Torra se niega a acatar la orden del TSJC de quitar el lazo y la pancarta del Palau

Quim Torra tiene 48 horas para quitar el lazo amarillo y la pancarta de apoyo a los "presos políticos" de la fachada del Palau de la Generalitat. Así se lo ha ordenado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que estima las medidas cautelares solicitadas por Impulso Ciudadano, una asociación contraria al independentismo que argumenta que estos símbolos incumplen los deberes a los que está sometida la administración pública de representar al conjunto de la ciudadanía. El 'president' ya ha anunciado que no va a cumplir el mandato y denuncia una "vulneración flagrante del derecho a la libertad de expresión y de opinión".

La decisión del TSJC llega después de que Impulso Ciudadano presentara un recurso contencioso contra "la colocación en la fachada del Palau de la Generalitat [...] el pasado 27 de mayo de 2019 de una pancarta que reclama la 'libertad de los presos políticos y exiliados', en catalán y en inglés, con un lazo amarillo que acompaña la citada leyenda". Frente a la solicitud de retirarlos, desde la Generalitat negaron que la organización tuviera "la legitimación activa para interponer el presente recurso contencioso", argumento que el TSJC ha echado por tierra: como ciudadanos que no se alinean "con la opción ideológica representada por dicha pancarta y el símbolo anexo", el TSJC considera que se ven afectados por la colocación de los mismos y, por tanto, legitimados para pedir su retirada.

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El TSJC atiende así la medida cautelar solicitada y requiere "de forma personal" a Torra que proceda a retirar los símbolos en 48 horas, decisión que apoya en que estos pueden provocar una una "afectación objetiva" sobre los ciudadanos que no apoyan el independentismo. La sala, integrada por cuatro magistrados de lo contencioso, apunta además a que es aplicable una sentencia que dictó el propio TSJC en 2016, fallo en el que estableció que exhibir la estelada en un edificio público debe ser considerado partidista y que ese tipo de lugares deben regirse por el principio de "neutralidad institucional que, si bien reforzado en los periodos electorales, debe mantenerse en todo momento".

El tribunal da cinco días para interponer recurso de reposición y Torra ya ha anunciado que así lo hará "tan pronto como el TSJC le haya notificado oficialmente la instrucción emitida", decisión que no retrasa el plazo de 48 horas que se ha fijado en el auto. Pese a ello, el líder independentista se niega a atender la orden y defiende los símbolos como un clamor "mayoritario de la sociedad catalana y un compromiso democrático del Govern con las personas que sufren la represión por haber defendido la democracia, los mandatos electorales y los derechos fundamentales".

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La polémica en torno a la exhibición de símbolos independentistas en edificios públicos suma así un nuevo capítulo. El 11 de marzo, en plena campaña del 28-A, la Junta Electoral Central exigió a Torra que quitara los lazos amarillos y las pancartas de apoyo a los presos del 'procés' en 48 horas, recordándole "la obligación de los poderes públicos de mantener estrictamente la neutralidad política durante los procesos electorales". Pero el 'president' respondió al ultimátum con un pulso: subrayó "dificultad para su cumplimiento", dijo que estaba a la espera de una aclaración del defensor del pueblo catalán e incluso llegó a cambiar el lazo amarillo del Palau por uno blanco en el que seguía apareciendo el lema de 'Llibertat presos polítics i exiliats'. Ante las constantes advertencias de la JEC, el 22 de marzo terminó por retirar los símbolos, pero para entonces el caso ya estaba en manos de la Fiscalía.

Por estos hechos, Torra tendrá que sentarse en el banquillo del TSJC el próximo 18 de noviembre. El Ministerio Público pide para él un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por desobediencia, para lo que precisa además que la inhabilitación que reclama debe extenderse al ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, así como para el ejercicio de funciones de gobierno: "La inhabilitación conlleva la privación definitiva de estos empleos o cargos públicos y los honores que le sean anejos". Vox, que ejerce como acusación popular, solicita por su parte que se le imponga una multa de 72.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público por un plazo de dos años. A la espera de este juicio, Torra asegura ahora que va incumplir una nueva orden de retirar los símbolos independentistas del Palau de la Generalitat.