gestión, todo es opacidad. En mi vida he visto tantas chapuzas. Practica un desprecio absoluto por la verdad, bordeando la ley constantemente. De hecho, el 94,35% de los contratos municipales son contratos menores, adjudicados a dedo sin pasar por concurso. Y esos contratos solo deben utilizarse en cuestiones de excepcionalidad o cuando no se puedan planificar. Pero de todos esos contratos, la inmensa mayoría se puede planificar con el suficiente tiempo y los demás no son excepcionales. Por tanto, Colau se salta diariamente la reglamentación de la contratación menor. Es un auténtico escándalo. Desde el Ayuntamiento se intenta evitar la labor de fiscalización de la oposición, pero nosotros no cesaremos”. Consultado el Ayuntamiento de Barcelona por este diario, desde la Administración local han declinado realizar comentarios sobre las acusaciones de Ciudadanos.