Puigdemont puede retrasar su entrega seis meses recurriendo ante tres instancias

El equipo jurídico de Carles Puigdemont ha puesto la maquinaria para su defensa en marcha y estudia las posibilidades que ofrece la Justicia alemana para oponerse a la solicitud de entrega cursada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Los letrados del 'expresident' avisan a El Confidencial de que pueden recurrir hasta ante tres instancias las resoluciones que se adopten sobre la extradición, lo que prolongaría la vuelta a España del procesado por rebelión y malversación seis meses. "Este escenario estaba previsto", aseguran.

La detención del huido este domingo puso en marcha un protocolo previsto por la defensa que, durante los últimos meses, ha estudiado los distintos marcos europeos donde podría jugarse el futuro jurídico del 'expresident', acusado de delitos que, sumados, rozan los 40 años de prisión. La primera decisión depende de un tribunal comarcal de Neumünster, en el estado federado de Schleswig-Holstein. La decisión que adopte este magistrado instructor puede recurrirse ante el órgano equivalente a la Audiencia Provincial (Landgericht), un tribunal federal y, en última instancia, ante el Tribunal Constitucional.

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Si los letrados hacen uso de ambos recursos, los plazos previstos para la tramitación de la orden europea de detención y entrega (OEDE) —que contemplan un tope de hasta tres meses— pueden incluso doblarse. La defensa hará uso de estas posibilidades de revisión en instancias superiores en función de si el criterio que establezcan coincide con el suyo o difiere de este. También la Fiscalía, que ejerce la acusación como sucede en el sistema jurídico español, puede recurrir si lo considera oportuno.

El arresto en una gasolinera de Puigdemont desencadenó la reagrupación en Alemania del equipo jurídico integrado por los abogados españoles Jaume Alonso-Cuevillas y Gonzalo Boyé y el belga Paul Beckaert. Contarán con el apoyo de especialistas germanos que se integrarán en el equipo jurídico. La piedra de toque será, cómo no, la existencia del delito de rebelión.

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La idea es replicar la estrategia desplegada en Bélgica antes de que el juez Llarena dejara sin efecto la euroorden en diciembre. Entonces, Puigdemont contó con los servicios de una decena de letrados especializados en la violación de derechos humanos, derecho penal de la UE, derecho penal económico y relaciones internacionales. La presencia de especialistas nativos que conozcan a fondo el sistema alemán está garantizada.

Las fuentes consultadas destacan que la defensa aborda con "tranquilidad absoluta" el periplo que se inicia ahora. Del resultado del mismo dependerá que Puigdemont pueda ser o no juzgado en España por el paquete completo que le atribuye el Tribunal Supremo y en igualdad de condiciones con el resto de acusados por los mismos hechos que cumplen prisión provisional. Las dudas sobre esa garantía fueron el principal motivo que empujó al juez Llarena a desistir de la petición de entrega a Bélgica.

La doble incriminación

Pese a que en Alemania existen menos problemas respecto a la doble incriminación, es decir, la necesidad de que el tipo penológico que se atribuye al reclamado esté contemplado en el Código Penal del país al que se solicita la entrega, no existen garantías completas en ningún sentido. La Fiscalía española trabaja intensamente para poner en conocimiento de la alemana el procedimiento abierto en el alto tribunal. Uno de los documentos esenciales que se remitirán es el auto de procesamiento con que el juez resume en 69 páginas los datos que le llevan a proponer juzgar a un total de 25 personas, entre ellas Puigdemont.

Las fuentes consultadas destacan, además, que se ha descartado la posibilidad de solicitar asilo político. Esta opción, informan dichas fuentes, carece de sentido en un marco comunitario. Tras su negativa a ser entregado de forma inmediata, Puigdemont tendrá que ser convocado a una audiencia para exponer sus argumentos. Alemania podrá pedir ampliación de información si no le basta con la remitida.