Un pelotazo económico salpica ya a un 'conseller' de Torra

Vuelven los días de vino y rosas de los pelotazos urbanísticos. Y Sant Cugat, la ciudad satélite de Barcelona, el feudo de Convergència de las últimas décadas, se sitúa de nuevo en la diana de operaciones sospechosas. Esta localidad cercana a Barcelona, cuya alcaldesa es Mercè Conesa, presidenta de la Diputación de Barcelona y del PDeCAT, se ha visto salpicada por varios escándalos. El último señala directamente al flamante nuevo consejero de Territorio que Quim Torra nombró esta semana: Damià Calvet, que el pasado mes de febrero elaboró un ventajoso convenio como responsable de Urbanismo de la localidad para beneficiar a una prominente familia independentista, que percibirá más de 1,1 millones de euros por un jardín de 448,85 metros cuadrados: cada metro cuadrado ha costado al erario público 2.520,20 euros. Casi nada.

Clavet impulsa la modificación del plan general metropolitano para saltarse los fallos judiciales. El asunto, según la oposición, huele a trato de favor

La excusa es que en la zona se puede construir, pero el ayuntamiento prefiere que no. Por eso, les compra el jardín a los ‘indepes’ de pro: para que no construyan. No sería nada extraño, si no fuese por que hay decenas de familias no independentistas que tienen sentencias favorables para construir y que han visto cómo el consistorio les niega reiteradamente los permisos. Incluso el propio Clavet impulsa la modificación del plan general metropolitano para saltarse las resoluciones judiciales. Todo eso, sin comprarles ni un metro cuadrado de terreno. El asunto, según la oposición, huele a trato de favor.

La familia protagonista de esta historia es la familia Broggi, heredera del afamado médico Moisès Broggi, fallecido el 31 de diciembre de 2012. El patriarca, uno de los iconos del soberanismo, concurrió a las municipales de 2011 en el último lugar de la lista de ERC por Barcelona. Ese mismo año, aceptó encabezar la candidatura de ERC al Senado en las generales. Tenía entonces 103 años y no resultó elegido, aunque no faltaron las críticas por presentar a una persona tan mayor para un puesto que necesita de una gran energía. Broggi tenía en su pecho la Cruz de Sant Jordi, la Medalla de Oro de Barcelona, el Premio Nacional a la Trayectoria Profesional y Artística, y su nombre le fue puesto al hospital de Sant Joan Despí en 2010. Fue también uno de los fundadores de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear (que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1985) y presidente de la Real Academia de Medicina de Cataluña. También fue uno de los primeros en reclamar, en el 2011, una lista única independentista en las elecciones.

El extraño caso del 'conseller'

Quien manejó toda la operación fue Damià Calvet, responsable de Urbanismo del ayuntamiento, al tiempo que director general del Incasol (Instituto Catalán del Suelo) en aquel momento. Calvet acaba de ser nombrado consejero de Territorio en sustitución del encarcelado Josep Rull, de quien es muy amigo. También está considerado un hombre muy cercano a Carles Puigdemont.

El convenio firmado por Calvet y la familia Broggi, que obra en poder de El Confidencial, explica que en la finca “hay un ejemplar de encina ‘quercux ilex’ catalogada y protegida en el Plan especial de Protección del Patrimonio arquitectónico de Sant Cugat, lo que imposibilita la ejecución, materialización y patrimonialización de la totalidad de los derechos edificatorios y urbanísticos de que dispone la parcela”.

En realidad, según un detalladísimo informe, la encina en cuestión tiene una altura de 16 metros, un perímetro de tronco de 202 centímetros y una anchura de copa de 22,5 metros. Se trata, según el informe, de “un magnífico ejemplar de encina, de elevado valor patrimonial, en muy buen estado, sano y vigoroso (…) Se ha de respetar y mantener en su ubicación originaria y sin alteraciones ni modificaciones de su entorno inmediato”. Curiosamente, a su lado existe otra encina ‘quercux ilex’ muy similar, de 13 metros de altura, un perímetro de tronco de 170 centímetros y una anchura de copa de 18 metros, pero no se considera catalogada, a pesar de que también es un “magnífico ejemplar, sano y vigoroso”. Esta encina se puede sustituir por otro árbol. Y aunque el informe municipal recuerda que, al igual que la primera, ha de mantenerse en su ubicación originaria sin alteraciones ni modificaciones de su entorno inmediato, le aplica una condición relevante: puede ser trasplantada a otros rincones de la misma parcela o a espacios públicos. A la primera se le deniega esta condición para justificar el ‘pelotazo’.

El documento señala que "el pago del justiprecio está exento del pago de cualquier gasto, impuesto o tasa, a excepción del IVA de los terrenos"

En el convenio, se detalla que el ayuntamiento redactará un nuevo plan general metropolitano calificando la finca como zona verde pública. Pero el punto más importante es el que señala que “el ayuntamiento y la propiedad tienen interés en que se proceda a la expropiación en trámite de avenencia”. Por eso, el consistorio valora el terreno en 1.131.192,25 euros, de los que 565.596,13 euros se abonan en el momento del otorgamiento del acta de pago y el resto, en el plazo de un año. Asimismo, el documento señala que “el pago del justiprecio está exento del pago de cualquier gasto, impuesto o tasa, a excepción del IVA de los terrenos, que irá a cargo de la parte expropiada”. La familia desiste, así, “de la licencia de construcción solicitada respecto a la finca objeto de expropiación”.

En sus informes, para justificar la compra, el ayuntamiento añade otra peregrina excusa además de la encina catalogada: dice que aunque se construyese en la parte de ese terreno para la que existen permisos —lo cual sería completamente legal—, “cortar el tramo de calle, además de incumplimientos normativos, produciría importantes molestias a los vecinos y afectaciones al tráfico de vehículos y viandantes”.

La parcela en la que se ha expropiado este pequeño jardín tiene dos construcciones: una vivienda plurifamiliar y una unifamiliar, las dos con sótano, planta baja y dos pisos, que podrán seguir siendo habitadas, ya que no entran dentro del convenio de expropiación. Lo que sí perderán es un aparcamiento en superficie “entre ambos edificios y junto a la encina catalogada”.

Los motivos del ayuntamiento

Fuentes del Ayuntamiento de Sant Cugat explican a este diario que el terreno afectado forma parte de la modificación urbanística, que tiene tres grandes patas: el barrio de Les Planes, una zona boscosa calificada como urbanizable, en la que hay 150 chalés; el terreno de la familia Broggi, en el que se podía construir pero que ahora ha sido comprado por el consistorio, y el sector de la Torre Negra, zona que es urbanizable por sentencia firme pero que desde el consistorio se mantiene que tienen "la potestad para negar los permisos”.

En el caso de Broggi, las fuentes explican que el ayuntamiento "se queda el jardín, que se abrirá al público, y se ha de compensar a los propietarios"

En el caso de Broggi, las fuentes explican que el ayuntamiento “se queda el jardín, que será abierto al público, y por eso se ha de compensar a los propietarios. Para ello, se ha tenido en cuenta la valoración técnica que se hace desde el catastro”. Con esta decisión, afirman desde la Administración local, “se quiere potenciar la construcción en el centro de la ciudad y no en la zona más cerca de la sierra de Collserola [la sierra que separa Sant Cugat de Barcelona, donde se ubica el Tibidabo]”. Otra cosa es que un pequeño espacio de 448 metros sirva para sostener esa teoría y que, en cambio, centenares de hectáreas en las mismas condiciones se mantengan en manos privadas, sin interés alguno del ayuntamiento por comprarlas.

Para la oposición, la operación es sospechosa. “En julio de 2017 se solicita un permiso de construcción; en algo más de seis meses, el efectivo Ayuntamiento de Sant Cugat responde y expropia el terreno por 1.131.000 euros. ¡Una barbaridad!”, protestó en el pleno del pasado mes de febrero la concejala y diputada Munia Fernández, representante de Ciudadanos. Porque, según puso de manifiesto: “Queremos que el ayuntamiento respete unos derechos de edificabilidad. Nosotros tenemos constancia de personas que llevan 25 años con derechos de edificación en esta ciudad y nadie les ha resuelto la papeleta”.

Bajo sospecha

La ciudad ya salió escaldada hace pocas semanas, tras conocerse la sentencia del caso Palau, puesto que una de las ‘mordidas’ a Convergència se había realizado a través de la institución musical gracias a una obra que Ferrovial se había adjudicado en ese feudo, entonces la localidad catalana más importante en manos de CiU. La obra, un pabellón deportivo, costó más de 4,1 millones de euros, de los que Ferrovial pagó a tocateja 167.000 a Fèlix Millet, el patrono del Palau de la Música. Esa cantidad coincide con el 4% del valor de la obra. Fiel a su estilo, Millet transfirió a las arcas de Convergència algo más de 104.000 euros (el 2,5% de la mordida) y se reservó para su bolsillo algo más de 62.000 euros (el 1,5% restante de la comisión).

En el momento de la concesión de la sospechosa obra, era alcalde de la ciudad Lluís Recoder, mientras que Mercè Conesa era teniente de alcalde de Urbanismo. La dirigente convergente asumió la alcaldía cuanto Recoder dejó su cargo y pasó a ser consejero de Obras Públicas del Gobierno de Artur Mas. Ahora, la sombra de la sospecha vuelve a planear sobre Sant Cugat.

Fernández fue más allá y definió la situación: “Simplemente, el ayuntamiento se lanza a comprar un árbol en el sentido siguiente: si el árbol está protegido ya y está catalogado, no se puede tirar, no se puede derrumbar, hay unas multas ecológicas muy importantes. ¿Es la solución expropiar por 1.131.000 euros? A nosotros nos parece una solución a medida. No logramos entender esto. La operación no es clara, no nos parece justa. Nos parece demasiado dinero”.