Una maraña judicial, 15 millones en juego y ni un ladrillo en el proyecto estrella de Punta Umbría

El proyecto que ha marcado el debate y los planes urbanísticos del Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) en los últimos dos mandatos, la construcción de dos macrotorres de 19 plantas de altura en el pueblo pesquero, da un nuevo paso atrás por orden de los tribunales. El residencial que se bautizó antes de nacer —casi como una metáfora— con el nombre de William Martin, “el hombre que nunca existió” (protagonista de la operación Carne Picada, que cambió el curso de la II Guerra Mundial y tuvo como escenario las playas del municipio), anota una nueva sentencia que le bloquea el camino.

A la maraña judicial que envuelve al proyecto, que afecta tanto al mismo planeamiento como a la segunda operación de venta de los terrenos donde el consistorio quiere levantar las torres, en la Aavenida Ciudad de Huelva, se suma un litigio por el pago de la indemnización a Riaumbría Towers, a la que fueron adjudicados esos terrenos en un primer procedimiento. La primera venta quedó anulada en 2019 por los juzgados “por disconformidad a derecho” del acuerdo plenario en que se dio luz verde a aquella operación, por lo que toca compensar a la promotora. “Para la empresa es una ruina, solo se nos ha pagado parte de la indemnización”, afirma el consejero delegado de Riaumbría, Juan Cruz.

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El principal grupo de la oposición, Unidos por Punta Umbría (UPU), acudió a la vía judicial para reclamar la responsabilidad patrimonial del equipo de gobierno, formado por el PSOE y dos ediles tránsfugas del PP, por el pago que realizó el ayuntamiento. Ahora, un juzgado ha ordenado repetir el pleno para dilucidar si el abono de la indemnización a Riaumbría (de 1,8 millones) debe ser a cargo de las arcas municipales o deben responder con sus bolsillos la alcaldesa, Aurora Águedo, y los concejales que votaron a favor de aquella operación.

En el contexto de esta cadena de decisiones municipales y recursos judiciales, que acumula hasta la fecha 11 sentencias, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Huelva acaba de declarar “no ajustado a derecho” el acuerdo de pleno (mayo de 2021) por el que se denegó el inicio de expediente de responsabilidad patrimonial frente a los referidos concejales y, mediante sentencia, obliga al ayuntamiento a convocar una nueva sesión con el mismo objeto. Sin embargo, los ediles afectados que votaron en contra de tener que afrontar el coste de la indemnización con su patrimonio tendrán que abstenerse ahora de intervenir en la votación, según impone la sentencia.

El juzgado argumenta que la intervención en la votación por los afectados directamente y en su esfera personal “fue determinante” en la decisión adoptada por el pleno de rechazar el expediente de responsabilidad patrimonial (nueve votos frente a seis), por lo que considera que “ha de predicarse la invalidez de los acuerdos impugnados” y convocar un nuevo pleno. Por lo pronto, el ayuntamiento anuncia que habrá recurso y, en consecuencia, habrá que esperar para la convocatoria de la sesión en la cuenta atrás para las municipales de mayo de 2023.

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Mientras tanto, están en juego alrededor de 3,8 millones que la promotora pagó por los terrenos y la demanda por lucro cesante por la misma empresa (que sigue en los tribunales) por unos nueve millones de euros, lo que suma cerca de 15 millones. La oposición, por su parte, eleva hasta casi los 20 millones las consecuencias económicas del residencial, sin que se haya puesto un solo ladrillo por las indemnizaciones que reclama la promotora. “La situación nos está provocando importantes daños tanto en el aspecto económico como en el reputacional”, declara Cruz.

Entre las cuestiones pendientes está el pronunciamiento del Tribunal Supremo (TS) en relación con el recurso presentado por la promotora —admitido a trámite— contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló la modificación urbanística por la que se transformaba el proyecto y de los cuatro edificios de 11 plantas que se planteaban al comienzo junto a los dos bloques de 19 plantas de altura —que el tribunal llega a calificar de “moles”—, con un centro comercial en planta baja.

Esta resolución del tribunal andaluz se produjo en respuesta a un recurso del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, al considerar que el proyecto que se plantea en Punta Umbría vulnera la Ley de Costas. El informe que llevó a cabo el Departamento de Costas subrayaba que la zona de influencia que marca la norma debe respetarse aun en suelo urbano y que la altura de las torres, en un entorno de viviendas unifamiliares, no cumplía con los requisitos y hacen un efecto pantalla. Riaumbría ha defendido en todo momento la legalidad del desarrollo William Martin y el modelo de actuación que propone, “al liberar más espacios libres y favorecer usos a favor del ciudadano”.