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Nuevo objetivo de los independentistas: mimar a Alemania para salvar a Puigdemont
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Nuevo objetivo de los independentistas: mimar a Alemania para salvar a Puigdemont

La estrategia es ser condescendiente con la Justicia alemana, dejar de compararla con el nazismo y esperar acontecimientos

Foto: Un joven que lleva una camiseta con una estelada, ante la cárcel de Neumünster, este lunes. (EFE)
Un joven que lleva una camiseta con una estelada, ante la cárcel de Neumünster, este lunes. (EFE)

El soberanismo catalán espera sacar provecho de la detención de Carles Puigdemont en Alemania convirtiendo este contratiempo en una oportunidad de internacionalización del conflicto. O sea, que no hay mal que por bien no venga. Como la detención es ya un hecho irreversible, los estrategas soberanistas han comenzado a calibrar la oportunidad de darle la vuelta a la tortilla para presentar al ‘expresident’ fugado como una víctima del Estado español, perseguido por sus ideas políticas.

“La nueva situación abre muchas oportunidades”, reconoce a El Confidencial un alto dirigente del PDeCAT. El primer elemento positivo que ven los independentistas es que Puigdemont está ahora en territorio alemán. En otras palabras: se ha trasladado el conflicto al corazón de Europa, a la locomotora comunitaria. De hecho, esta carta no había podido ser jugada hasta ahora debido a la poca fuerza internacional del nacionalismo catalán. Además, los pocos acercamientos que hubo con fuerzas nacionalistas en Alemania (especialmente con los bávaros) quedaron frustrados por la cruda realidad jurídica del país teutón, que castiga con severidad los intentos de secesión.

Foto: Los diputados de JXCAT Elsa Artadi (2d) y Eduard Pujol (2i), junto a otros diputados independentistas, guardan silencio tras la detención de Puigdemont. (EFE)

El segundo elemento que quieren utilizar los independentistas es el de la diferente realidad jurídica entre Alemania y España. Aquí se aplicará la estrategia de intentar convencer a la Justicia alemana de que Puigdemont es un preso político y que se le persigue por sus ideas y no por querer romper el Estado español (lo que en Alemania es considerado alta traición). Para ello, la consigna es mimar a Alemania desde todas las instancias independentistas.

En las primeras horas de la detención, los radicales más hiperventilados acusaron a Alemania de volver a la época nazi y de repetir la historia: el siglo pasado, la Gestapo detuvo a Lluís Companys, presidente de la Generalitat y se lo entregó a España, para ser fusilado. El paralelismo es aterrador: la Alemania de hoy detiene a Puigdemont y estudia entregarlo a España, donde será condenado injustamente a prisión.

Pero el independentismo cometió un error de bulto: con esa estrategia inicial, lo único que se podía conseguir era enrarecer aún más el ambiente, al mismo tiempo que quedaba muy patente la manipulación del independentismo sobre la realidad. De ahí que hubo la consigna tajante de abandonar esa línea de propaganda de agitación.

El aviso de la ANC y los CDR

Una comunicación de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y los comités de defensa de la república (CDR) fue clave en este sentido. Desde Múnich, los activistas alertaron a sus socios en Cataluña: “Desde los CDR y la ANC alemanas creemos que no es conveniente comparar la situación de Puigdemont con Companys. Primero, porque el Gobierno alemán ya pidió perdón y aceptó responsabilidades del segundo caso, y segundo, porque Alemania ha pasado página con el nazismo y los alemanes nos volverán la espalda si comparamos el sistema judicial y policial actual con el del nazismo. Pedimos simplemente la justicia que en España no tenemos”.

Así pues, la estrategia futura es ser condescendiente con la Justicia alemana, dejar de compararla con el nazismo y esperar acontecimientos. Siempre habrá tiempo para renegar de las instituciones alemanas si las decisiones son contrarias a la liberación y la no extradición del preso.

El independentismo cometió un error de bulto: con esa estrategia inicial, lo único que se podía conseguir era enrarecer aún más el ambiente

En estos momentos, el independentismo mantiene una frenética actividad internacional buscando apoyos políticos por todos los rincones. Joan Maria Piqué, responsable de comunicación internacional de Puigdemont, alardeaba de que “siete periodistas” preguntaron a la CE sobre la detención de Puigdemont. Y después de que Bruselas haya reiterado que su posición sobre Cataluña no ha cambiado, arremetió contra las instituciones europeas: “No es Bruselas. Es la corrupta, incompetente y despótica, siempre al servicio del PPE, Comisión Juncker (o debería decir, Selmayr)”. Con ello, el independentismo trata de legitimar su posicionamiento deslegitimando a las mismísimas instituciones europeas en una arriesgada cabriola dialéctica e ideológica.

Aleix Sarri, jefe de gabinete de Puigdemont, fue también tajante al ‘largar’ que la respuesta de la CE “es la vergüenza de todos los europeos”. Este salto cualitativo contra las instituciones comunitarias adquiere ahora otra dimensión, ya que el independentismo ha abandonado toda esperanza de una “mediación europea en el conflicto”. Era algo anunciado, esperado y reiterado los últimos años, aunque se mantuvo el engaño oficial desde la Generalitat a la espera de encontrar algún elemento que permitiese forzar la situación. Y si las instituciones europeas ya no sirven, se puede ‘disparar’ sobre ellas.

El frente interno

En el frente interno, la estrategia pasa por realizar actos de autoafirmación y de solidaridad con “los presos políticos y los exiliados”. La primera acción en este campo fue la de soltar un globo sonda, planteando una nueva e hipotética investidura a distancia de Puigdemont. Lo planteó incluso la responsable parlamentaria de JxCAT, Elsa Artadi, en los medios públicos de la Generalitat. Se trata de estudiar luego la reacción del Gobierno español, de los jueces y de los ciudadanos.

Artadi se sumaba, así, a la estrategia rupturista de la CUP, que ya el domingo por la noche emitió un escueto comunicado en el que anunciaba que estaba dispuesta a entrar a formar parte de la Mesa del Parlament (no le corresponde por número de diputados) si se investía a distancia al ‘expresident’. Con ello, visualizaba claramente la política de desobediencia a las leyes y a los jueces españoles.

placeholder Elsa Artadi. (EFE)
Elsa Artadi. (EFE)

De momento, lo que se ha aprobado es un pleno este miércoles en donde se aprobarán dos resoluciones conjuntas de JxCAT, ERC y la CUP sobre la libertad de los presos políticos y la salvaguarda de los derechos de todos los diputados, estén en libertad, encarcelados o en el 'exilio'. Y, como consecuencia de ello, su derecho a ser investidos. Pero las resoluciones no van más allá jurídicamente, sino que se limitan a meros posicionamientos políticos. Evidentemente, hay diputados que quieren investir a Puigdemont, recordando que renunció “temporalmente” a ser investido, por lo que si se aprueba una reforma del reglamento para permitir la investidura a distancia, podría intentarse de nuevo. Josep Costa, vicepresidente de la cámara e integrante de la candidatura de JxCAT, es de ese parecer y sostiene que el ‘expresident’ detenido tiene suficientes votos, ya que los 64 diputados independentistas de JxCAT y ERC pueden contar con los cuatro votos de la CUP a favor, lo que totalizaría 68 votos, justamente la mayoría absoluta.

Paralelamente, este martes se presenta el Espacio Democracia y Convivencia, una reedición del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, aunque con menos actores. Se trata de un foro “transversal” en el que están ANC, Òmnium Cultural, CCOO, UGT, UFEC, Unió de Pagesos, CNJC, Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña (CONFAVC) o Lafede.com, entre otras. Su cometido es “defender las instituciones catalanas, la convivencia, la cohesión social y los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía que se han vulnerado en nuestro país”.

Torrent, a la suya

La estrategia se completa con la actuación del presidente del Parlament, Roger Torrent, proponiendo día sí y día también un “frente unitario en defensa de la democracia”. En su último discurso, el domingo, actuó de bombero pirómano: “Ningún juez (…) tiene la legitimidad para cesar, y aún menos perseguir, al presidente de todos los catalanes”, afirmó. Ciudadanos pidió su dimisión tras lo que considera un mitin político más que el posicionamiento de una figura que opina que ha de ser neutral.

Pero para entender el calado de la afirmación de Torrent es preciso retrotraerse a la Ley de Transitoriedad que los independentistas aprobaron en el Parlamento catalán el día 6 de septiembre pasado y que fue suspendida por el TC. En esa ley, se dinamitaba la separación de poderes, se hacía depender a los jueces del consejero de Justicia y se consideraba la figura del ‘president’ y de los consejeros como “inviolable”. O sea, que ningún juez podría meterles mano. Una norma jurídica que no existe en ninguna Constitución democrática del mundo. Bajo ese paraguas, la singular afirmación del presidente de la cámara adquiere una cierta congruencia.

Foto: Pintada con la leyenda en alemán "La democracia no es un crimen" frente al consulado de Alemania en Barcelona, el 26 de marzo de 2018. (Reuters)

Desde la distancia, la situación es observada por los radicales CDR, que este lunes enviaron una comunicación a sus integrantes: “Será preciso seguir ocupando las calles y no abandonarlas (…) Es necesario un nuevo paso en la acción por la democracia y la república. Con los últimos encarcelamientos, la detención del 'president' Carles Puigdemont y la represión y brutalidad policial desbocada contra legítimas movilizaciones populares, parece claro que ya hemos superado un punto de no retorno”, decían. Pero esa estrategia, de momento, no es controlada todavía por el gran frente que se quiere promover desde el Parlament.

El soberanismo catalán espera sacar provecho de la detención de Carles Puigdemont en Alemania convirtiendo este contratiempo en una oportunidad de internacionalización del conflicto. O sea, que no hay mal que por bien no venga. Como la detención es ya un hecho irreversible, los estrategas soberanistas han comenzado a calibrar la oportunidad de darle la vuelta a la tortilla para presentar al ‘expresident’ fugado como una víctima del Estado español, perseguido por sus ideas políticas.

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