Guerra entre ERC y JxCAT por los gastos en el municipio más rico de Cataluña

La guerra entre ERC y JxCAT se recrudece en el municipio más rico de Cataluña. Sant Cugat del Vallès, donde la renta media de los vecinos supera los 50.000 euros, está gobernado desde las últimas elecciones por la republicana Mireia Ingla, que se ha encontrado con 1,4 millones de euros pagados en facturas sin contrato por el anterior equipo municipal de JxCAT. La alcaldesa ha decidido ahora poner el caso en manos de la Fiscalía.

El pasado 30 de julio, Ingla ya informó a través de Twitter de que se disponía a entregar a los Mossos d'Esquadra una documentación "relativa a las irregularidades que ha detectado el interventor del ayuntamiento en las cuentas de 2018 y que ha solicitado la Fiscalía", porque "Sant Cugat no se merece una gestión del dinero público que se salta la Ley de Contratos", según informa EFE. Ingla asumió el cargo en junio, tras el pacto de gobierno alcanzado por ERC, el PSC y la CUP, que puso fin a 32 años de gobiernos convergentes.

Según Ingla, "en 2018 se llegó a pagar 1.400.000 euros en facturas que no tenían detrás ningún contrato", por lo que se ha "incumplido lo que establece la Ley de Contratos", un hecho que fue detectado por "altos funcionarios del ayuntamiento" como el interventor y la secretaria general. Ahora, el nuevo "Gobierno llevará a la Fiscalía las cuentas de 2019, porque todo el mundo debe entender que no se puede pagar con dinero público nada que no esté previamente avalado en un contrato vigente", ha indicado.

El informe que ha dado lugar a la denuncia fue desvelado hace semanas por El Confidencial. Facturas sin contabilizar, adjudicaciones a dedo, gastos incontrolados… La gestión en el Ayuntamiento de Sant Cugat había sido nefasta. Eso es lo que se deducía del informe de casi 100 páginas elaborado por el interventor municipal. Los descubrimientos eran de tal magnitud que se dio parte a la Sindicatura de Cuentas. Y el grupo municipal de Ciudadanos presentó una denuncia en Fiscalía por los gastos incontrolados de más de 1,4 millones de euros solamente durante los ejercicios de 2017 y 2018. La misma a la que ahora se suma la alcaldesa de ERC.

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“A pesar de que todos los servicios objeto del informe eran plenamente idóneos para su prestación mediante contratos públicos, en ninguno de los recogidos la Administración o sus entidades dependientes emplearon procedimiento de contratación pública alguno”, dice la denuncia.

El Ayuntamiento de Sant Cugat ya estuvo implicado en el denominado caso Palau (en el que CDC resultó condenada por financiación ilegal) por la adjudicación de un pabellón deportivo. En aquel momento, adjudicó un pabellón deportivo y el 4% del coste de la obra se transfirió al Palau de la Música, que hizo llegar el 2,5% a la Fundación Trias Fargas, que dependía de Convergència. Para derivar responsabilidades, el año pasado el consistorio hizo público que estudiaba… ¡denunciar a CDC por haber desviado comisiones ilegales por un monto de 167.000 euros en la construcción del pabellón! O sea, el Ayuntamiento de Sant Cugat, de Convergència, estudiando denunciar a Convergència. Evidentemente, no hubo tal denuncia.

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El año pasado, se adjudicaron las obras de rehabilitación de un edificio público por más de 270.000 euros más IVA. De esa obra, la empresa ya emitió una primera factura de 37.000 euros en concepto de incremento de trabajos ya ejecutados, pero la Intervención mostró su objeción porque en su adjudicación “eludió los trámites esenciales del procedimiento” y no existe ninguna justificación a ese aumento del coste. Aun así, reconoce que “la empresa no ha de soportar los perjuicios derivados de la actuación municipal y ha de ser compensada”.

El informe es demoledor, porque deja al descubierto las deficiencias de la gestión municipal. Detalla, por ejemplo, multitud de contratos y gastos adjudicados sin haber aprobado la partida de gasto correspondiente, como uno de 17.478 euros a la empresa Tandem Social SCCL por “acompañamiento de proyectos de emprendeduría social”, u otro de 12.661 euros por “el suministro de material para la sostenibilidad del arbolado de la ciudad” a Natural i Art Jardiners.

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El cambio de nombre de la plaza del Rey, que pasó a llamarse plaza del 1 de Octubre, supuso un gasto de casi 9.000 euros en el montaje del escenario, alquiler de pantallas, equipos de sonido y presentación del acto. El contrato de alquiler de sonido se lo llevó So i Llum Joan Carles, una empresa que no siguió ninguno de los trámites legales para hacerse con el servicio. Bucbonera Records alquiló la pantalla led del acto de cambio de nombre de la plaza por más de 5.200 euros.

El propietario de ambas compañías es Joan Carles Martín, miembro de la junta directiva de la patronal Cecot (una patronal alineada con el soberanismo que llegó a ser expulsada de Fomento) y presidente de Patrosil (Asociación de Empresas de Alquiler de Iluminación y Sonorización de Cataluña). Además de las dos citadas, Martín también controla las empresas Carrera Continua y Le Sound Truck Events Barcelona.