El TSJC aplaza el juicio a Torra por los lazos amarillos hasta después de las elecciones

El juicio contra Quim Torra por desobediencia no se celebrará hasta después de las elecciones del 10 de noviembre. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha suspendido la vista que se había fijado para los días 25 y 26 de septiembre y la ha aplazado al 18 de noviembre, decisión que justifica por la "imposibilidad material de tramitar cumplidamente la recusación presentada por el acusado" contra dos magistrados que forman parte del tribunal y que considera que no son "imparciales".

La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros para el 'president' de la Generalitat, acusación que se basa en que no retiró los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat tras los requerimientos de la Junta Electoral Central (JEC) en la campaña previa a los comicios. El Ministerio Público precisa además que la inhabilitación que reclama debe extenderse al ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, así como para el ejercicio de funciones de gobierno: "La inhabilitación conlleva la privación definitiva de estos empleos o cargos públicos y los honores que le sean anejos".

Torra pidió en un primer momento la recusación de dos de los jueces que componen el tribunal, Jesús María Barrientos y Mercedes Armas, por haber mostrado públicamente sus opiniones sobre la colocación de lazos amarillos en edificios públicos. Pero el pasado martes, también exigió la del juez Carlos Ramos, designado instructor del incidente contra Barrientos y Armas, alegando que está "estrechamente vinculado" al PSC porque fue nombrado magistrado a propuesta del Parlament y a instancias de ese partido.

A falta de que se resuelva la recusación contra los magistrados, se pospone la vista a la que Torra ya amenazó con no asistir, lo que podría llegar a provocar su detención: la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece en su artículo 487 que si la persona citada "no compareciere ni justificare causa legítima que se lo impida, la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención". No obstante, esta previsión debe coordinarse con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Del lazo amarillo al lazo blanco

El auto del TSJC destaca que los escritos de acusación se basan por ahora "exclusivamente en indicios", pero al mismo tiempo relata que la Generalitat, con Torra a la cabeza, acordó exhibir en la fachada de edificios públicos "diversos símbolos o emblemas, tales como banderas esteladas y/o lazos amarillos, solos o integrados en carteles en los que aparecían lemas con los que se demandaba la libertad de quienes se denominaban en ellos 'presos polítics'". Según sostiene el escrito, estos símbolos "son considerados propios de unos partidos políticos y ajenos a otros que se oponen a ellos", por lo que "no pueden ser exhibidos por las Administraciones y por los poderes públicos durante los periodos electorales, sin infringir gravemente su deber de objetividad y de neutralidad".

El 11 de marzo, tras las protestas de Ciudadanos, la JEC ordenó a Torra retirar los símbolos en 48 horas, pero el 'president' se negó una y otra vez. Tras ampliarse el plazo y advertir al político de las posibles "responsabilidades administrativas y, en su caso, penales", el líder independentista siguió sin dar su brazo a torcer, para lo que alegó distintas razones que iban desde la "dificultad para su cumplimiento" hasta la supuesta aclaración que había solicitado al Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán.

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Pese a ello, las excusas de Torra chocaban con los anuncios del propio Govern a los medios. El 20 marzo, cuando el Síndic ya le había sugerido acatar las órdenes de la JEC, el Govern publicó incluso una nota de prensa en la que aseguraba que Torra no había dado ni daría "ninguna orden como le había exigido la Junta Electoral Central". Pero un día después, a la vista de las consecuencias que podía traer su enfrentamiento con la JEC, las autoridades catalanas cambiaron el lazo amarillo del Palau por uno blanco, manteniendo en todo momento el lema de 'Llibertat presos polítics i exiliats' en el mismo. La estrategia se repitió en otros edificios de la Generalitat.

La JEC dictaminó entonces que cambiar el lazo amarillo "por otros con idéntico significado partidista" implicaba seguir incumpliendo su orden, mensaje que trasladó una vez más al Govern: "Procedan a retirar de los edificios públicos [...] banderas esteladas, lazos amarillos o blancos con rayas rojas u otros de análogo significado, fotografías de candidatos o políticos así como pancartas, carteles o cualquier otro símbolo partidista o que contenga imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas por cualquiera de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".

En esta ocasión, la JEC dio un plazo de 15 horas para que se cumpliera lo acordado, pero a la vista de que Torra no cedía, remitió "testimonio a la Fiscal General del Estado por la responsabilidad penal en que haya podido incurrir el presidente de la Generalitat". El acuerdo de la JEC del 21 marzo fue entonces recurrido por la defensa del 'president' en el Tribunal Supremo, solicitando una suspensión cautelar de la orden que fue denegada. Torra terminó por ceder el 22 de marzo, fecha en la que se dio orden de retirar los símbolos independentistas de los edificios públicos, pero para entonces la Fiscalía ya preparaba el escrito que le lleva ahora a sentarse en el banquillo.