DESCONTROL EN LOS GASTOS MUNICIPALES

El informe que saca los colores a Sant Cugat, el pueblo más rico de Cataluña

Un documento del interventor municipal detalla que se vulneraron las leyes de adjudicaciones y las normas reguladoras de las haciendas locales sobre fiscalización y contabilización

Foto: Ayuntamiento de Sant Cugat. (Google Maps)
Ayuntamiento de Sant Cugat. (Google Maps)

Facturas sin contabilizar, adjudicaciones a dedo, gastos incontrolados… La gestión en el Ayuntamiento de Sant Cugat (uno de los más ricos de Cataluña) es nefasta. Al menos, eso es lo que se deduce de un informe de casi 100 páginas elaborado por el interventor municipal. Los descubrimientos son de tal magnitud que ha dado parte a la Sindicatura de Cuentas para que tome cartas en el asunto. Y el grupo municipal de Ciudadanos ha presentado ya una denuncia en Fiscalía por gastos incontrolados de más de 1,4 millones de euros solamente durante los ejercicios de 2017 y 2018.

“A pesar de que todos los servicios objeto del informe eran plenamente idóneos para su prestación mediante contratos públicos, en ninguno de los recogidos la Administración o sus entidades dependientes emplearon procedimiento de contratación pública alguno”, dice la denuncia.

Para los representantes de Ciudadanos, “es especialmente indiciaria la voluntad intencional de orillar u omitir el cumplimiento de la legalidad en la adjudicación 'de facto' de los servicios que motivan los créditos a la postre reconocidos, pues corresponden a servicios que, lejos de ser imprevisibles, eran perfectamente programables de manera anticipada por parte de la corporación”. Afirman, además, que el sistemático desprecio por la normativa en materia de adjudicación de contratos apunta a una intencionalidad en la adjudicación de los servicios.

El informe del interventor detalla que no solo se vulneraron las leyes de adjudicaciones, sino también las normas reguladoras de las haciendas locales en materia de fiscalización y contabilización de las obligaciones asumidas.

El Ayuntamiento de Sant Cugat ya estuvo implicado en el denominado caso Palau (en el que CDC resultó condenada por financiación ilegal) por la adjudicación de un pabellón deportivo. En aquel momento, adjudicó un pabellón deportivo y el 4% del coste de la obra se transfirió al Palau de la Música, que hizo llegar el 2,5% a la Fundación Trias Fargas, que dependía de Convergència. Para derivar responsabilidades, el año pasado el consistorio hizo público que estudiaba… ¡denunciar a CDC por haber desviado comisiones ilegales por un monto de 167.000 euros en la construcción del pabellón! O sea, el Ayuntamiento de Sant Cugat, de Convergència, estudiando denunciar a Convergència. Evidentemente, no hubo tal denuncia.

Hace pocos meses, una demoledora sentencia ponía fin a 20 años de litigio entre el ayuntamiento y la familia de José Luis Núñez, expresidente del Barça. El constructor ganó todos los pleitos judiciales para poder construir en la zona de Torre Negra, un paraje donde hasta ahora han levantado construcciones todos menos Núñez. A poco de dictarse la sentencia, el concejal de Urbanismo, Damià Calvet (también director general del Incasol, el organismo de la Generalitat que controla el suelo, lo que le podía crear conflicto de intereses) presentó un nuevo Plan General Metropolitano cambiando las normas para que no le afectase la sentencia. Calvet es, actualmente, consejero de Territorio.

Cesión de trabajadores al ayuntamiento

El informe del interventor municipal saca ahora los colores al consistorio, que hasta el año pasado estuvo dirigido por Mercè Conesa, entonces presidenta de la Diputación y ahora presidenta del puerto de Barcelona. La actual alcaldesa, Carmela Fortuny, se encontró ya una situación podrida, pero la realidad es que desde su llegada apenas se han tomado medidas para revertirla.

El año pasado, se adjudicaron las obras de rehabilitación de un edificio público por más de 270.000 euros más IVA. De esa obra, la empresa ya emitió una primera factura de 37.000 euros en concepto de incremento de trabajos ya ejecutados, pero la intervención mostró su objeción porque en su adjudicación “eludió los trámites esenciales del procedimiento” y no existe ninguna justificación a ese aumento del coste. Aun así, reconoce que “la empresa no ha de soportar los perjuicios derivados de la actuación municipal y ha de ser compensada”.

El interventor detalla que no solo se vulneraron las leyes de adjudicaciones, sino también las normas reguladoras de las haciendas locales

Facturas de Adecco y Randstad también levantan sospechas. Estas empresas “han estado prestando servicios de cesión de trabajadores desde el año 2012 y existe un contrato con la empresa Gobelin para la prestación de servicios de asistencia técnica desde el año 2014”. En total, más de 63.000 euros. Se constata también que no hay expedientes de licitación de los servicios, lo que vulnera la ley. De la empresa Gobelin, que ha facturado más de 87.000 euros solo durante el año pasado, se han detectado más de 40.000 euros irregulares de 2017 y dos facturas más de 2018 por casi 56.500 euros. De Addeco, que facturó el último ejercicio casi 34.000 euros, tiene algo más de 20.000 euros en facturas sospechosas y espera la aprobación de otras dos facturas por 14.374 euros.

Según el informe, “la omisión esencial de los trámites y de las formalidades que establece la normativa en materia de contratación pública comporta la nulidad de pleno derecho del contrato, sin perjuicio de las indemnizaciones que pueden corresponder a quien realizó las prestaciones a favor de la Administración, ya sea por la vía de la responsabilidad patrimonial o por la vía del enriquecimiento injusto”.

Los servicios básicos, afectados

No es solo eso: la compañía Eolia se hizo con el contrato de suministro y servicios energéticos y del mantenimiento de los edificios municipales. El contrato finalizó en mayo de 2017, pero ni se ha convocado otro concurso ni se ha renovado el antiguo contrato. “Nos encontramos en una situación irregular sobrevenida que requiere de la adopción de las medidas oportunas”, alerta el interventor. De momento, faltan por pagar facturas por más de 341.000 euros, que están en esa situación irregular, aunque no están contabilizadas las de 2018 ni las de 2019.


También hay más de 46.000 euros que se deben por subvenciones a la explotación de tres líneas de autobuses. Pero no son los únicos desbarajustes: el informe detalla cómo se contratan servicios por miles de euros sin ningún tipo de rigor ni de control. Así, por ejemplo, la empresa Citelum Ibérica excedió los costes de su contrato, el año pasado, en casi 67.000 euros en cuanto a mantenimiento correctivo de la iluminación pública. “En la tramitación de las facturas citadas en este apartado —relata el informe—, no se ha dado cumplimiento a lo establecido en la ley en materia de fiscalización y contabilidad ni en el Real Decreto 424/2017 por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del sector público local”. La empresa Clece, dedicada a la limpieza de edificios municipales, también excedió en casi 14.000 euros sus costes. Pero en servicios de limpieza de edificios municipales, esa compañía realizó trabajos por más de 152.000 euros sin que mediara contrato alguno.

El consistorio de Sant Cugat realizó, asimismo, pedidos de libros por valor de miles de euros. En 2018, se gastaron en libros 29.000 euros, de los que casi 5.000 euros se adjudicaron a una de las empresas de Diana Riba, esposa de Raül Romeva.

Coste del ‘efecto 1 de octubre’

El informe es demoledor, porque deja al descubierto las deficiencias de la gestión municipal. Detalla, por ejemplo, multitud de contratos y gastos adjudicados sin haber aprobado la partida de gasto correspondiente, como uno de 17.478 euros a la empresa Tandem Social SCCL por “acompañamiento de proyectos de emprendeduría social”, u otro de 12.661 euros por “el suministro de material para la sostenibilidad del arbolado de la ciudad” a Natural i Art Jardiners.

El cambio de nombre de la plaza del Rei, que pasó a llamarse plaza del 1 de Octubre, supuso un gasto de casi 9.000 euros en el montaje del escenario, alquiler de pantallas, equipos de sonido y presentación del acto. El contrato de alquiler de sonido se lo llevó So i Llum Joan Carles, una empresa que no siguió ninguno de los trámites legales para hacerse con el servicio. Bucbonera Records alquiló la pantalla led del acto de cambio de nombre de la plaza por más de 5.200 euros.

El propietario de ambas compañías es Joan Carles Martín, miembro de la junta directiva de la patronal Cecot (una patronal alineada con el soberanismo que llegó a ser expulsada de Fomento) y presidente de Patrosil (Asociación de Empresas de Alquiler de Iluminación y Sonorización de Cataluña). Además de las dos citadas, Martín también controla las empresas Carrera Continua y Le Sound Truck Events Barcelona.

El interventor encontró, asimismo, facturas por pagar por casi 29.000 euros a nombre de la Fundació Catalana de l’Esplai correspondientes al año pasado. Según el informe, estas facturas “corresponden a gastos que superan los límites cuantitativos de los contratos menores y se han tramitado incumpliendo los procedimientos de contratación previstos en la ley”.

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