Jordi Sànchez vuelve al tablero y pide al juez que facilite su investidura

El expresidente de la ANC y uno de los candidatos fallidos para presidir Cataluña ha reclamado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que "restablezca sus derechos políticos" tras el requerimiento formulado por la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En un escrito precisa textualmente que quiere acceder a la presidencia de la Generalitat pese a que anunció ante el juez que pensaba renunciar al acta, abandonar la política y regresar a su puesto como profesor universitario.

El defensor de Sànchez, Jordi Pina, pide al instructor que acuerde la libertad provisional de su cliente para que, si el presidente del Parlament de Cataluña lo considera oportuno, pueda ser propuesto de nuevo y sin traba alguna como candidato a la presidencia de la Generalitat de Catalunya. También solicita que, en caso de no considerarse adecuada esa posibilidad, se le otorguen los permisos penitenciarios que sean necesarios para poder acudir a los plenos parlamentarios de investidura.

Ofrece como opción que se habilite un sistema que facilite que el diputado pueda participar en los citados plenos por medio de videoconferencia. Tal posibilidad ha sido, ciertamente, excluida cautelarmente por el Tribunal Constitucional en el caso de personas que no se encuentran a disposición de la Justicia española. "Esta defensa está absolutamente convencida de que el magistrado no propiciará que España incumpla sus obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos y políticos, lo que sería especialmente grave y preocupante tratándose de una decisión del Tribunal Supremo", dice el escrito.

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EP

Explica que interpuso una demanda ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por vulneración de sus derechos políticos, al no habérsele permitido presentar ante el Parlament su candidatura a la presidencia de la Generalitat, "pese a tener reconocido por la Constitución Española y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la plenitud del ejercicio de su derecho a la presunción de inocencia y gozar plenamente, en su condición de ciudadano inocente, de los derechos políticos".

La defensa de Sànchez pidió a la ONU que demandara adoptar todas las medidas necesarias que permitieran al candidato Sànchez ejercer en su plenitud tales derechos políticos y sugirió que el diputado pudiera gozar de un permiso penitenciario que le permitiera acudir al pleno de investidura a la presidencia de la Generalitat o que, en su defecto, pudiera al menos participar en el pleno por medio de videoconferencia. "La solicitud de tales medidas ha sido atendida por el Comité que ha requerido al Estado español para que, mientras no se resuelva acerca del fondo de la denuncia del diputado, adopte todas aquellas medidas que sean necesarias para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos, evitando cualquier daño irreversible a tales derechos", dice el escrito.

Esta visión ha sido matizada por fuentes de Moncloa que señalan que en la propia formulación de la medida planteada el Comité no solicita de España la adopción de una decisión concreta. "Debe manifestarse que Sánchez, pese a estar en prisión preventiva, ha podido presentarse a las elecciones autonómicas, ha obtenido un escaño como diputado, y el juez le ha autorizado a emitir su voto a través de otra persona en los plenos celebrados hasta la fecha en el Parlamento de Cataluña", aseguran. En su opinión, los derechos políticos de Sánchez, con las limitaciones inherentes a su situación de preso preventivo, están siendo garantizados.

Una admisión casi automática

Estas fuentes gubernamentales resaltan que el Comité, ha admitido la queja de forma automática -las causas de inadmisibilidad son muy tasadas- y sólo ha tenido conocimiento de las alegaciones de Sánchez, sin haberlas contrastado con los argumentos del Reino de España, que se formularán en el plazo previsto. La indicación de la adopción de medidas que formula "no es vinculante, ni puede afectar a resoluciones judiciales, sin perjuicio de que España, como todo Estado democrático y de Derecho, tiene en cuenta los criterios del Comité para mejorarla protección de los derechos fundamentales", precisan.

Destacan, además, que la restricción de los derechos políticos que alega el expresidente de la ANC ha sido adoptada por el Tribunal Supremo en aplicación del criterio del Tribunal Constitucional y esto se ha realizado "con todas las garantías procesales y en aplicación estricta de la ley". "Actualmente no es candidato a la investidura puesto que el presidente del Parlamento de Cataluña ha propuesto a otro", ponen de manifiesto.

El Gobierno asegura que no puede, en modo alguno, interferir en las resoluciones judiciales dictadas, por respeto al Estado de Derecho y al principio de separación de poderes. Agrega que el derecho de participación política no ilimitado y que Sánchez está en prisión provisional investigado por delitos de especial gravedad cometidos contra el sistema democrático español. "La admisión de esta comunicación no prejuzga la actuación del Gobierno ni del Poder Judicial, ni determina la adopción de medidas concretas, y será debidamente respondida por España, que se somete a este protocolo de forma voluntaria, por su compromiso con los derechos fundamentales", concluyen.