Un puesto de trabajo y una concejalía, el pacto que costó el cargo al líder del PSOE de Huelva

Seis años después del polémico acuerdo político entre el PSOE de Huelva y representantes de la formación Sí Se Puede Aljaraque, que desembocó en la imputación de tres de sus protagonistas, dos exconcejales de la formación morada y el que fuera secretario general de los socialistas onubenses, Ignacio Caraballo, el conocido como caso Aljaraque llega a la Audiencia Provincial para señalar fecha de juicio.

El presunto soborno de Aljaraque, denunciado por un asesor del partido morado —que puso en manos del juzgado varios pendrive con conversaciones que grabó durante las negociaciones del pacto—, arrancó en vía judicial en enero de 2017, después de que los dos ediles de Sí Se Puede Aljaraque recularan en la moción de censura que un mes antes habían firmado con el grupo del PP en este Ayuntamiento onubense para desbancar al PSOE del gobierno municipal.

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La moción de censura se frenó y en la letra no escrita del acuerdo para la presunta compra de los concejales de la marca satélite de Podemos, según la denuncia que motivó la apertura de la investigación, se daba entrada en el Gobierno a los morados, con una concejalía bajo su control —que quedó en manos de Pedro Escalante— y un puesto de trabajo en Aguas de Huelva para la mujer del segundo, Francisco Martín. La mujer comenzó a trabajar en la empresa semanas después, a comienzos de aquel 2017.

De las seis personas que durante varios años han sido investigadas en la causa, excluidos Caraballo y dos directivos de la empresa de aguas, la acusación se mantiene finalmente contra tres de ellos, los exconcejales Escalante y Martín, y el representante de CCOO, José Luis Rodríguez, al que desde el comienzo se ha situado como mediador del PSOE en las negociaciones para abortar la moción de censura y salvar la Alcaldía.

Los exediles y el sindicalista se enfrentan a cuatro años de prisión (cada uno de ellos) como presuntos autores de cohecho y en el caso de los cargos políticos, suman además diez años de inhabilitación para empleo o cargo público, según recogen los escritos de acusación de la Fiscalía de Huelva y de la acusación popular, que ejerce el Ayuntamiento de Aljaraque.

El caso Aljaraque fue una de las causas judiciales que paró en seco la carrera política del entonces líder del PSOE onubense, forzado a dimitir tanto de la Secretaría General del partido en Huelva como de la Presidencia de la Diputación (octubre de 2020) y hoy libre de imputaciones.

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Después de que durante cuatro años y medio, la Fiscalía mantuviera los cargos por presunto cohecho contra Caraballo, en el último trámite antes de abrir fase de juicio oral, dejó al socialista fuera de la causa y no formuló acusación contra él.

Antes de este paso atrás del Ministerio Público, el representante de CCOO acusado, al que la denuncia inicial sitúa como “enviado” del secretario general del PSOE, que no declaró en la única comparecencia a la que asistió al juzgado, remitió un escrito de su puño y letra a la instructora en el que se desvinculaba del líder socialista, refiriéndose a él como “enemigo en términos coloquiales por las negociaciones laborales que durante años tuvo que afrontar como sindicalista en la Diputación.

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En esta carta, llegó a afirmar que “en ningún caso y en ningún momento he tenido ninguna conversación o contacto con el señor Caraballo en la que se haya tratado o hablado de la moción de censura de Aljaraque". “No sólo tengo una relación de conflictividad por motivos sindicales, sino que ideológicamente pertenece a un partido con el que tengo poca afinidad”, dijo a la juez.

Finalmente, el Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva, encargado de la investigación, dejó fuera al dirigente socialista en su auto de apertura de juicio oral, repitiendo los argumentos que la Fiscalía expuso en su escrito, que Caraballo era conocedor de los intentos por frenar la moción de censura y de que dio luz verde al comisionista para que intentara acercar posturas entre los concejales morados y la entonces alcaldesa de Aljaraque, Yolanda Rubio, pero que desconocía las ofertas a los exediles morados, el presunto soborno, la concejalía y el puesto de trabajo para la mujer de uno de ellos.

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El acuerdo con Sí se Puede Aljaraque, por el que se frenó la moción de censura con el PP, se firmó en la sede de la Diputación, en presencia de Caraballo y, según el auto, la razón de la firma en la Diputación y la presencia de su presidente, que no firmó el documento, se decidió por José Luis Rodríguez “para convencer a los concejales Martín Orta y Pedro Escalante que todo lo acordado, incluida la contratación de las esposa de Martín Orta, está avalado por Ignacio Carballo, como secretario del PSOE”.

Con Caraballo limpio de toda acusación, al no acreditarse su participación en los hechos, el presunto soborno de Aljaraque queda solo pendiente de fecha de señalamiento.