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Multas en mano: así es la presunta trama de corrupción policial destapada en Lepe
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CORRUPCIÓN POLICIAL

Multas en mano: así es la presunta trama de corrupción policial destapada en Lepe

A siete policías y al titular de un desguace de Sevilla se les investiga por presuntos delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental y tráfico de influencias

Foto: Patrulla de la Guardia Civil aparcada en una calle de Lepe. (EFE/Julián Pérez)
Patrulla de la Guardia Civil aparcada en una calle de Lepe. (EFE/Julián Pérez)

Sanciones que nunca se ingresaban en las arcas municipales ni en el departamento de Tráfico, supuestos acuerdos con un desguace para el cobro de dinero y condonaciones de deuda a particulares (que se estiman en miles de euros) por la retirada y guarda de vehículos en el depósito oficial forman parte del entramado de presunta corrupción policial en Lepe que se encuentra bajo investigación judicial. Entre los imputados, un exjefe del cuerpo junto a otros seis agentes y un colaborador externo.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ayamonte acaba de declarar la complejidad de la causa, destapada a comienzos de 2021, y ha ampliado la instrucción seis meses más a la espera de informes que están por llegar y para cerrar algunas diligencias aún pendientes.

Foto: Agentes de la Policía Nacional trasladan al acusado. (EFE/Julián Pérez)

"Se cuenta con un abundante documental que, con las debidas cautelas, vendría a sostener la existencia consolidada en el tiempo de una trama tendente a perpetrar distintos delitos contra los deberes inherentes a la condición de funcionario o autoridad pública, empleando la más variada inventiva tendente al lucro indebido privado", afirma el juzgado. A los siete policías y al titular de un desguace de Pilas (Sevilla) se les investiga por presuntos delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental y tráfico de influencias.

El presunto caso de corrupción saltó después de que el Ayuntamiento de Lepe propiciara un cambio en la cúpula del cuerpo y el nuevo mando llevara a cabo una investigación interna, que puso en manos de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Los detalles de aquella primera investigación quedaron recogidos en un informe en el que se alertaba de "prácticas de corrupción toleradas y arraigadas" que acabó en el juzgado.

placeholder Vista de una calle de Lepe. (EFE/Fermín Cabanillas)
Vista de una calle de Lepe. (EFE/Fermín Cabanillas)

El exjefe policial "se habría prevalecido de su posición de absoluta autoridad y jerarquía, pudiendo haber obrado con absoluta impunidad derivada de la aquiescencia de la plantilla y el temor existente en la parte restante", sostiene el informe, en el que se describen hasta tres vías diferentes para supuestamente obtener dinero por parte de los investigados.

Una de estas vías eran los vehículos retirados por la grúa. ¿Cómo lo hacían? Según el informe, se habría venido realizando, “de forma consolidada en el tiempo”, una búsqueda ‘ad hoc’ de vehículos sin seguro obligatorio, que se inmovilizaban —previa denuncia— en depósito una vez localizados

Foto: Uno de los puntos de acceso a la playa de Matalascañas. (EFE/J. J. Guillén)

A partir de ahí, los boletines de denuncia quedaban sin tramitar, guardados en la jefatura, y después los agentes se ponían en contacto con los dueños afectados, a los que presuntamente les ofrecían la posibilidad de abandonar su vehículo a cambio de no tramitar la deuda que arrastraban, que, según el documento, ascendía en numerosas ocasiones a varios miles de euros tanto por el tiempo de depósito generado como por la supuesta sanción económica de la infracción cometida.

Una vez que el particular accedía, habrían venido desviando los vehículos “a un depósito distinto del asignado por la autoridad municipal a cambio de percibir cantidades”, que se calculan en unos 180 euros por vehículo entregado para su posterior desguace o venta como chatarra, así como la venta directa de piezas de los vehículos a una empresa de chatarras de Lepe. “Estas cantidades habrían venido a constituir lucro para los agentes, engrosando su propio patrimonio”, afirma.

placeholder Una grúa del Ayuntamiento de Lepe retira un coche. (EFE/Fermín Cabanillas)
Una grúa del Ayuntamiento de Lepe retira un coche. (EFE/Fermín Cabanillas)

La participación del desguace de Pilas, cuyo titular está también imputado, se produce después de que un subinspector imputado en el procedimiento le exigiera a la instalación de Lepe que si quería recepcionar vehículos, debía abonar una cantidad de dinero, a lo que respondió con una negativa, según su declaración ante el instructor del informe. La actividad se desvió entonces a la provincia sevillana.

"El volumen de actividad de los vehículos abandonados llegó a ser de tal consideración que comenzaron a personarse en las dependencias oficiales particulares para dar de baja sus vehículos sin tener que ir a ningún centro autorizado de tratamiento (CAT)", vehículos que eran recepcionados por uno de los investigados para posteriormente tramitar las bajas a través de los desguaces, actividad que no entraba en sus funciones, "creando una actividad paralela a la de los centros autorizados".

Foto: Las llamas devoraron el entorno de Doñana en el verano de 2017. (EFE/Julián Pérez)

Solo en 2019, concreta el documento, se abrieron en la aplicación informática 111 expedientes de retirada de vehículos de la vía pública, siendo algunos duplicados. Otra de las fórmulas que se recogen en la investigación apunta a la supuesta apropiación particular de dinero abonado en sanciones de tráfico por la modalidad pronto pago, descubiertas en la caja de caudales de la Unidad de Sanciones.

En la referida caja, se llegaron a encontrar documentos desde 2012 a 2019, con un importe total de 5.710 euros, correspondientes a 56 expedientes pagados y una serie de sobres, con escritos a mano con frases en las que quedan anotadas multas pagadas a los agentes. "Dinero entregado al jefe", repetían aquellas notaciones.

Foto: Vista del acceso de entrada a la cárcel de Huelva. (EFE/Julián Pérez)

"Se ha constatado, al existir abundante rastro documental, que el procedimiento legal podría haberse visto subvertido en numerosas ocasiones —destaca el informe— al existir constancia de que los importes podían ser entregados al exjefe de policía en efectivo, sin que conste ingreso alguno posterior ni en el ayuntamiento ni en la Jefatura Provincial de Tráfico", destino final de estos importes.

Como tercera vía, se señalan los importes percibidos en concepto de depósito de vehículos retirados por la grúa. La tasa de retirada en aquel momento era de 112 euros —que recauda la empresa que gestiona la actividad— y la tasa de la cuota de depósito, en la que intervienen los agentes y que empieza a contar a partir de las primeras 24 horas, era de17 euros diarios.

El instructor del informe enfatiza además que las carpetas informáticas que deberían existir en la Jefatura de la Policía Local de Lepe "son muy escasas y recientes", señalándole un mando anterior que cuando se hizo cargo de este departamento "se habían formateado los ordenadores" y que se pudieron recuperar algunos documentos y carpetas, "pero muy pocas", especifica.

Sanciones que nunca se ingresaban en las arcas municipales ni en el departamento de Tráfico, supuestos acuerdos con un desguace para el cobro de dinero y condonaciones de deuda a particulares (que se estiman en miles de euros) por la retirada y guarda de vehículos en el depósito oficial forman parte del entramado de presunta corrupción policial en Lepe que se encuentra bajo investigación judicial. Entre los imputados, un exjefe del cuerpo junto a otros seis agentes y un colaborador externo.

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