El ‘pueblo de los líos’ de Málaga o cómo ‘normalizar’ convivir con la corrupción

Manilva es un pueblo costero de la provincia de Málaga que tiene el dudoso honor de que sus últimos cuatro alcaldes han sido investigados en distintas causas por corrupción. Aunque no han sido los únicos. A otro de sus regidores, Pedro Tirado, la Policía Nacional le encontró en su casa 760.000 euros en sobres. El municipio ha tenido de todo. Enchufismo, contratos a familiares, transferencias de dinero… Las irregularidades en la gestión municipal acumulan tantos titulares en los medios nacionales, que podría rivalizar con la vecina Marbella.

Es este contexto el que desde el lunes se vuelve a cuestionar el discurso socialista de tolerancia cero con la corrupción, después de que la formación siga manteniendo el pacto con su socio de gobierno y actual alcalde, el independiente Mario Jiménez, que a principios de semana se sentó en el banquillo acusado de malversación y prevaricación en la tercera pieza del llamado caso Manilva. Una inacción que no es nueva y que se ha repetido a lo largo de toda la instrucción conforme se iban conociendo declaraciones en el juzgado, trascendía el escrito de acusación y se conocía el auto de apertura de juicio oral. La coalición que alcanzaron ambos partidos tras los comicios municipales de 2019 se ha mantenido imperturbable a todo el desarrollo judicial de la investigación.

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Jiménez, que repetirá como candidato de Compromiso Manilva, se justificaba ante sus vecinos en un video que publicaba horas después de su paso por la Ciudad de la Justicia y en el que pasaba de puntillas por su situación procesal. “Queridos vecinos y vecinas, acabo de venir de colaborar con la justicia, como siempre que se me ha requerido. Hablamos de unos hechos que ocurrieron en 2009 y en los que participaba como parte del equipo de Gobierno”, arrancó, antes de comenzar a sacudirse cualquier responsabilidad. El regidor explicó que tenía la “conciencia tranquila” porque los fondos transferidos eran para pagar a unos empleados que llevaban seis meses sin cobrar sus nóminas y destacó que el dinero investigado por la Guardia Civil se devolvió al Ayuntamiento. Seguidamente advirtió de una previsible utilización política de la causa.

Ni por un momento se le pasó por la cabeza presentar la dimisión. Tampoco ha visto peligrar la coalición con el PSOE, sobre todo porque durante la mayor parte de la instrucción del caso ha contado con un apoyo sin fisuras de su socio de gobierno. Los socialistas se han mantenido al lado de Jiménez mientras pasaba de investigado a procesado y no dudó en llegar a un acuerdo tras las elecciones de 2019 a pesar de que se le imputaban los dos delitos que con mayor asiduidad se vinculan con la corrupción: prevaricación y malversación.

Ninguna dirección del PSOE se opuso a pactar con políticos investigados y condenados

Este posicionamiento, el sostener a un dirigente que se sienta en el banquillo por delitos de corrupción, contrasta con el discurso firme que la formación pregona en este ámbito y que replican desde sus direcciones. La portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, por ejemplo, comentaba días atrás que su partido actuaba de forma “ejemplar” ante actitudes de este tipo y destacaba los pasos dados con el caso del Tito Berni.

Si el hecho de no adoptar ninguna medida dejaba patente que las distintas Ejecutivas del PSOE avalaban la alianza con una formación salpicada por la corrupción, esta idea quedaba reforzada cuando el Comité Provincial socialista de Málaga confirmaba este martes que el actual primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Manilva, Diego Jiménez, repetirá como candidato en la inminente cita con las urnas.

Aunque las incoherencias políticas en la localidad no son patrimonio exclusivo del PSOE y los independientes. El PP, que cuando estalló el caso Manilva se mostró contundente e impulsó iniciativas judiciales, sorprendentemente acabó ocupando una concejalía y compartiendo equipo de Gobierno con muchos a los que había denunciado. La decisión se justificó con un supuesta defensa de los intereses generales del municipio por la que el popular Francisco Miguel Álvarez se ponía al frente de las delegaciones de Relaciones Institucionales, Régimen Interno y Nuevas tecnologías y administración electrónica. En agosto del año pasado, tras dos años y medio, abandonaba el tripartito.

Como ocurrió con el PSOE, ninguna de las direcciones del PP desautorizó al edil. Tampoco hay constancia de que lo expedientara, ni que lo expulsase. Eso sí, no repetirá como candidato el próximo 28-M.

La población de la localidad, por su parte, no es ajena a esta normalización de comportamientos cuestionables y delictivos porque muchos de los políticos locales han ido siendo reelegidos a pesar de las investigaciones que se abrían y judicializaban a su alrededor.

El pueblo y los escándalos

Manilva, el penúltimo municipio de la Costa del Sol, situado entre Estepona y Casares, cuenta con aproximadamente 15.000 habitantes y forma parte de la memoria colectiva de muchos niños de la provincia malagueña por las colonias infantiles que desde hace muchos años se celebran en el núcleo de Sabinillas. Aunque con el comienzo del nuevo siglo, el nombre de la localidad ha estado asociado recurrentemente con investigaciones judiciales.

Se vio salpicado por la corrupción urbanística que se extendió por la Costa del Sol con el boom del ladrillo y en octubre de 2005 era detenido su alcalde: Pedro Tirado, un exmiembro del GIL que pasó a liderar el Partido Democrático de Manilva. El arresto se produjo durante la investigación de la operación Ballena Blanca.

Poco tiempo después, concretamente en 2009, se inició la instrucción del caso Manilva, que se dividiría en tres piezas. La de las “contrataciones a dedo” para crear una red clientelar que perpetuara en el poder a Izquierda Unida, ya juzgada; otra relacionada con la adjudicación de contratos a empresas del esposo de Antonia Muñoz, aún pendiente; y la de las trasferencias a la entidad urbanística El Hacho, cuyo juicio ha arrancado esta semana.

Como consecuencia de esta última investigación, el actual regidor se sentó en el banquillo en compañía de la persona que ocupaba el mando cuando sucedieron los hechos, Muñoz, la alcaldesa de IU de los 749 enchufes condenada recientemente, así como otros dirigentes municipales. Todos coincidieron en proclamar su inocencia, aunque tuvieron que escuchar los reproches de la jueza por una falta de colaboración que supuestamente tenía por objetivo ralentizar el proceso, según se recoge en la primera jornada del juicio publicada por Manilva WS.

Los cuerpos de seguridad investigaron una supuesta compra de votos en el municipio

La Fiscalía solicitó en su escrito de acusación cuatro años de cárcel para Mario Jiménez, así como ocho para Muñoz. La causa se extiende sobre el que fue asesor jurídico del Consistorio, Aitor Menoyo, el exregidor Emilio López y los concejales o exediles Francisca López, Diego Díaz y Antonio de Haro.

El Ministerio Público afirmó en su escrito de acusación que los encausados, “con pleno conocimiento de la extralimitación en sus funciones, y a pesar de la oposición de la Tesorería y la Intervención municipal , así como de la Tesorería General de la Seguridad Social, ordenaron operaciones por las que se financiaba con dinero el Ayuntamiento de Manilva a la Entidad Urbanística de Conservación El Hacho”.

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Durante la instrucción del caso Manilva se inició otra investigación por un supuesto delito electoral después de que se denunciara una compra de votos en los comicios municipales de 2011 que llevó al banquillo la edil Paqui López, que por entonces pertenecía a IU y después pasó a formar parte de Compromiso Manilva.

Y más recientemente, en febrero de 2020, Antonia Muñoz era detenida durante una investigación por blanqueo de capitales a través de inversiones inmobiliarias. Otras 13 personas fueron detenidas durante el operativo.