ERC y PDeCAT rechazan la iniciativa

Puigdemont propone un nuevo referéndum en 2020 como respuesta al Supremo

La iniciativa de un nuevo 1 de octubre puede parecer descabellada, pero tiene ventajas que no pasan desapercibidas en Waterloo, como que permite alargar la legislatura catalana

Foto: El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont. (EFE)
El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont. (EFE)

En medio de la desorientación del mundo soberanista, Carles Puigdemont ha lanzado una idea para dar respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo para cuando este haga público su fallo sobre el 'procés'. Se trata de que la Generalitat anuncie un nuevo referéndum para el año 2020, según avanzan fuentes del entorno de Waterloo. Lo que se ha puesto sobre la mesa es un compromiso del Govern para volver a consultar al pueblo catalán y repetir el proceso de 2017: intentar pactar la consulta primero y luego organizarla a las bravas si no hay acuerdo. La iniciativa ha sido recibida con escepticismo por el resto del soberanismo, por decirlo de manera suave. Pero esta idea tiene una ventaja: por ahora, es la única que hay.

La idea de un nuevo 1 de octubre puede parecer descabellada. Pero tiene ventajas que no pasan desapercibidas en Waterloo. Permite alargar la legislatura, tal y como quiere Puigdemont. Da tiempo a Quim Torra para que fuerce su inmolación política, como desea el actual 'president'. Y coincide con la idea de “respuesta aplazada” que ya planteó la 'consellera' de Presidència, Meritxell Budó, una de las personas del actual Govern más próximas a Puigdemont.

ERC la ha rechazado de plano, ya que supone volver a la idea de unilateralidad. Lo mismo Artur Mas y la vieja guardia del PDeCAT, según fuentes de este partido. Se ha consultado con el Consell per la República, pero sus portavoces han declinado responder sobre el nuevo planteamiento de Puigdemont.

Con el alargamiento de la legislatura, la iniciativa de Puigdemont, que ha pillado fuera de juego a la mayoría de partidos y entidades soberanistas, deja toda la presión a ERC para que apruebe los Presupuestos de 2020. De ellos será la responsabilidad de que siga la legislatura. Pero si la perspectiva son unas elecciones generales el próximo 10 de noviembre, todos saben, ERC también, que la carrera electoral por ser decisivos en el Congreso neutraliza cualquier respuesta unitaria, como mínimo hasta que haya pasado esa convocatoria a las urnas, según reconocen fuentes de los republicanos y también del PDeCAT. Ese parece ahora el escenario más probable, tras el desacuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

La última iniciativa de una propuesta de diálogo hecha por el Consell per la República encaja con este plan. Primero se ofrece diálogo y cuando te dicen que no, se activa el plan de la manera que sea. Igual que hizo Artur Mas cuando viajó a Madrid con su oferta de pacto fiscal.

Cuatro meses

Quim Torra abrió en junio una ronda de conversaciones con los partidos y entidades para pactar una respuesta política a la sentencia del Tribunal Supremo, que prevén muy contraria a los intereses de los encausados, que encabeza Oriol Junqueras. Tras cuatro meses, no ha habido ningún acuerdo, siquiera de mínimos, y la portavoz, Meritxell Budó, llevas semanas mandando pelotas fuera sobre esta cuestión.

“Solo contemplamos como favorable una sentencia absolutoria, y en este sentido la respuesta será una acción unitaria en la respuesta, y la mejor respuesta será de consenso y donde todo el mundo se sienta representado”, ha expresado Budó en la rueda de prensa de los martes. La portavoz ni siquiera ha querido apoyar una huelga en protesta por la sentencia.

Oposición interna

La idea de impulsar un nuevo referéndum no ha gustado a nadie. La mayor parte de los 'consellers' están en contra. Tampoco la apoya ERC, que considera que ese es el camino para volver a enviar gente a la cárcel, según han explicado fuentes de esta formación. Incluso hay oposición en sectores del Consell per la República, los más cercanos a la CUP, que consideran que no tiene sentido proponer un nuevo referéndum cuando se lleva dos años asegurando que del 1 de octubre emanaba un mandato democrático. En otras palabras, la organización de un segundo referéndum, para muchos independentistas, deslegitima la fuerza moral y política del primero y despoja al independentismo de la única victoria que tuvieron durante los denominados 'hechos de octubre'.

Sin embargo, ha sido la propia ERC la que abrió el camino cuando Marta Rovira, la ex secretaria general huida a Suiza, declaró en Catalunya Ràdio este mes de septiembre que no podía hablarse de un mandato democrático que emanase del 1-O. Dijo textualmente: “Si una cosa nos faltó el 1-O, es que no tuvo legitimidad interna en Cataluña”.

Una vez que Marta Rovira lanzó desde Suiza la idea de que al 1 de octubre le había faltado "legitimidad interna", se abría la puerta a una nueva consulta


El concepto casa con el nuevo mantra del independentismo, el "ho tornarem a fer" de Jordi Cuixart. Pero sobre todo la idea fuerza es “el aplazamiento”. Excepto Quim Torra, el resto de 'consellers' no piensan acompañar la desobediencia civil que se produzca en las movilizaciones contra la sentencia con desobediencia institucional que luego vaya a tener consecuencias personales para ellos. La ventaja de la propuesta de Puigdemont es que se gana un año ante la opinión pública, los medios de comunicación, la España sin Gobierno de Pedro Sánchez y, sobre todo, sus propias y descontentas bases.

Precedente

Puigdemont y los suyos en Waterloo dan un argumento definitivo basado en el relato autoconstruido por el propio independentismo. El soberanismo catalán se cocina a fuego lento y no funciona a través de reacciones inmediatas. La sentencia del Tribunal Supremo que recortó el Estatut y que los independentistas siempre han identificado como el agravio definitivo que hizo estallar el malestar en la sociedad catalana fue en 2010. Y la gran manifestación de la Diada que obligo a Artur Mas a subirse al carro de una ruptura con España no llegó hasta 2012. Pasaron dos años. Ahora, consideran, ocurrirá lo mismo. El estallido social no será inminente y hay que esperar a que en el seno de los dos millones de independentistas que hay en Cataluña madure un malestar hasta que se encuentre en el punto de ebullición. El riesgo que ven sus detractores es que, vistos los precedentes, el Gobierno aplique un 155 de manera preventiva.

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