El Gobierno se da de plazo hasta verano para contestar las peticiones vía transparencia

El Gobierno de Pedro Sánchez también está regresando poco a poco a la nueva normalidad. El Consejo de Ministros aprobó este martes solicitar al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 7 de junio. Y lo hizo con un guiño a los grupos parlamentarios: el levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos, a partir del 1 de junio, y procesales, tres días más tarde. De esta forma, los poderes ejecutivo y judicial retomarían su actividad ordinaria tras dos meses y medio de parón.

Entre las tareas administrativas que se retomarían a partir del 1 de junio estaría la de dar respuesta a los cientos de solicitudes de información que se han presentado estos meses a través de la Ley de Transparencia. La opacidad del Ejecutivo central en su gestión del coronavirus ha obligado a muchos ciudadanos a buscar información en el Portal de Transparencia, pero la suspensión de los plazos administrativos hizo imposible obtener información alguna durante estos meses. Con el levantamiento de esta suspensión, la Ley de Transparencia volvería a estar operativa a partir de junio.

Aun así, el Gobierno se guarda todavía un as en la manga: los plazos propios de la Ley de Transparencia, que obligan a la Administración a contestar en un mes, con la opción de prorrogarlo otro mes en caso de que se trate de información voluminosa o compleja. Teniendo en cuenta el elevado número de solicitudes acumuladas pendientes de contestación —el Portal de Transparencia ha recibido más de 3.000 solicitudes en el primer cuatrimestre del año— y que las instituciones públicas suelen apurar hasta el último día estos plazos, las primeras respuestas a las peticiones presentadas durante el estado de alarma llegarían a lo largo de julio, pudiendo demorarse incluso hasta agosto.

La clave de todo ello reside en un informe de la abogada general del Estado, Consuelo Castro Rey, en el que sostiene que los plazos de las solicitudes presentadas después de la declaración del estado de alarma —la mayoría preguntando por informes, datos y nombres de expertos que el Gobierno ha estado ocultando sistemáticamente— empezarán a contar a partir de que se levante el estado de alarma. Es decir, independientemente de que una petición se haya enviado al Portal de Transparencia el 16 de marzo o el 19 de mayo, la tramitación de ambas comenzará el 1 de junio, fecha a partir de la cual el Gobierno dispondrá de un mes, prorrogable hasta los dos, para responder.

Hace un mes, la Dirección General de Gobernanza Pública, encargada de gestionar el Portal de Transparencia, publicó una nota informativa en que señalaba que "las unidades de transparencia están trabajando de forma activa en la tramitación interna de las solicitudes para evitar que se produzca acumulación y para estar en disposición de responder lo antes posible. Se responderán las solicitudes permitiendo así la rendición de cuentas".

La suspensión 'de facto' de la Ley de Transparencia en España durante la crisis del coronavirus es algo inédito en los países de nuestro entorno. Estados Unidos, Reino Unido y las instituciones de la Unión Europea han seguido contestando a las peticiones de transparencia presentadas durante estos meses, si bien en muchos casos han rechazado proporcionar la información solicitada sobre la crisis del coronavirus. El Gobierno español, en cambio, ha decidido aplazar todas las respuestas para el verano.