DISTRIBUYÓ ESTE LUNES SUS ÓRDENES

Torra aprueba el decreto ley para ejecutar el confinamiento que tumbó la jueza

Este decreto añade que en situaciones de pandemia, las autoridades competentes pueden adoptar medidas de limitación en la actividad y el desplazamiento de las personas

Foto: El presidente de la Generalitat, Quim Torra, con su equipo de Gobierno. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, con su equipo de Gobierno. (EFE)

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, va a por todas. Poco después de mediados del mes de septiembre, se espera que el Tribunal Supremo le inhabilite por desobediencia a las resoluciones judiciales (se negó a descolgar pancartas con consignas políticas de la fachada de la Generalitat en plena campaña electoral). Es la primera sentencia, porque le viene otro veto similar por el camino y ahora puede ir hacia un tercer embrollo con los jueces, al anunciar que no acata la sentencia de una jueza de Lleida antes de dictar un decreto ley para ignorar el auto judicial de la magistrada Elena García-Muñoz, que tumba su confinamiento de ocho localidades del Segrià.

Torra aprueba el decreto ley para ejecutar el confinamiento que tumbó la jueza

El fiscal jefe de Lleida, Juan Boné, advirtió este lunes de que el decreto ley anunciado sería “ilegal y recurrible al Constitucional si toca derechos fundamentales”. “¿Pero esto qué es?”, lanzaba Torra desde su despacho a primera hora de la tarde, ante esas declaraciones de Boné. Ya lo había advertido por la mañana, mientras sacaba pecho en una rueda de prensa: no habrá autoridad judicial o política que le pueda mandar cuando está en juego lo que considera que es la salud de los ciudadanos.

Torra cumplió lo prometido, arrastrando a ERC en su estrategia frentista: a las 20:30, reunió a su Gobierno para aprobar su herramienta mágica. Fue una reunión larga que dio como resultado un decreto ley que cubre la potestad del Govern para dictar resoluciones restrictivas. Este martes, ese decreto ley se publicará en el Diario Oficial de la Generalitat y llevará como anexa la resolución aprobada este domingo que la jueza García-Muñoz tumbó.

El decreto ley modifica la Ley 18/2009 de Salud Pública para hacer frente al covid-19. Lo que hace este decreto es añadir que en situaciones de pandemia, las “autoridades competentes puedan adoptar medidas de limitación en la actividad, el desplazamiento de las personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales”.

Lo único que debe hacer el Govern antes de establecer su propio ‘estado de alarma’ es emitir un informe elaborado por “las autoridades sanitarias” para acreditar “la situación actual de riesgo de contagio, la situación de control de la pandemia, la suficiencia de las medidas y que proponga las medidas a adoptar”. Para curarse en salud, el decreto especifica que siempre que sea posible la resolución “formulará recomendaciones a seguir para evitar riesgos de contagio. Y, en el caso en que se establezcan medidas de carácter obligatorio, se ha de advertir expresamente de esta obligatoriedad”.

Manga ancha para dictar resoluciones

Lo que establece, eso sí, es que las medidas tomadas no deben ser superiores, en principio, a 15 días (imitando el decreto de alarma del Gobierno central), “excepto que se justifique el necesario establecimiento de un paso superior”. La resolución amparada en el decreto también ha de adoptar las medidas concretas que establezcan “mecanismos de graduación de las medidas en función de la evolución de los indicadores”.

Torra, sin embargo, deja manga ancha para poder aplicar las medidas que considere, ya que prevé un amplio abanico de posibilidades que le conceden la potestad de dictar la resolución que le venga en gana. Así, el decreto incorpora unos indicadores a partir de los cuales se podrán adoptar las medidas restrictivas y que van desde la incidencia de casos acumulados en la última semana hasta la evolución del número de casos diarios, pasando por la evolución de los casos diagnosticados, la proporción de casos sospechosos, la evolución de las hospitalizaciones o la proporción de casos sospechosos que acuden a consulta en una semana.

“En estos momentos, tenemos las competencias transferidas. No hay estado de alarma que recentralice las competencias y podemos aplicar todas las medidas necesarias para preservar la salud de los ciudadanos. Como Govern, las hemos ejercido, igual que las han ejercido en País Vasco, Galicia y Aragón, que han dado pasos atrás. No olvidemos que desde todas partes nos dicen que hemos de tomar medidas restrictivas, de reducir la movilidad… Tenemos el virus entre nosotros y hemos de ser muy conscientes de la importancia de estas medidas y, por tanto, tomaremos las medidas que garanticen preservar la vida y la salud de los ciudadanos”, señaló la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, tras la reunión del Gobierno catalán. O sea, la norma da potestad a Torra para, en principio, hacer lo que le venga en gana, aunque jurídicamente ningún decreto ley (ni siquiera los del Gobierno central) puede afectar a derechos fundamentales de los ciudadanos.

El marco idóneo

Pero para la Generalitat eso puede ser el instrumento para tirar millas y justificar cualquier iniciativa, incluidas las que no son competencia de la Administración autonómica. En este sentido, Budó subrayó que “el decreto ley es un marco que nos dota de capacidad jurídica para tomar estas decisiones más restrictivas. Bajo su manto, dictaremos las resoluciones correspondientes dependiendo de si hay brotes. Y de manera inmediata, se pueden tomar medidas en cualquier lugar del territorio dependiendo de los datos epidemiológicos”.

La consejera advirtió de que el Govern había hecho lo mismo que hizo en marzo con la zona de Òdena. “Entonces, pedimos medidas restrictivas en forma de restricción perimetral pero no lo acotamos temporalmente. Fue el juez el que dijo entonces que debíamos acotarlo y puso él mismo el plazo de 15 días. Pues aquí podría haber hecho lo mismo. Nosotros, desde luego, hemos hecho lo mismo que entonces”.

Ante todo ello, Budó pidió a la población que no espere a la aprobación oficial de nuevo de la resolución. “Es muy importante la corresponsabilidad de la ciudadanía para implantar estas medidas ya. Viene de 48 horas e incluso de 24 horas. Mañana [por este martes], cuando el decreto ley esté publicado en el Diario Oficial, las medidas ya serán obligatorias. Y la resolución que aprobaremos será la misma que ya habíamos aprobado. Ya todos la conocen. Por ello, hacemos un llamamiento para que todos comiencen ya a adoptar las medidas”.

En realidad, la Generalitat no había perdido el tiempo: los servicios de Protección Civil de la Generalitat difundieron este lunes por la mañana las restricciones de la zona del Segrià que confinaba las ocho localidades (Lleida ciudad, Aitona, Alcarràs, La Granja d’Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses, Torres de Segre y las vecindades de Sucs y Raimat): prohibía las reuniones de más de 10 personas tanto en el ámbito privado como en el público, prohibía la actividad de hostelería y restauración y prohibía las actividades culturales, de espectáculos públicos, recreativas, deportivas y de ocio nocturno.

Solo permitía los desplazamientos por motivos laborales en servicios esenciales y la movilidad fuera del domicilio podía ser solo por motivos laborales, sanitarios, de asistencia a personas que lo requieran, desplazamientos a bancos, compra de alimentos o a huertos de autoconsumo, así como otras compras que tuviesen cita previa. Se permitían las actividades de casas de colonias para niños si los monitores son de la zona y las actividades de deporte al aire libre si son con los grupos de convivencia habitual.

Estas restricciones se hicieron públicas este lunes por la mañana, ignorando el auto de la jueza y poco antes de la comparecencia de Torra para anunciar que utilizaría un decreto ley para burlar a la magistrada leridana. De esta manera, Torra apuntalaba su decisión de no acatar el auto judicial. Donde esté un ‘president’ que se aparte un juez.

Torra aprueba el decreto ley para ejecutar el confinamiento que tumbó la jueza

Críticas de los alcaldes

Más comedidos fueron los alcaldes de las localidades afectadas, excepto el de Lleida capital, el republicano Miquel Pueyo. Los demás ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la que explicaron que no aplican las restricciones anuladas por la jueza pero dejaron claro que “queremos trabajar codo con codo con el Govern y ser una parte para salir del problema”. Ese 'impasse' durará hasta la entrada en vigor del decreto ley planeado por Torra. “Somos de diferentes partidos políticos. No va de policía la cosa, sino que va de una crisis sanitaria y de que todos tenemos que trabajar para salir delante de manera conjunta”.

Admitieron los munícipes que la ciudadanía “está desorientada” y rechazaron que alguien quiera poner a los alcaldes en el compromiso de decidir. “Estamos en un limbo legal”, se quejaron, al tiempo que criticaron las restricciones del Govern. Lo que hace falta, afirman, son más recursos sanitarios y un incremento de mediadores para controlar los contagios.

Esta tensión por Lleida se agrava por el aumento de casos en otras zonas. En Hospitalet de Llobregat, por ejemplo, la segunda ciudad de Cataluña, se contabilizan ya 300 positivos, aunque solo se ha visto afectada una residencia de ancianos. Los brotes están muy focalizados en los barrios de la zona norte, es decir, los lindantes con Barcelona, y provienen tanto de relaciones familiares como laborales (algunos de los contagiados trabajan en el Real Club de Polo de Barcelona, donde se detectó un brote) o incluso de un viajero internacional, que contagió a 11 personas.

La alcaldesa, Núria Marín, que es también la presidenta de la Diputación, anunció este lunes más medidas de seguridad y creó un comité de crisis que se reunirá diariamente. Además, trabaja en la instalación de un módulo especial en el Hospital de Bellvitge para que pueda acoger a enfermos de covid-19. Marín está en contacto directo con la consejera de Salud, Alba Vergés, y con la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, por si hace falta tomar medidas más drásticas.

Esta tensión por Lleida se agrava por el aumento de casos en otras zonas. En Hospitalet de Llobregat, por ejemplo, se contabilizan ya 300 positivos

En Barcelona, los contagios también se disparan peligrosamente. La alcaldesa, Ada Colau, explicó este lunes que entre el 29 de junio y el 5 de julio se detectaron 164 nuevos casos, pero solo entre el 6 de julio y el 12 de julio la cifra se disparó hasta 458 nuevos contagiados, un salto cuantitativo muy preocupante, ya que supone triplicar los casos. Ante ello, Colau pidió a la Generalitat que aumente los equipos de rastreadores, que en Cataluña están formados por 120 personas, trabajando en tres turnos de 40 cada uno, repartidos en mañanas, tardes y fines de semana.

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