Derrama de urgencia de JxCAT y PDeCAT para pagar abogados a encausados por el 1-O

JxCAT y PDeCAT han pedido a los militantes y cargos de ambas formaciones una derrama extraordinaria para pagar las defensas de los encausado en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, y en el que hay una docena de cargos de estas formaciones por su participación en el 1-O, según apuntan fuentes de ambas formaciones. El objetivo: recaudar una cantidad cercana a los 50.000 euros para cubrir los costes de los abogados defensores de los acusados a los que se les imputan diversos delitos por haber facilitado la consulta del 1-O por actos como facilitar la publicidad que había prohibido el Tribunal Constitucional o por haber robado el censo para poder hacer la votación del primero de octubre de 2017.

La derrama se ha planteado a un precio de 25 euros por persona como mínimo. Pero eso es para militantes de base y la cifra va subiendo hasta llegar a un porcentaje salarial en los casos de los diputados y altos cargos. Todos los que tienen un cargo vinculado al sector público han tenido que pagar más, de manera escalonada, en función de los ingresos.

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Los encausados por el 1-O en esta causa, derivada de la que ya se ha juzgado en el Tribunal Supremo, suman 30 personas. Son los altos cargos y segundas líneas en los que se apoyaron Carles Puigdemont y Oriol Junqueras para llevar a cabo la consulta de hace dos años. Pero, por suerte, se ha podido ir depurando la cifra hasta llegar a solo ocho. Para empezar, se ha apartado a los cargos vinculados a ERC, un total de 13. Y luego los que estaban en empresas públicas que disponían de un seguro de responsabilidad civil.

Eso ha permitido reducir la cifra a ocho personas, entre los que se encuentran el secretario de Comunicación del Govern, Antoni Molons; el exsecretario de presidencia Joaquim Nin; o la exsecretaria de Governació Meritxell Massó; entre otros.

Para asumir la recogida de fondos, JxCAT y el PDeCAT han creado un comité conjunto que gestiona este tipo de solidaridad con los encausados. El comité está formado por el presidente del PDeCAT David Bonvehí, la 'consellera' de Presidència, Meritxell Budó; el portavoz de JxCAT en el Parlament, Albert Batet, y el antiguo alto cargo de CDC, Francesc Sànchez.

La defensa de los presos y encausados por los denominados "hechos de octubre" está resultando muy cara para el PDeCAT. En el partido ya estiman que cuando todo acabe en total esta partida superará de largo el millón de euros. Además, están sufragando parte de los costes legales del exilio, como los pagos al abogado Gonzalo Boye, según han apuntado fuentes de este partido.

Por eso se ha incluido a JxCAT: donde muchos diputados no militan en el PDeCAT. Al incluir el comité conjunto se ha podido contar con los sueldos de diputados que no militan en el partido, tanto en el Congreso en Madrid —Jaume Alonso Cuevillas o Laura Borràs— o los independientes que se sientan en el Parlament, como la exseleccionadora de natación sincronizada Anna Tarrés. Nadie se libra.

El caso de TV3

Otro modo de reducir la cantidad de encausados que reciban la ayuda ha sido segregando los vinculados a la Corporación de Medios Audiovisuales CCMA, el 'holding' que controla TV3 y Catalunya Ràdio y que dispone de un seguro de responsabilidad civil. Este es el caso de la vicepresidenta de la CCMA, Núria Llorach y de otros tres encausado vinculados a esta empresa pública, que en el primer trimestre de 2018 licitó su contrato de responsabilidad civil, según consta en la memoria de la entidad en 2018.

Para los directivos y empleados de la CCMA se ha recurrido al seguro de responsabilidad civil para cubrir a la defensa de los encausados por el 1-O

Sin embargo, fuentes jurídicas han cuestionado la regularidad de esta estrategia. Primero, porque la CCMA es una empresa pública y la prima de ese seguro para dar esa cobertura es dinero público que en principio no podría dedicarse a eso. Y, segundo, porque se trata de una causa penal y ese tipo de seguros se denominan de responsabilidad civil. En caso de Núria Llorach, la vicepresidenta a la CCMA está acusada de desobediencia, igual que el resto de cargos de la empresa.

Sector a la fuga

Precisamente, el sector asegurador fue un sector a la fuga con la crisis política catalana de hace dos años. Segurcaixa rescindió de manera unilateral las pólizas de responsabilidad civil de la Generalitat y el Parlament que cubrían la actividad de los altos cargos. Lo hizo en octubre de 2017, después de que se aprobaran en el Parlament las Leyes de Transitoriedad Jurídica, lo que a juicio de la compañía generaba un entorno de inseguridad jurídica.