Meritxell Budó violó la ley al estar a la vez en el Govern y en el Consell de Puigdemont

La 'consellera' de Presidència y número tres de la Generalitat, Meritxell Budó incumplió la Ley de Incompatibilidades 13/2005 de la propia administración catalana, una normativa que limita las actividades públicas y privadas que pueden desempeñar los consejeros. En concreto, Budó incurrió en esta presunta ilegalidad al ocupar durante un tiempo indefinido un puesto en el Consell per la República que encabeza Carles Puigdemont en Bélgica, a la vez que desempeñaba sus funciones como 'consellera' de Presidència y ejercía de portavoz de la Generalitat en Cataluña. Quiso ser al mismo tiempo 'consellera' de Quim Torra y de Puigdemont, formar parte del gobierno efectivo y del exilio. Algo que la legislación vigente le prohíbe hacer.

Portavoces de la Generalitat han impedido que El Confidencial pueda hablar con Budó sobre esta cuestión y han negado la mayor al asegurar que compaginar ambos cargos es legal ya que "el artículo 8.e de la ley 13/2005 dice que son actividades compatibles" porque permite "la participación en entidades sin ánimo de lucro". Es decir, equiparan la actividad del "gobierno en el exilio" de Puigdemont con la de una ONG.

Portavoces de la Generalitat han negado la mayor al asegurar que compaginar ambos cargos es legal

La Generalitat ha restado además importancia a la cuestión desvelando por primera vez que Meritxell Budó ha dejado de ser miembro del Consell per la República. Sus portavoces, sin embargo, no han querido aclarar en qué fecha abandonó Budó el Consell per la República, ni han accedido a mostrar la carta de renuncia que certifique este hecho. Lo cierto es que Budó ha estado apareciendo como la quinta persona más relevante del Consell per la República en la web del mismo durante los cuatro meses que lleva de mandato y solo desapareció el pasado jueves por la tarde, justo cuando El Confidencial empezó a preguntar a los portavoces de la Generalitat por esta cuestión.

Desde el gobierno autonómico catalán también han eludido la peliaguda cuestión de en cuántas reuniones del Consell per la República ha participado Budó, ya fuese de forma presencial, por videoconferencia o por cualquier otro sistema telemático mientras ha estado ejerciendo de 'consellera' de la Presidència y portavoz de la Generalitat. El Consell per la República ha estado organizando reuniones semanales, a imagen y semejanza de un consejo de ministros al uso. Así que Budó ha tenido múltiples ocasiones de participar en ellas durante los cuatro meses que lleva en el Govern de Quim Torra.

[Consulte aquí la legislación completa]

"La participación o no de la 'consellera' en reuniones de esta entidad forman parte de lo que es su actividad política. Sin embargo, la consejera ya no forma parte del Consell per la República", se defienden desde la Generalitat.

Cuestión compleja

Pero la cuestión resulta más compleja porque la mencionada ley establece en su artículo 10.1 que "el cargo de presidente o presidenta de la Generalitat es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función o actividad pública o privada que no derive del ejercicio de su cargo, excepto la de diputado o diputada en el Parlamento. Los 'consellers' pueden compatibilizar su cargo con la condición de diputado o diputada en el Parlament, a menos que perciban retribuciones periódicas para el ejercicio de esta actividad o que el mismo Parlament establezca la incompatibilidad. Los otros altos cargos al servicio de la Generalitat no pueden compatibilizar su cargo con la condición de diputado o diputada en el Parlament". Y nada más. Hay actividades compatibles, como la enseñanza, pero requieren previa autorización de la propia Generalitat. Se ha preguntado a Palau si Budó solicitó un permiso especial, pero tampoco se ha querido responder a esta cuestión.

El artículo que esgrime la Generalitat, para respaldar la dudosa legalidad, se refiere a "actividades privadas", pero la actividad de Budó en el Consell per la República nunca fue privada, sino pública y muy pública puesto que era conocida por todo el independentismo y destacada por el propio Consell. Y este tipo de ocupaciones se encuentran muy limitadas. De hecho, el ente que encabeza Puigdemont comunicó el pasado 19 de julio la ampliación de cuatro nuevos miembros del Consell de Govern, pero nada dijo de que Budó hubiese dejado su puesto por lo que es lógico pensar que hasta entonces lo estuvo ocupando.

Por último, ese artículo 8.e en el que se escuda la Generalitat cubriría aspectos como que fuese socia del RACC o de Òmnium pero no que ocupase un puesto la ejecutiva del RACC o de la dirección de Òmnium, por poner ejemplos equivalentes. Y ocupar un sillón en la dirección que le permitía despachar con Puigdemont una vez por semana era lo que estuvo haciendo Budó en el Consell per la República.

Mintiendo en el Parlament

En el colmo del despropósito, Meritxell Budó acudió al Parlament, a la Comisión de Asuntos Institucionales, el pasado 17 de julio. Allí, le preguntó la diputada del PSC Alicia Romero por la vinculación entre la Generalitat y el Consell per la República que opera desde Waterloo. A lo que Budó replicó en sede parlamentaria: "lo repito, es una entidad privada, el Consell per la República, una institución, que está formada y que hay muchas personas de nuestro país, pues, que han decidido formar parte. Pero, sin embargo, no hay ninguna vinculación directa con el Govern de la Generalitat o con la financiación de los presupuestos de la Generalitat". Pues financiación de los presupuestos, no. Pero vinculación directa, sí. Ella misma era o había sido esa vinculación directa: 'consellera' de Presidència y miembro de la dirección del Consell a un tiempo.

En sede parlamentaria la 'consellera' Meritxell Budó desmintió la existencia de cualquier vínculo directo entre la Generalitat y el Consell per la República

Entre las actividades del Consell per la República se incluyen "establecer una identidad digital catalana, redactar la Constitución de la República Catalana y llevar a cabo una ofensiva judicial y diplomática contra el Reino de España", según informa la ANC, que avala la entidad que encabeza Puigdemont. Ninguna de estas actividades parece compatible con el puesto de 'consellera' de la Presidència de la Generalitat. Igual que lo que el propio Consell per la República considera uno de sus hitos: impulsar una "Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) que pretende pedir a la Comisión Europea que active los mecanismos de vigilancia de riesgos sistémicos para el Estado de Derecho en el caso de España ante las graves violaciones de derechos fundamentales", según informa la propia entidad en su página web. Y ahí, justo ahí, ha estado hasta hace poco Meritxell Budó, 'consellera' de la Presidència de la Generalitat.