El 'procés' en los medios

La Fiscalía pide procesar por organización criminal a la cúpula de TV3 por el 1-O

La Fiscalía ve indicios de organización criminal en la actuación de la cúpula de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) y de la Generalitat ante el referéndum del 1-O

Foto: Ilustración: Raúl Arias.
Ilustración: Raúl Arias.

La Fiscalía de Barcelona ha pedido que se procese por un delito de organización criminal a 28 de los imputados por los preparativos del 1-O, además de por malversación, prevaricación, desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos, delitos por los que ya están acusados.

El Ministerio Público ha presentado un escrito ante la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona en el que pide añadir ese delito a 28 de los 30 procesados por organizar el 1-O, entre ellos, la cúpula de la radio y la televisión públicas catalanas y a varios ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont.

Entre ellos se encuentran Antoni Molons, secretario general de Difusión de la Generalidad, los responsables del Diplocat, la presidenta de la CCMA, Núria Llorach, el director de TV3, Vicent Sanchis, el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, y el director de Marketing y Ventas de la CCMA, Martí Patxot, entre otros.

La Fiscalía considera que una organización criminal es "cualquier red estructurada, sea cual fuere la forma de estructuración, que agrupe a una pluralidad de personas con una jerarquización y reparto de tareas". E incluye a estas 28 personas como las que "de forma concertada y permanente en el tiempo y con la finalidad de conseguir por vías delictivas la secesión de la comunidad autónoma de Cataluña" participaron mediante aportación individual y jerarquizada.

El 9 de abril, el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona procesó a 30 investigados en la causa abierta por los preparativos del 1-O en 2017, la mayoría de ellos ex cargos públicos del Govern de Carles Puigdemont —algunos siguen en la Generalitat—.

La magistrada titular había adoptado esta decisión en un auto de procesamiento por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación, tras más de dos años de instrucción iniciada por el fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer.

La jueza fijó en 5.803.068,67 euros la fianza solidaria por responsabilidad civil para los procesados por malversación, cantidad supuestamente gastada o comprometida con la celebración del 1-O.

La jueza rechaza juzgarles por separado

Por otra parte, la jueza que investiga la organización del referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017, Alejandra Gil, ha rechazado la petición de la presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, y de los miembros de la cúpula de la institución pública para que formalice una pieza separada y así evitar ser juzgados con el resto de la treintena de imputados.

Según una providencia dictada por la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona el pasado 29 de abril, que obra en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada considera que el hecho de abrir piezas separadas en el momento en que se encuentra el procedimiento "no supondrá acelerar, agilizar y simplificar la investigación", tal y como alegan Llorach, Sanchís y Patxot, en respectivos recursos presentados.

Para estos procesados por un presunto delito de desobediencia por emitir la publicidad del 1-O, como el anuncio conocido como el de las 'vías del tren', en que aparecían unas vías ferroviarias con el lema 'Naciste con la capacidad de decidir, ¿vas a renunciar?', la causa en la que se encuentran inmersos se nutre de hechos múltiples y de naturaleza muy distinta, por lo que hacer piezas separadas ayudaría a "agilizar" la investigación y el enjuiciamiento.

Cataluña

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