Torra estudia no acudir y dejar plantado al TSJC en el juicio por los lazos amarillos

El presidente catalán Quim Torra contempla muy seriamente ausentarse de las sesiones del juicio en el que se le juzgará por desobediencia al negarse a retirar los lazos amarillos de la fachada del Palau de la Generalitat ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) los próximos 25 y 26 de septiembre. Así lo confirman personas de su entorno en la administración catalana, que advierten que el 'president' podría confirmarlo de manera oficial en su discurso previo a la Diada que dará el próximo martes 10 de septiembre. Torra está animado para dar en persona el pistoletazo de salida a lo que ha de ser, a su juicio, el gran otoño de la desobediencia civil en Cataluña.

Torra ya evitó esta semana en Madrid confirmar si iba a presentarse en el juzgado y la idea de dejar plantado al tribunal para acudir al Parlament al debate de Política General le tienta, según explican las personas más cercanas al político catalán.

El presidente catalán ya coqueteó con esta idea el pasado 19 de mayo cuando acudió a declarar ante el TSJC precisamente por haber sido encausado al negarse a retirar los lazos amarillos de la fachada del Palau de la Generalitat tal y como le reclamaba la Junta Electoral Central. Ese día, Quim Torra prefirió retrasar su llegada y darse un baño de masas ante los 200 seguidores que se habían concentrado en la puerta. Total, que entre unas cosas y otras, Torra declaró una hora más tarde de aquella en la que había sido citado, en un gesto desafiante hacia el tribunal.

Un desafío que puede tener consecuencias. La incomparecencia del 'president' tendrá repercusiones que quedarían en manos del Tribunal Superior. Los magistrados tienen tres opciones y la primera de ellas implica un arresto de Torra. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece claramente en su artículo 487 que si la persona citada "no compareciere ni justificare causa legítima que se lo impida, la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención". No obstante, esta previsión debe coordinarse con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. En su artículo 57, el texto indica que los miembros del Parlamento son inviolables y "durante su mandato tendrán inmunidad a los efectos concretos de no poder ser detenidos salvo en caso de flagrante delito". Jurisprudencia posterior ha acotado esta especial protección a las detenciones gubernativas.

La segunda de las posibilidades es la más favorable para Torra. La ley prevé determinados supuestos de celebración del juicio en ausencia del imputado y el delito por el que se le acusa, desobediencia, encaja en ellos. La vista puede celebrarse sin el acusado siempre que la pena solicitada no sobrepase los dos años, si es privativa de libertad, o los seis si es de cualquier otra naturaleza. Por ello, el TSJ podría decidir continuar sin que esté presente. La tercera alternativa es enviar una notificación y fijar otra fecha. Esta opción desmontaría la coartada de una inevitable presencia en un trámite parlamentario.

La pena máxima a la que se enfrenta es de un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros, que el 'president' ya anunciado que no piensa pagar, en un preludio de esta desobediencia tan del gusto de este político. En todo caso, un fallo del TSJC se puede recurrir ante el Tribunal Supremo con lo que tendría poca incidencia sobre el calendario político, que es lo que más importa a su protector en Waterloo, el huido Carles Puigdemont.

Sin comentarios

Se ha preguntado a los responsables de comunicación del 'president' si acudirá a su propio juicio. La respuesta ha sido que no había comentarios. Sin embargo, en su discurso en Madrid de esta semana, Torra ya apuntaba algunas pistas de lo que hará: "Sabemos que mucha gente piensa que la ley es la ley. Que lo único que se hace con los catalanes es hacer cumplir la ley, la dura ley. Pero nosotros entendemos que hay algunos derechos y libertades universales que están por encima de la ley, de la dura ley española. Y son derechos y libertades que España tiene que aplicar acorde con los tratados suscritos. Hablo de la libertad de expresión, la libertad de manifestación, el derecho de protesta y de discrepancia política, del derecho de autodeterminación de los pueblos...".

Torra ya ofreció algunas pistas en su discurso de esta semana en Madrid al argumentar que había valores que, a su juicio, están por encima de la ley

Para Torra la idea de comparecer ante el Parlament para participar en el debate de Política General colocando a la Cámara catalana por encima de esa ley que reclama su presencia en el TSJC resulta muy tentador. El Palau de Justicia y el Parlament están separados por 750 metros. Es un paseo de diez minutos caminando y un mundo entero para un 'president' de la Generalitat que mantiene una fuerte querencia por los temas simbólicos.

La soledad del 'president'

Torra sabe que está solo. Precisamente esta semana al mismo tiempo que él decía en Madrid que una "confrontación democrática significa que una sociedad y sus instituciones se planten ante el autoritarismo y la arbitrariedad política" su 'consellera' de Empresa, Àngels Chacón desaconsejaba una huelga general continuada para no dañar la economía de catalana.

Más allá del efecto real en una gran movilización contra el fallo del Tribunal Supremo, Torra espera que su gesto galvanice a los catalanes y que acudan así, de manera masiva, a la manifestación de la Diada del próximo 11 de septiembre. Una marcha en la que él también participará, arropado en un baño de masas en otro gesto de desobediencia ante la legalidad española.