Movilidad sin control y precariedad: el caldo de cultivo de los brotes de covid en Segrià

El día 30 de abril la concejal Pilar Bernad, del Partido Popular, le preguntó al alcalde de Binéfar durante un pleno celebrado online si tenía conocimiento del número de 'camas calientes' que había en la comarca aragonesa de La Litera. El primer edil, Alfonso Adán, se zafó de Bernad asegurando que no tenían conocimiento de la existencia de esas infraviviendas ni, menos todavía, de que estuvieran habitadas por "empleados de ninguna empresa". Solo tres meses atrás, el 23 de enero, su Administración había aprobado por unanimidad la elaboración de un estudio sobre el impacto de los "pisos patera" en el mercado de la localidad. "Denúncielos, si tiene usted conocimiento de ello", le replicó a la concejal el socialista, a lo que la popular le respondió: "Ser pobre no es un delito. No hay nada que denunciar. Se trata de ayudar".

Algunos días antes de la celebración plenaria se habían declarado brotes de coronavirus en los mataderos de Binéfar, dos de los mayores registrados en empresas españolas durante el confinamiento. Doscientos casos llegaron a detectarse en el de Fribin y otros 250 en el de los italianos de Litera Meat. Diarios de todo el mundo hablaron sobre ello. La pregunta de Bernad parecía pertinente lo que se pretendía era entender el origen del contagio y las ulteriores rutas de infección porque muchos de los empleados de uno y otro matadero compartían vivienda en distintas poblaciones de la comarca, a menudo hacinados en condiciones indignas e insalubres, mezclados entre ellos y también, por supuesto, con otros africanos que abastecen las necesidades de mano de obra de las zonas fruteras.

Lo que todavía era más relevante en términos de prevención es que una parte significativa de la plantilla de esas empresas no vivía en La Litera, sino en comarcas próximas como el Cinca Medio (Huesca), el Baix Cinca (Huesca) o el vecino Segriá, de donde cada día sale un autobús que trasladaba hasta Binéfar a trabajadores de Litera Meat desde Alcarrás (Lleida) y la propia Lleida.

El día 1 de mayo, varios medios de comunicación se anticiparon a lo que estaba por venir y, amparándose en los datos de los que se disponía, literalmente advirtieron: “La cadena de contagio de los mataderos de Binéfar alcanzará con total certeza hasta el Baix Cinca o el Segrià”. La alerta era clara y, como se ha visto, así ha ocurrido. Para impedir que se extendiera la enfermedad, era preciso rastrear los eslabones de las rutas del virus y cercenarlos para evitar los contactos entre los trabajadores afectados. Si se intentó, no dio resultado.

A lo largo de las semanas posteriores, varios mataderos europeos y americanos sufrieron brotes similares. En todos ellos concurrían los tres mismos elementos: plantillas formadas en su mayoría por empleados extranjeros; trabajos a destajo y malas condiciones laborales; y, sobre todo, alojamientos precarios. En el caso del matadero de Litera Meat, los sindicatos CNT y Comisiones Obreras no dudaron en denunciar a sus propietarios italianos por las negligencias cometidas en la implementación del plan de protección de la plantilla. Ni uno ni otro consideraban que el otro matadero —el de Fribin— hubiera obrado con negligencia.

Había factores asociados a los propios procesos de producción como las bajas temperaturas que benefician al virus o los sistemas de ventilación que ayudan a su propagación, pero nadie tenía duda de que la responsabilidad y el origen de lo ocurrido en esos mataderos iba mucho más allá. El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, llegó incluso a referirse a la situación de esos entornos laborales como "zonas de guerra".

En Alemania, Bélgica o Francia, entre otros países, se identificó el origen del contagio comunitario de inmediato. Pero a diferencia de lo que luego ocurriría en Cataluña, sin omitir los nombres de los mataderos. Mil quinientos trabajadores se han infectado tan solo en el de Tönnies, situado en la ciudad alemana de Gütersloh, al oeste de Alemania, lo que ha vuelto a provocar nuevos rebrotes estos días en Renania. Nadie ha dudado allí en apuntar hacia el matadero como origen seguro de toda la cadena de contagio comunitario que luego se extendió entre la población y realimentó, presumiblemente, nuevos focos de propagación. En paralelo, han crecido las denuncias de las brutales condiciones de trabajo de la mano de obra extranjera a la que el covid-19 ha visibilizado.

Los sindicatos que alzaron su voz para detener la producción de las empresas de automoción, guardaron silencio con la industria cárnica

Visto lo sucedido, mataderos europeos de Francia, Alemania o Bélgica, entre otros países, se cerraron de inmediato mientras se extremaban las medidas para aislar a los trabajadores afectados, en su mayoría, asintomáticos o con síntomas leves. Se conviene en decir que si la edad media de la plantilla de esos centros no fuera de unos cuarenta años, hubiese sido una carnicería. Incluso en Estados Unidos, donde Donald Trump había recurrido a una vieja ley para imponer la obligatoriedad de mantener abiertas algunas fábricas de procesado de carne, se clausuraron las empresas afectadas.

Eso nunca se planteó en España. Los mismos sindicatos que días antes del comienzo de la cuarentena alzaban su voz para que se detuvieran las cadenas de las grandes empresas de automoción para preservar la salud de los trabajadores guardaron silencio en relación a estas empresas de la industria cárnica, consideradas esenciales por el Gobierno.

Y entre tanto, medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de lo acaecido en el matadero binefarense de Litera Meat. La situación se había descontrolado hasta tal punto que no guardaron las distancias de seguridad ni siquiera el día en que se les practicaron los test. Las imágenes de las colas o de los hacinamientos de la plantilla en el comedor y los vestuarios incendiaban las redes.

Las denuncias de los sindicatos ponen sobre la mesa hechos inquietantes. Según la CNT, la empresa invita a los trabajadores que despide a abandonar las viviendas que les proporciona en Binéfar o en las localidades próximas. La organización indica que así lo confirman varios empleados afectados, hecho que podría explicar por qué muchos de ellos han ocultado los síntomas o han evitado ir al médico. Además, al abandonar la empresa, estos trabajadores quedaban también fuer del control de las autoridades sanitarias.

“En efecto, esas son las noticias que tenemos”, dice también la concejal popular binefarense Pilar Bernad. “Tengo un cliente de mi despacho [la edil es abogada] al que despidieron el pasado lunes junto a otras veinte personas más y cuando llegó a su piso de Litera Meat, ya le habían puesto un candado en su habitación”.

Jornaleros para la fruta

Por esas mismas fechas en que en Binéfar —situada a poco más de treinta kilómetros de Lleida— se lidiaba con los contagios de los mataderos, comenzaron a llegar a la capital del Segrià, tal y como viene sucediendo desde hace veinte años, miles de jornaleros africanos procedentes de otras partes de España. La propia patronal había solicitado 30.000 trabajadores (la cifra se modificó sobre la marcha en varias ocasiones), ante el temor de que el confinamiento impidiera reclutar la fuerza laboral precisa para coger la fruta en los campos del Segrià. Y se necesitaban muchos miles más para La Franja (la zona oriental de Huesca), algunas de cuyas principales poblaciones —Fraga, por ejemplo— se hallan a un cuarto de hora de Lleida. Los virus no respetan las fronteras administrativas.

Una parte fueron albergados por los payeses y las cooperativas; otros se las ingeniaron para encontrar alojamiento. Otros cientos, sin embargo, se instalaron en los soportales del casco antiguo de Lleida, en sus propios vehículos o en ruinosas casas ocupadas de municipios del Segrià. Aunque es algo que lleva ocurriendo muchos años, la situación sanitaria y de alarma subrayaban con fuerza la situación: los sintecho africanos no solo eran mucho más numerosos que en años precedentes, sino que se hacinaban en las calles en plena pandemia, mientras el resto del país estaba confinado en sus viviendas.

TE PUEDE INTERESAR

El alcalde de Lleida se queja de que "el Estado mira a hacia otro lado" con los temporeros

EFE

Ni observaban los protocolos ni estaban en disposición de hacerlo. Bajo la marquesina de la casa de la Fusta, en Lleida, durmieron apretados durante semanas medio centenar de ellos. Al igual que ocurrió en otros sitios. Los alcaldes de varias poblaciones fruteras del Segrià se quejaron del incivismo de los inmigrantes que se aseaban en las fuentes públicas. No tenían otro sitio dónde hacerlo porque ni siquiera se habían habilitado duchas. Muchos de los jornaleros que llegaron a Lleida jamás habían trabajado en las plantaciones de fruta. Había manteros entre ellos y trabajadores de los mercados negros laborales del sector turístico, a quienes el coronavirus puso contra las cuerdas. Decidieron probar suerte y su suerte, a menudo, ha cambiado a peor.

Parason varias semanas hasta que se reparó en ellos. Fueron las organizaciones sindicales y civiles como la CGT y la Plataforma Fruita amb Justìcia Social las que lograron hacerse oir y denunciaron las “terribles” condiciones de estos africanos. También en este caso la pandemia visibilizó a los jornaleros, especialmente, cuando un futbolista catalán de origen senegalés se ofreció a ayudarles a encontrar alojamiento. Keita Baldé terminó pagándoles parte de la comida, en vista de que las instituciones catalanas no hacían acto de presencia.

Como era de esperar, administraciones y patronales comenzaron a culparse mutuamente de lo ocurrido, mientras llovían las críticas sobre el Govern y la Paería. Durante esos mismos días, los alcaldes de Binéfar y de Lleida intercambiaron más reproches que propuestas de actuación conjunta. Y entre acusaciones mutuas, la cadena de contagio extendía sus tentáculos y se larvaban los rebrotes que estallaron hace un mes y medio, y que han forzado el retroceso de la Franja a la fase 2, y desde hace una semana al confinamiento perimetral de Lleida y su comarca.

Brotes más allá de los mataderos

Los brotes en la industria cárnica y agroalimentaria no se restringieron a los mataderos de Binéfar. El 27 de mayo, este periódico ya informaba de la existencia de contagios diarios en cuatro empresas catalanas del sector a las que la Administración se negaba a identificar. Se había señalado sin dudar a los trabajadores extranjeros —lo que posteriormente provocó una estigmatización del colectivo— como si en verdad fueran la causa y no la consecuencia del problema. Y, sin embargo, había absoluta opacidad a la hora de nombrar las compañías donde se registraron los contagios. Con frecuencia, se pasó por alto cierto hecho: si los sinpapeles permanecían en Lleida era porque no faltaban empleadores dispuestos a recurrir a sus servicios. De hecho, es habitual por las inmediaciones del gueto de la capital del Segrià ver circular pick-up en busca de trabajadores, exactamente igual que en las películas de frijoleros mexicanos de California o Texas.

Existían, ciertamente, otros frentes abiertos por el virus, como los infectados en las residencias y una fiesta de cumpleaños donde se contagiaron veinte personas. Pero de nuevo, los mataderos y otras industrias de procesado de la carne estaban en el ojo del huracán de la infección. El 'New York Times' se refería a ellos por esos mismos días como el eslabón más débil de la cadena alimentaria. Nadie ha aclarado abiertamente, por ejemplo, si la significativa incidencia del virus en el municipio leridano Guissona podría guardar alguna relación directa con la presencia de Bonarea.

Incluso a día de hoy, la regidora de Educación y Derechos Civiles del Ayuntamiento de Lleida, Sandra Castro, insiste en distinguir entre lo ocurrido en esos mataderos y los problemas relacionados con los africanos, pese a que a los trabajadores se hallan a menudo conectados, no solo por sus viviendas, sino por los lugares de reunión donde acostumbran a socializar. Desde el comienzo de la crisis, la principal crítica hacia las instituciones catalanas ha sido que tomen medidas parciales, basadas en informaciones fragmentarias que han llegado a soluciones que poco han aportado.

“Una cosa son los mataderos de Binéfar y otra los temporeros. ¿Que comparten pisos? Eso podría ser”, asegura Castro. “Aquí, en Lleida, los trabajadores de los mataderos son habituales y residen en la ciudad, mientras que los temporeros vienen solo para la campaña de la fruta dulce que hay en el Segrià, la Noguera y el Pla d'Urgell”.

TE PUEDE INTERESAR

El 'coladero' del Segrià: cien maneras de escapar del aislamiento en Lleida

Ferran Barber. Lleida

“Y además, el problema sanitario que después se ha generado no es competencia municipal, sino de Salud, en coordinación con el Gobierno de Aragón. Hace dos décadas que esos temporeros vienen a Lleida”, dice Castro ahondando en esa idea. “El anterior equipo de gobierno socialista tuvo la posibilidad de hacer albergues porque la Generalitat estuvo dando ayudas durante diez años, y los socialistas no hicieron nada, alegando que eso daría alas al 'efecto llamada'. Había siempre gente en la calle, y como mucho, se les ofrecía duchas. Nosotros hicimos ya un albergue el pasado año en los Campos Elíseos, que después trasladamos al Agnès Gregori. Este año nos centramos en la emergencia social y comenzamos a trabajar en el pabellón de la Fira. Pero sucedió que el problema de la pandemia adelantó más de un mes su llegada debido, entre otras cosas, a la petición masiva de trabajadores que hizo la patronal”. Según la regidora, las nuevas circunstancias les desbordaron.

Retroceso a fase 2

El pasado 23 de junio, la Administración aragonesa dictaba una orden para que las tres comarcas de La Litera, el Bajo Cinca y el Cinca Medio, todas ellas en Huesca, retrocedieran a la fase 2 de la desescalada. Se habían producido nuevamente brotes en Fraga, Monzón, Binéfar y Zaidín. Dos de ellos se hallaban vinculados a una fiesta de cumpleaños y un encuentro de una peña; el de Zaidín, una vez más, afectaba a una empresa hortofrutícola.

Los expertos y los responsables de la Administración desconectaron también desde el primer momento estos nuevos rebrotes de lo acaecido algunas semanas antes en los mataderos binefarenses y catalanes, lo que equivalía a desestimar la hipótesis de que se hubiera generado un bucle de contagios que se retroalimentara cíclicamente, debido a la movilidad y la precariedad habitacional de esos trabajadores africanos aquejados por un problema estructural: su pobreza.

Este viernes, fuentes sindicales informaban de que han vuelto a practicarse test preventivos entre los trabajadores de Litera Meat que han estado en contacto con los infectados de la cadena. ¿Podría suceder que estos rebrotes se repitan si no se identifica bien su origen y no se interviene adecuadamente sobre sus causas? El mapa interactivo de la Generalitat sobre la incidencia del coronavirus es también muy elocuente: no solo dentro del Segrià, sino también en otras comarcas como la Segarra, los municipios más afectados son aquellos donde se ubican las empresas agroganaderas y alimentarias, además de las zonas fruteras. ¿Se llevarán de vuelta el virus a su lugar de residencia algunos de esos jornaleros desplazados? ¿Y quién los mantendrá mientras aguardan a que se levante el cerco de Lleida y su comarca?

El 23 de junio había cinco brotes de covid-19 en la comarca del Segrià: 24 temporeros llegados para trabajar en la recogida de fruta en una granja escuela; siete alojados en un hotel y 13 residentes de un geriátrico. Cuando el presidente de la Generalitat declaró el pasado sábado el cierre perimetral de la comarca, se habían identificado diez, y más de la mitad se hallaban asociados a los africanos. Este viernes se hablaba de que solo un 30 por ciento de los contagios afectaban a los jornaleros. El porcentaje aún descenderá más a medida que aumenten los contagios y el número de test que se efectúan.

La Corporación local de Lleida ha reprochado al Gobierno central que no haya regularizado la situación de todos los sin papeles. Al Govern le recriminaban en Madrid la demora en la adopción de las medidas. Se ha acusado también a Torra de improvisación y de incapacidad para poner a salvo a los migrantes y atajar la emergencia sanitaria. Los comerciantes, entre tanto, amenazaban el pasado jueves con ponerse en pie de guerra si el Ejecutivo catalán se atreve a ir más allá, y a obligar de nuevo a la gente a quedarse en casa. Más del 40% de los comercios cerrarían, a su juicio, si se hiciera tal cosa. Torra les animaba, por su parte, a rebelarse contra el Gobierno de Madrid. Ha cundido el descontrol.

El alcalde de Lleida se quejaba de que al menos 6 habían abandonado los hoteles donde se confina a los positivos antes de completar la cuarentena

Los payeses creen que se les ha hecho responsable de lo ocurrido. Y en parte es cierto. Algunos colectivos como Fruta y Justicia Social les acusan de eludir sus deberes para con esa mano de obra que en su día reclamaron. “Es obligación de los empleadores, en virtud de un convenio vigente, el alojar a todos los trabajadores empadronados a más de 75 kilómetros”, aseguraba, a este respecto, una portavoz de la citada plataforma, Gemma Casal. Fruta y Justicia Social ha denunciado también las supuestas irregularidades que caracterizan al funcionamiento de muchas de las empresas de trabajo temporal (ETT) a las que se recurre para traer a los trabajadores.

“Cada vez hay más ETT que gestionan esta mano de obra y mueven temporeros de campaña agraria porque es un negocio redondo y sencillo. Hay algunas que incluso están vinculadas a más de un miembro de los gobiernos locales del Segrià, alcaldesas y regidores que tienen negocietes contratando a temporeros. Ciertas gestorías de las que les llevan los papeles a los agricultores están haciendo su agosto buscando mano de obra”, denuncia Casal.

El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, se quejaba esta semana de que al menos seis de ellos habían abandonado los hoteles donde se confina a los positivos antes de completar la cuarentena. Que estos trabajadores africanos estén dispuestos en unos pocos casos aislados a arriesgar su salud a cambio de algunas peonadas ha llamado la atención también sobre su desesperación. Su supervivencia no solo depende de preservarse de la enfermedad, sino de conjurar de algún modo la pobreza. Y su situación es peor ahora que antes del confinamiento perimetral. No solo no han encontrado un trabajo sino que están atrapados a cientos de kilómetros de su lugar de residencia. Eso no ha impedido que las redes se llenen de comentarios xenófobos que les culpan de lo sucedido.

La palabra que más a menudo se repite en Lleida desde hace más de una semana es descontrol. La Generalitat no ha conseguido imponer el "nuevo orden" y las protestas se han extendido entre toda la población, hasta el punto que son cientos el número de residentes que han intentado y conseguido burlar el cerco policial por las pistas alternativas de tierra que jalonan toda la comarca. Torra no se ha quejado de momento de los cientos de residentes, no africanos, que han abandonado la ciudad con destino al resto de la Península para salvar, ya no su fuente de sustento, sino sus vacaciones. La gente no quiere más confinamiento. Y a los políticos les consta que la población está indignada.