El Defensor del Pueblo Rafael Ribó

El informe del amigo de Sànchez que los independentistas impondrán en el Parlament

Ribó destaca que la aplicación del 155 es ilegal porque “la destitución en pleno del Gobierno catalán vulnera el derecho a la participación política de toda la ciudadanía de Cataluña”

Foto: El 'síndic de Greuges', Rafael Ribó, con Roger Torrent. (EFE)
El 'síndic de Greuges', Rafael Ribó, con Roger Torrent. (EFE)

El 'síndic de Greuges' (defensor del Pueblo), Rafael Ribó, pidió este martes al presidente del Parlament, Roger Torrent, que le deje intervenir en el pleno parlamentario convocado para este miércoles en primer lugar, en una comparecencia que, cuanto menos, puede ser sospechosa de parcialidad y manipulación. La presencia del 'síndic' fue solicitada por el bloque independentista para exponer ante la cámara el informe que realizó sobre el referéndum del 1 de octubre, en que afirma que hubo un uso excesivo de la fuerza.

La intervención se produce justamente antes de que los independentistas aprueben dos resoluciones que piden la libertad de los “presos políticos” y la vuelta de los “exiliados”, así como el derecho a la investidura de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull. Se da la circunstancia de que Jordi Sànchez fue el adjunto a Rafael Ribó en la sindicatura hasta su salto a la presidencia de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

Se produce, pues, la curiosa casualidad de que Ribó emitió un informe ‘a la carta’ sobre acontecimientos en los que uno de los principales acusados es su hasta hace poco mano derecha. El duro informe de Rafael Ribó (amigo personal y compañero de partido de Sànchez desde hace décadas) subraya que el Estado español ejerció “represión” contra la ciudadanía catalana en general y contra los independentistas en particular.

El informe que quiere presentar Ribó arremete duramente contra el Estado español y la Fiscalía, acusando al Gobierno central de conculcar los derechos de libertad de expresión y de reunión y a la Fiscalía de “falta de proporcionalidad en sus actuaciones”. Así, recoge solo determinadas actuaciones del Gobierno y de los fiscales, obviando toda mención a cualquier asunto que pueda erosionar al independentismo. Y no solo eso: llega a afirmar que “el Ministerio Fiscal se extralimitó en sus funciones, cosa que podría dar lugar a la exigencia de responsabilidades”.

Ribó destaca que el 155 es ilegal porque “la destitución en pleno del Gobierno catalán vulnera el derecho a la participación política de la ciudadanía”

Sí reconoce, en un momento determinado, que en prensa aparecieron noticias “sugiriendo que en Cataluña se estaban produciendo actuaciones de adoctrinamiento o de falta de respeto a la libertad de pensamiento y conciencia de los alumnos”, pero pasa por alto cualquier investigación sobre ello y lanza balones fuera: “El 'síndic' recuerda que el artículo 13 de la Convención de los Derechos del Niño reconoce el derecho de los niños y adolescentes a la libertad de expresión y establece que este incluye el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo”. Luego, solo comenta que los centros “se deben abstener de impulsar o promover la participación del alumnado en actos que supongan un posicionamiento etiológico, político o religioso, y tampoco deben promover la manifestación de los alumnos a favor de una determinada postura política dentro o fuera del centro escolar”. No incorpora, sin embargo, ninguna de las denuncias presentadas ni, por supuesto, las analiza.

Las omisiones clamorosas

Sí detalla, en cambio, que el 20 de septiembre “se produjeron las primeras citaciones a alcaldes para comparecer ante la Fiscalía. Además, el mismo día se detuvieron 14 personas, en su mayoría altos cargos del Gobierno catalán”. Añade que esas detenciones y 22 registros judiciales “provocaron protestas populares” y subraya que hubo “excesos e irregularidades” en esos registros (que había ordenado un juez). No alude a las algaradas, destrozo de coches de la Guardia Civil y acampadas de esa noche tanto en el centro de Barcelona como frente al edificio de la Audiencia. Pero, sin embargo, destaca que ese día se intervinieron las cuentas de la Generalitat, lo que vulnera la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, entre otras.

Ribó dedica un capítulo a la orden de prisión provisional de los entonces presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Y detalla: “El encarcelamiento del ex adjunto general al 'síndic' [o sea, a él mismo] y actual presidente de la ANC, y también del presidente de Òmnium, constituye una decisión contraria a los derechos y las libertades comprendidas en los tratados internacionales ratificados por el Reino de España, en especial a la libertad de expresión, la libertad de reunión y manifestación y el derecho a la libertad y seguridad”. Y subraya que “la trayectoria pacifista de los señores Sànchez y Cuixart es sobradamente conocida”.

De ahí que el 'síndic' destaque a continuación que “el auto del juzgado central de instrucción número 3 [que incorpora la prisión para ambos por sedición] contiene elementos que se podrían interpretar como la criminalización de unas entidades y de un movimiento social, exclusivamente por su ideario, de manera claramente contraria a los derechos y libertades reconocidos internacionalmente y en la Constitución, particularmente la libertad de expresión”. Y enfatiza más adelante que lo que se pretende es “criminalizar entidades y corrientes de opinión en Cataluña y cercenar sus direcciones”.

El 155 es ilegal

Ribó destaca también que la aplicación del 155 es ilegal porque “la destitución en pleno del Gobierno catalán vulnera el derecho a la participación política de toda la ciudadanía de Cataluña”, obviando que es una medida contenida en la Constitución. Respecto a la imputación penal del Gobierno cesado y de la Mesa del Parlament (a algunos de cuyos miembros se les acusa de desobediencia), señala que son medidas desproporcionadas, “como también fue desproporcionada la orden de prisión provisional sin fianza impuesta a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que se mantiene a fecha de hoy a pesar de la modificación sustancial de las circunstancias en que se produjo aquella resolución judicial”.

La intención de los independentistas es que, a partir de este informe, la cámara se posicione y condene la vulneración de los derechos fundamentales

Así, pues, zanja que las medidas cautelares de prisión provisional para los consejeros cesados “son una muestra más de la desproporción de la Justicia”. Advierte de que estas “afectaciones de derechos fundamentales y de libertades públicas” acabarán en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque los pronunciamientos de Estrasburgo “llegarán pasado un largo tiempo, cuando las vulneraciones de los derechos ya sean irreversibles y la única reparación posible sea la moral o, en según qué casos, la económica”.

La intención de los independentistas es que, a partir de este informe, la cámara se posicione y condene la vulneración de los derechos fundamentales del Estado español para con los políticos catalanes encarcelados o huidos, dejando patente la “represión política” que ejerce ese Estado sobre la ideología independentista. O sea, se pretende visualizar que hay una causa general de España en contra del soberanismo.

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