Cerco al empresario de la sequía de Cádiz: "Venderé agua hasta que me detengan"

Miles de españoles pasan estos días en la costa de Cádiz, aunque muchos se sorprenderían al conocer el origen del agua que sale del grifo en algunos de sus destinos más conocidos. Varios núcleos poblacionales dependen cada vez más de los precarios negocios de suministro de agua por la falta de una red de abastecimiento. Con los pozos bajo mínimos, los establecimientos turísticos contratan camiones cisterna que trasladan cientos de litros en plena sequía. Y en estos días tienen una preocupación evidente: el Pipa, el empresario con mayor volumen de negocio, está a punto de cerrar el grifo.

La Junta de Andalucía tiene abierto un procedimiento para acabar con sus camiones cisterna en plena temporada alta del turismo, cuando los servicios son más necesarios. La Consejería de Salud emitió el pasado miércoles un requerimiento para el cese “inmediato” de la actividad tras haber constatado el “riesgo sanitario para la salud de los consumidores”. Y advertía: si el empresario no cumple “de forma voluntaria”, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad precintarán sus vehículos.

“Pararé [de vender agua] cuando vengan a buscarme los guardias y me pongan las esposas”, responde en conversación con El Confidencial Juan Antonio Brenes, más conocido como el Pipa. Su abogado le ha recomendado parar, pero no piensa hacerlo. La sequía, dice, le hace imprescindible. “Es que esto no es solo un negocio: tiene un interés social. Muchos negocios dependen de mi agua”, resume, antes de enumerar los nombres de los establecimientos a los que suministra, algunos de ellos muy conocidos por los visitantes.

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Hoteles, apartamentos, pisos turísticos, campings, bares, chiringuitos… Cada día, las cubas del Pipa trasladan agua desde el acuífero de Conil hacia destinos como El Palmar (Vejer), Zahora (Barbate), Chiclana o Atlanterra (Tarifa). Se centra en las zonas donde las construcciones ilegales han impedido un planeamiento urbanístico ordenado, por lo que muchas de ellas están sin conexiones básicas como el agua o el alcantarillado. Algunos usaban pozos hasta hace poco, pero con la sequía están bajo mínimos o salinizados. El Parlamento Europeo se abrió recientemente a investigar esta cuestión. En la provincia, hay 45.000 viviendas sin licencia asentadas en diseminados o zonas costeras.

Más negocios de este tipo

Con la demanda por la sequía, el negocio del Pipa ha ido a más en los últimos años. Incluso le ha salido competencia. “Ya hay algunos, pero si me cierran a mí, saldrán seis más, porque hay mucha demanda. A mí me llaman delincuente y terrorista ecológico, pero yo reparto porque no queda más remedio. Necesitamos excepciones, no pueden calcar una norma europea en Andalucía, que es la región más seca del continente”, expone.

El empresario reparte entre 150.000 y 200.000 litros de agua diarios con sus camiones

El Pipa, natural de Conil, se quedó en paro en la crisis de 2008 tras trabajar toda su vida en la construcción de pozos perforados. Desde el desempleo, encontró un nicho de mercado en la costa de Cádiz. “Mi madre me prestó 3.000 euros para comprar un tractor viejo y he ido poco a poco”. Hoy tiene varios camiones cisterna y reparte entre 150.000 y 200.000 litros diarios. En la zona todos le conocen, todos tienen su teléfono para una urgencia. Los precios rondan entre los 70 y los 100 euros por una cuba de 10.000 litros, según explica.

La actividad del Pipa ha sido cuestionada en varias ocasiones durante los últimos años, cuando ha recibido expedientes sancionadores que superan en total los 80.000 euros. En un principio, tenía dos pozos en terrenos de su propiedad, pero el Seprona de la Guardia Civil le cerró uno de ellos por extraer agua de la comunidad de regantes para uso humano. “Supuestamente, el agua debía ir para los tomates y no para que la gente se duche, así que los vecinos me denunciaron”, recuerda. Según explicaron los agentes entonces, el agua "multiplicaba por 10 la presencia máxima de nitritos autorizada para uso doméstico".

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En esta ocasión, la Junta de Andalucía va en esa misma dirección. En una carta firmada por la actual delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, alega “razones sanitarias de urgencia” para instar al empresario al “cese inmediato de la actividad”. Se basa en un informe del Seprona de hace unos meses, en el que se citaban varios incumplimientos. Entre ellos, se encontraba la falta de un protocolo de control, el no haber certificado las condiciones del estado del agua suministrada o las condiciones de higiene y limpieza en los puntos de llenado.

El recurso de alzada del empresario contra la suspensión de su actividad ha sido desestimado, por lo que este lunes el Pipa ha entregado el lugar de localización de los camiones y sus matrículas. Si sigue repartiendo agua, tal y como amenaza, la Administración intervendrá y la pena podría ser mayor. El empresario defiende que ha intentado regularizar durante años su situación, pero que no ha obtenido ayuda por parte de la Administración. De hecho, aporta varios escritos dirigidos a los ayuntamientos de los núcleos donde trabaja para que faciliten puntos de entrega en los diseminados. “Yo no tengo la culpa de que no hayan puesto las tuberías, pero voy a pagar el pato de la incompetencia de la Administración pública”, concluye.

Andalucía es la comunidad autónoma más afectada por la sequía en España y sectores como el turismo pueden verse afectados. De momento, más de un centenar de los 785 municipios sufre en estos momentos medidas para el ahorro de agua. Según las estimaciones de la Junta de Andalucía, el PIB ha crecido un 2,1% menos por culpa de la falta de agua, por lo que el Gobierno andaluz viene reclamando al Ejecutivo central acometer obras hidráulicas. En casos como los de los diseminados de La Janda, la falta de recursos hídricos es un problema que viene arrastrándose desde hace años.