Condenada la exalcaldesa de Manilva por la trama de enchufismo de IU en la Costa del Sol

Primera sentencia por el presunto entramado corrupto de IU en la Costa del Sol —que gravitó en torno al municipio de Manilva— a través de tres piezas separadas. La exalcaldesa Antonia Muñoz ha sido condenada a nueve años de inhabilitación por su responsabilidad en la red de enchufismo de la que se beneficiaron 749 personas. Contrataciones que se llevaron a cabo burlando los mecanismos básicos de control. El objetivo, según la Fiscalía, era claro: “Crear una red clientelar de votantes que garantizara la permanencia en el poder del partido gobernante en esos momentos”.

La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga ha considerado probado que Muñoz —que estuvo al frente de la alcaldía entre 2007 y 2013— incurrió en un delito continuado de prevaricación administrativa y le impone una pena de inhabilitación especial para todo cargo o empleo público durante un plazo de nueve años. Aitor Menoyo, asesor jurídico del consistorio, ha sido encontrado culpable del mismo cargo, pero en grado de cooperación, por lo que la suspensión se reduce a 21 meses. El tribunal, por otro lado, ha decidido absolver a Diego Díaz, el que fuera concejal de Personal, así como a Francisco Medina, responsable del Área de Deportes y vinculado a una de las empresas públicas investigadas en esta parte del denominado caso Manilva.

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La ex regidora se ha beneficiado del atenuante de dilaciones indebidas. Aunque la autoridad judicial incide en que su actitud no fue muy colaboradora durante la investigación, y que incluso “inundó el juzgado de documentación que poco o nada tenía que ver con lo que se le había solicitado”, entiende que 11 años de proceso son injustificables.

El fallo, al que tuvo acceso El Confidencial, sostiene que “dos sociedades municipales de apariencia independiente, Fundación Manilva para el Desarrollo (Funmades) y Club Deportivo Manilva”, se crearon 'ad hoc' para llevar a cabo esas 749 contrataciones irregulares. Altas laborales en las que se “prescindió de todo procedimiento legal, sin proceso de selección, sin atención a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, simplemente eligiendo de forma personalista a aquellos que la alcaldesa decidía contratar”.

La exregidora alegó que solo había continuado un sistema de contratación ya instaurado

Es en este punto donde el tribunal descarga de responsabilidad a Díaz y Medina, a pesar de que los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil sostuvieron que en el consistorio estaban trabajando una hija, cinco primos, una sobrina y una cuñada de este último. La absolución de ambos se argumenta en que “nunca actuaron por delegación de competencias de la alcaldesa, sino por delegación de firma”; es decir, suscribiendo en su lugar, “sin que conste que tuvieran iniciativa en la contratación y asumieran la competencia”. La propia Antonia Muñoz pareció asumir la culpa de lo sucedido cuando en la vista oral “no ha negado” la afirmación de estos dos acusados de que “ella seleccionaba al contratado” y se lo derivaba para sellar el documento laboral.

Desconocimiento y política

Los magistrados rechazan la defensa de la exdirigente de Izquierda Unida —la única victoria de la coalición en la Costa del Sol—, en la que alegó “su falta de experiencia, unida a la inercia que se seguía en la localidad en las contrataciones desde corporaciones anteriores”, para desconocer que cometía una ilegalidad. “Quien se presenta a un cargo público, en principio, se sobreentiende que cuenta con unas nociones mínimas de las tareas y responsabilidades que asume; y en su defecto, cuenta con asesoría técnica para solventar cualquier duda que tuviese al respecto, máxime cuando la cuestión responde a un conocimiento básico, cual es la necesidad de licitación en toda contratación pública y de respeto a la libre competencia de los ciudadanos en el acceso a un puesto público”, aclara la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga.

La declaración de uno de los funcionarios municipales acabó por desmontar esta estrategia desesperada. Este funcionario recordó durante el juicio que "se eliminó una convocatoria de empleo público planteada con los requisitos legales", para pasar a “contratar ‘a dedo’ a todos los trabajadores”. Hubo excepciones: “Aquellos que serían fiscalizados por la comunidad autónoma al depender [su alta laboral] de subvenciones de la misma”.

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Preguntado a qué podía obedecer que se continuara en la misma línea que supuestamente habían marcado anteriores responsables municipales, y que no se respetara la convocatoria pública de 201 plazas que se había hecho por la corporación anterior, este testigo fue contundente: “Por razones políticas”. No se puede obviar que el Ministerio Público argumentó en su escrito de acusación que el fin último de esta práctica era “crear una red clientelar de votantes que garantizara la permanencia en el poder del partido gobernante en esos momentos”.

Las contrataciones eran una “competencia reservada” de la regidora, se plasma en la resolución, en la que se aclara que, “de haberse aprobado en una comisión en la que participaran los concejales, o constara la inducción para que se produjera por la señora Muñoz, la valoración debería ser distinta”. “Pero nada de eso consta en lo actuado”.

Un testigo contó que se eliminó una convocatoria de empleo público para hacer contrataciones 'a dedo' por "razones políticas"

El tribunal destaca que “solo 50 contrataciones se hicieron respetando el procedimiento y no por vía de hecho”, para seguidamente afear el quebranto económico que para las arcas municipales suponía este caos de recursos humanos. “El ayuntamiento se encontraba de forma repentina con trabajadores que ni siquiera habían sido nombrados legalmente, a los que había que pagar la nómina”, señala, para añadir que se ha cuantificado medio centenar de puestos “sin consignación presupuestaria”.

Ante las acusaciones de intereses espurios en la denuncia que abrió el caso Manilva, los magistrados son firmes cuando aclaran que “la prueba de cargo fundamental en este caso no es la testifical de amigos o enemigos”, sino la de “los que ocupaban los cargos de secretario del ayuntamiento y la interventora; y por encima de todo, la documental que viene a acreditar que se prescindió totalmente del procedimiento en las contrataciones del personal”. La causa se sustanció en más de 14.400 folios.

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Esta condena es el primer gran revés judicial de Antonia Muñoz tras más de una década de instrucción. Aún está inmersa en otras dos causas derivadas de su dudosa gestión al frente del Consistorio de Manilva. Una investiga las supuestas transferencias de dinero a una entidad urbanística del municipio, mientras que la otra juzgará la adjudicación de contratos municipales, entre otros, a las empresas de su marido. Las vistas orales de ambos procesos se han suspendido por diversos motivos. En la primera causa, la exalcaldesa y otros ediles se enfrentan a una suma total de 35 años de cárcel por malversación de caudales públicos y prevaricación continuada. En la otra, donde están procesados siete políticos y el esposo de la que fuera regidora, el Ministerio Público reclama para cada acusado dos años de cárcel, cuatro de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa de 24 meses a 15 euros diarios por cargos de prevaricación continuada en concurso con gestión interesada.

También está inmersa en una investigación de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción por blanqueo de capitales a través de inversiones inmobiliarias.

Marbella califica como “hito judicial” evitar pagar 44 millones de un proceso del GIL

El Ayuntamiento de Marbella informó este lunes de que ha conseguido una sentencia judicial favorable que evita, en primera instancia, el desembolso de 44 millones de euros en el marco de un proceso urbanístico que fue aprobado por un Gobierno del GIL.

El portavoz municipal, Félix Romero, consideró, después de la Junta de Gobierno Local, que la resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Málaga supone “una noticia relevante” para la ciudad y establece un criterio “que esperamos que mantengan los tribunales para continuar haciendo frente a la pesada losa de esa época”.

El edil recordó que este “hito judicial” llega después de que el Tribunal Supremo (TS) cambiara el criterio de prescripción ante los incumplimientos en este tipo de acuerdo urbanístico, pasando de los cinco a los 15 años. “Esto provocó que comenzarán a dictarse sentencias firmes a favor de los demandantes y nos obligó a acudir al Fondo de Ordenación Estatal para el abono de hasta 43 millones de euros”, relató Romero, quien detalló que la última sentencia “nos da la razón porque hubo muchas empresas que llegaron a acuerdos con los gobiernos del GIL y después cedían sus derechos a terceros”. “Ante esta situación, nuestra asesoría jurídica ha hecho valer que no se nos puede reclamar que cumplamos con alguien que ha accedido a una relación contractual sobre derechos públicos en los que no han sido autorizados, ni además eran conocidos por nuestra administración”.