200 afectados y una fotocopiadora de refuerzo: 5 años del fuego que cercó Doñana

El incendio que mantuvo en vilo a la población y a las instituciones onubenses y cortó la respiración a media Europa mientras recorrió durante once días el entorno de Doñana, la mayor reserva ambiental del continente, se eterniza en los juzgados, donde continúa bajo investigación cuando se cumplen cinco años de la catástrofe. Del 24 de junio al 4 de julio de 2017, una lengua de fuego cercó el cinturón del parque, atravesando los municipios de Moguer, Palos de la Frontera, Lucena y Almonte hasta quedar controlado en las mimas puertas del espacio protegido. Las llamas arrasaron 10.344 hectáreas de superficie, la mayoría de titularidad pública, con afección a terrenos de elevado valor ambiental —7.392 hectáreas estaban dentro del parque natural—.

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El incendio que se originó en el paraje Las Peñuelas, obligó a la evacuación de unas 2.000 personas, causó un desastre natural y acabó con fauna que no pudo escapar a tiempo de las llamas. El fuego se inició en una carbonería, Carbones Fergón, y tres de sus responsables están imputados como resultado de “una negligencia por descuido”, según concluyó en su informe la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIFF), dependiente de la entonces Consejería de Medio Ambiente. En el documento consta además que la empresa, presuntamente, intentó "ocultar" algunas evidencias tras el siniestro.

La macrocausa, unos 25 tomos que suman más de 30.000 folios de diligencias y testimonios, ha pasado por las manos de al menos tres jueces desde que se produjo el incendio y continúa en instrucción en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Moguer. Aún están por llegar algunas periciales e informes de daños y de perjudicados (más de 200 personas), afirma la Fiscalía de Huelva.

“La instrucción está siendo correcta pero muy compleja por el número de afectados y el volumen de las actuaciones en un juzgado de una población pequeña”, considera el abogado Pablo Gastalver, del bufete Osuna, que representa a 34 de los damnificados. “Digamos que está dentro de los parámetros de cómo funcionan los juzgados en este país y si me pregunta por refuerzos, la Junta lo único que mandó fue un escáner o una fotocopiadora nueva, eso me dijeron los funcionarios”, señala.

La factura del desastre

La factura del incendio es millonaria. Solo el gasto del operativo que se montó para acabar con el fuego asciende a 1,5 millones, sumados los costes de extinción (efectivos de bomberos, horas de trabajo y medios aéreos) y los de logística y medios auxiliares, a los que se añaden los planes de restauración ambiental de la zona y las indemnizaciones a las que los responsables tendrán que hacer frente presumiblemente cuando se celebre el juicio.

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La Audiencia Provincial de Huelva fijó en cinco millones la fianza a prestar por la carbonera para cubrir la responsabilidad civil y ordenó el embargo de los bienes de la empresa —que entró en concurso de acreedores—. Esta fue la cantidad señalada como suelo por el Ministerio Público, por debajo de las cantidades que llegaron a solicitar la Abogacía del Estado (7,3 millones) y la Junta de Andalucía (más de 72 millones).

También serán millonarias las indemnizaciones, más de tres millones en el caso de los afectados del Camping Doñana, devorado por las llamas junto a los enseres y vehículos de sus residentes, representados en su mayoría, unas 150 personas, por el abogado Antonio Vasco. “El hecho de que la Junta permitiera una actividad económica ancestral pero muy peligrosa, la falta de medidas de prevención de incendios forestales y unas condiciones meteorológicas extremas convirtieron unas vacaciones en una auténtica pesadilla para los campistas, que no han sido indemnizados”, manifiesta.

Las acusaciones no descartan pedir responsabilidades a la Administración autonómica cuando llegue el momento procesal. A los cinco años de la catástrofe, los afectados siguen reclamando ayudas y “agilidad” en el proceso judicial, con concentraciones ante la sede judicial de Moguer. En 2017, la Junta no solicitó al Gobierno central la declaración de zona afectada por emergencia de protección civil (Zaepc), un paso previo para poder acogerse a la convocatoria de ayudas del Estado.

“Nos sentimos abandonados y humillados. Entonces, ningún representante del Gobierno central ni de la Junta vino a asesorarnos o darnos seguridad. No hemos recibido ninguna ayuda y no es solo una cuestión de dinero, también lo es de dignidad”, lamenta Ángel Ruiz, portavoz de los damnificados, cuya casa familiar en Mazagón quedó en ruinas tras el paso del fuego.

Restauración millonaria

La Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta ha aprobado hasta la fecha seis proyectos de rehabilitación, tres se encuentran en ejecución, con una inversión total de 8,5 millones. El mismo verano de 2017 se declararon de emergencia actuaciones forestales para garantizar la seguridad de las personas en los accesos a playas, carriles bicis, caminos, campings, en las que se invirtieron 312.910,72 euros, a las que siguió otro paquete de medidas (341.950 euros) para frenar la erosión eólica en el Médano del Asperillo, con una superficie de actuación 142,10 hectáreas, y proteger árboles vulnerables.

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Posteriormente, se repuso la pasarela en el sendero de Cuesta Maneli ( 416.146 euros) y en marzo de 2019 comenzó el ‘Proyecto de actuaciones urgentes de remediación en el área afectada por el incendio forestal de Las Peñuelas, Espacio Natural de Doñana’ que cuenta con un presupuesto de 2.497.517 euros. Este plan, al 90% de su ejecución, contempla actuaciones para prevenir y minimizar los riesgos derivados de los procesos de erosión eólica sobre el sistema de dunas; favorecer la regeneración de las comunidades vegetales y consolidar los trabajos de restauración ejecutados con anterioridad en el tramo final del arroyo del Loro.

La continuidad de las labores de restauración en los próximos años se recoge en el proyecto de Restauración de los montes públicos afectados por el incendio forestal de Las Peñuelas (fase I), con 1,8 millones —el contrato se formalizó en abril de 2021— y a finales del pasado año se formalizó el encargo por valor de 2,9 millones para el Parque Natural de Doñana, Coto Mazagón, Coto Bayo, La Matilla, Bodegones Cabezudos, Coto Flores, Fase II, Espacio Natural de Doñana.

Un año más, como viene ocurriendo desde la pasada década, la plantilla de ‘burros-bomberos’ de la Asociación el Burrito Feliz trabaja comiendo el pasto seco en aquellas zonas de bosque de difícil acceso en el entorno de Doñana para prevenir los incendios. La 'cuadrilla' cuenta con el reconocimiento de la Unidad Militar de Emergencias (UME).