¿Cambiará el procesamiento de Puigdemont y sus 'consellers' la mayoría del Parlament?

El procesamiento de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de diputados del Parlament de Cataluña inmersos en la causa que sigue el Tribunal Supremo por el 'procés' tendrá a corto/medio plazo un efecto inmediato en las fuerzas de un Parlament dividido por la mitad entre partidos independentistas y constitucionalistas, donde cada voto cuenta. La suspensión de sus cargos públicos será una realidad en breve y afectará a la precaria mayoría de JxCAT y ERC. Estos son los pasos y los efectos del procedimiento judicial en la Cámara Baja:

1. El viernes 23 el juez Pablo Llarena procesó a 25 acusados por delitos de rebelión, malversación y desobediencia, y envió a la cárcel de forma preventiva a cinco de ellos. Elevó de este modo a ocho el número total de presos en el procedimiento. De ellos, conservan el escaño un total de cinco personas: Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva. También son diputados dos de los fugados en Bélgica: el ahora detenido Carles Puigdemont y Toni Comín.

2. En aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aquellos presos o huidos procesados por rebelión —siete personas— quedarán suspendidos para el ejercicio de cargo público en el momento en que ese procesamiento sea firme. El auto dictado el pasado viernes adquirirá firmeza cuando el instructor Llarena responda a los recursos que contra su decisión han presentado en reforma los acusados. La fecha tope para contestar el procesamiento acababa este martes.

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3. No obstante, al filo del fin del plazo se produjo una circunstancia que altera los tiempos. El magistrado decidió admitir la personación en el procedimiento de Carles Puigdemont. El periodo marcado para recurrir que contaba para todas las partes desde la notificación del auto el pasado viernes no sirve en el caso del 'expresident', a quien ahora se dará traslado del sumario completo para su conocimiento y defensa. Una vez sus letrados lo tengan en su poder, tendrán tres días para recurrir. Esta decisión de Llarena amplía así el tiempo para que el procesamiento sea firme. No lo será hasta que el juez no responda a todos los escritos presentados.

4. Se abre un periodo de un mínimo de una semana para que se reúnan las condiciones para la suspensión de los cargos que aún conservan acta de diputados en el Parlament. En caso de que el juez rechace todos los recursos, el procesamiento será firme sin necesidad de esperar a la respuesta de la Sala de Apelaciones del Supremo, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

5. A partir de ese momento, la suspensión será comunicada al Parlament. Una diligencia de ordenación firmada por la letrada de la Administración de Justicia del magistrado comunicará de forma oficial a la cámara que Puigdemont y los otros seis diputados están suspendidos para el ejercicio de sus cargos. El juez Llarena no entra en la aplicación práctica de este efecto, que queda en manos de la cámara y de los partidos a que pertenecen los diputados: ERC y JxCAT.

6. La suspensión no equivale a una pérdida del acta, pero sí a la imposibilidad de ejercer las funciones públicas aparejadas al cargo público, como por ejemplo la votación de iniciativas, incluyendo futuras investiduras. Las dos formaciones y los afectados tendrán que decidir si priorizan que los políticos encarcelados o refugiados fuera de España conserven el escaño pero queden congelados para la acción parlamentaria o prefieren una renuncia que propiciaría que se mantenga la mayoría de 66 diputados que suman ERC y JxCAT, frente a los 65 de Ciudadanos, PSC y PP. Solo si hay renuncia al acta el escaño pasa al siguiente en la lista de las formaciones.

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7. Esta decisión personal de cada acusado será esencial para determinar el equilibrio final de fuerzas. Hay que tener en cuenta que tanto Puigdemont como Comín se han resistido desde el 21-D a entregar el acta, pese a que su decisión ha obligado a depender del voto favorable o abstención de los cuatro diputados de la CUP. Este hecho desembocó, por ejemplo, en el fracaso de la investidura de Jordi Turull.

8. Es poco probable que el 'expresident' y quien fuera 'conseller' de Sanidad se ofrezcan ahora a dejar sus actas. Ambos están inmersos en un procedimiento de entrega a España en el que es previsible que esgriman la violación de sus derechos políticos. Mantenerse como diputados electos les da mayor fuerza para oponerse a la extradición por rebelión que solicita el juez Llarena.