Notificaciones de multas fraudulentas en Madrid: "Yo no he firmado nada"
Particulares denuncian irregularidades en la entrega de sanciones del ayuntamiento, cuyo servicio está externalizado a dos empresas. La Administración reconoce "algunas incidencias" y una de las entidades ha despedido a un operario
"Yo no he firmado nada. Alguien que no conozco ni he autorizado ha recibido una multa por mí". Este testimonio revela un problema en las notificaciones del Ayuntamiento de Madrid, especialmente de sanciones de tráfico, con justificantes de entrega presuntamente falsificados. La situación afecta a numerosos particulares que no se dan por enterados del expediente de la Administración hasta que les llega una segunda carta o hasta que les embargan la cuenta bancaria en algunos casos. Aunque el Consistorio es el último responsable, el servicio postal en la capital está externalizado y desde inicios de 2021 es tarea de dos empresas privadas: RD Post y la UTE formada por Hispapost y Servinform. La primera compañía confirma los hechos y ya ha despedido al responsable de los episodios de los que tiene constancia.
El Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida podría enfrentarse a un aluvión de reclamaciones. Según ha podido comprobar El Confidencial, los supuestos son variados, desde multas por mal aparcamiento a exceso de velocidad o entradas en las zonas de bajas emisiones, aunque los expertos consultados aseguran que la problemática es prácticamente inabarcable y podría afectar a todas las cartas certificadas o notificaciones administrativas, gestionadas por el Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM). Las supuestas irregularidades de las notificaciones que justificarían los recursos abarcan también los avisos en los buzones (no se considera como efectivo) o errores en la publicación de las multas en el boletín oficial, explican las entidades especializadas en estas prácticas.
Uno de los casos a los que ha tenido acceso este diario arranca en octubre de 2021, con una multa de 300 euros y obligación de identificar al conductor, con la pérdida de 2 puntos del carné por superar la velocidad máxima permitida. El afectado, sin embargo, no supo que había sido sancionado hasta el pasado mes de mayo. Según consta en el expediente, se hizo una primera notificación en la que se informaba de la infracción cometida, del importe a pagar y del requerimiento de identificar al responsable. El problema es que nunca se hizo, aunque figura una prueba de entrega al destinatario con el logo de la empresa encargada del reparto (RD Post), el domicilio del propietario del vehículo, el número del empleado en cuestión y los datos del supuesto receptor de la multa, con nombre, DNI y firma.
La sorpresa del afectado es que desconocía por completo quién era esa persona. Reparó en ello cuando llegó al domicilio una segunda notificación. Esta vez, con una sanción de 900 euros por no facilitar los datos del conductor en primera instancia, una omisión considerada como una falta muy grave y sancionada con el doble o el triple de la multa inicial, en función de la gravedad de la infracción. Esta vez sí fue recibida por alguien conocido.
El servicio postal en la capital está externalizado y desde inicios de 2021 es tarea de RD Post y la UTE formada por Hispapost y Servinform
Este caso, ya recurrido ante el Consistorio, no es aislado. En otro de los relatos conocidos por este diario, el supuesto infractor no llegó nunca a recibir la notificación por mal aparcamiento y no se dio por enterado hasta que le embargaron el importe en su cuenta, muchos meses después, por casi 300 euros. La mayoría perdieron la posibilidad de abonar con pronto pago porque solo se les comunicó con un aviso en el buzón y se les pasó el plazo. "Ya no es una cuestión solamente del dinero, es la obligación de desplazarte para recurrir y perder el tiempo. Mucha gente no sabe hacerlo y al final acaba pagando", explica uno de los afectados. Van desde 90 euros por circular por el distrito Centro a 200 euros por estacionar en doble fila, pero no todas se pusieron en conocimiento de la Administración porque no hubo recurso.
El Ayuntamiento lo reconoce
El Ayuntamiento de Madrid reconoce el problema, aunque no da cifras de las reclamaciones que ha recibido hasta la fecha. Desde el IAM, encargado de la gestión de los servicios postales municipales para correo ordinario, cartas certificadas y notificaciones administrativas, señalan que se han producido "algunas incidencias" con la empresa que presta el servicio, si bien tampoco especifica si han tomado alguna medida para solucionar el problema. "Todo aquel ciudadano que pueda acreditar que no se le haya notificado correctamente, por ejemplo en el caso de una sanción de tráfico, puede comunicarlo para que, en su caso, el Ayuntamiento pueda retrotraer el procedimiento al momento en el que se haya producido la incidencia", indican fuentes de este organismo.
Las empresas encargadas de entregar las notificaciones administrativas son la catalana Recerca i Desenvolupament Empresarial SL (cuyo nombre comercial es RD Post) y la UTE formada por Hispapost y Servinform. Ambas concurrieron en 2020 al servicio junto a Correos, aunque esta quedó fuera del proceso porque su oferta era superior al precio estipulado. Se dividió en dos lotes, con Hispapost y Servinform como beneficiarios del Lote 1, por más de 2 millones de euros, y RD Post del Lote 2, por más de 15 millones de euros. La UTE de Hispapost y Servinform, encargada de la correspondencia ordinaria en Madrid, señala que es completamente ajena a esta problemática y que no ha habido ninguna incidencia en el servicio que prestan.
El proceso con RD Post fue largo y tedioso. Aunque la licitación se anunció en noviembre de 2019, no se cerró definitivamente hasta más de un año después. De hecho, en un informe previo a la adjudicación, la mesa de contratación expuso sus dudas respecto a la capacidad de la empresa para prestar el servicio, habida cuenta de que trabaja con varios establecimientos subcontratados, aunque fue subsanado. "Se deduce que recibe dichos locales sin estar acondicionados ni disponer de medios específicos para llevar a cabo el servicio de admisión y tratamiento de objetos postales, por lo que la empresa deberá llevar a cabo dicho acondicionamiento antes del comienzo de la ejecución del contrato. No presenta ningún plan de puesta en servicio de estos locales ni un listado de los medios que se utilizarán, únicamente un listado de los locales, sus referencias catastrales, los contratos de alquiler y unas fotografías donde solamente se aprecia la fachada con el acceso cerrado", señalaba el informe.
Actuación de RD Post
RD Post reconoce lo ocurrido, aunque sostiene que los casos detectados son una "excepción" en el servicio que prestan desde febrero de 2021, con cerca de seis millones de cartas entregadas. Así, tienen constancia hasta ahora de un total de 32 incidencias, 23 correspondientes a un mismo domicilio, volviéndose a gestionar, y otras 9 mal gestionadas, habiéndose despedido al responsable, reservándose las acciones legales oportunas. Desde la compañía indican a El Confidencial que registran una ratio de anomalías "muy por debajo de cualquier empresa del sector y del propio Correos", su competencia directa, y que sus operarios cuentan con dispositivos móviles con firma y otros elementos probatorios como el geoposicionamiento GPS, la encriptación de datos o el sellado de tiempo.
Entidades como Dvuelta o Automovilistas Europeos Asociados denuncian que podrían ser miles de casos e instan al Ayuntamiento a solucionar el problema
Empresas y asociaciones especializadas en el recurso de multas y de este tipo de situaciones coinciden en que se trata de un problema generalizado y "difícilmente cuantificable". "Los casos podrían ser miles", declara Pedro Javaloyes, portavoz de Dvuelta. "Si se notificase correctamente, seguramente sería más caro lo gastado que lo recaudado por las multas. Es la codicia de la Administración, poner más multas de las que pueden tramitar", añade, tras incidir en que lo capital de este tema es preservar la importancia de la notificación, pues es el inicio del procedimiento y habilita el derecho a la tutela judicial efectiva.
Automovilistas Europeos Asociados (AEA), otra de las entidades que desarrolla estas acciones, ya anunció a finales del año pasado que iba a solicitar al Ayuntamiento de Madrid una auditoría de la gestión de las multas de tráfico por mala praxis. AEA, que también contabiliza miles de casos, usa como fundamento una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid, que condenó al Consistorio a indemnizar con 668 euros a un conductor al que se le notificó erróneamente la pérdida de vigencia de su permiso de conducir y se vio obligado a volverse a examinar.
Lo cierto es que estas presuntas irregularidades no son una novedad. En los años 90, el Ayuntamiento de Madrid ya tuvo problemas con la concesionaria EDS por la misma cuestión, entonces con José María Álvarez del Manzano al frente. Y más recientemente, en Palma, la Policía Nacional detuvo a cuatro trabajadores de la empresa postal contratada por el Consistorio por, presuntamente, falsificar 23 firmas como si hubieran entregado las notificaciones, según informó Efe.
"Yo no he firmado nada. Alguien que no conozco ni he autorizado ha recibido una multa por mí". Este testimonio revela un problema en las notificaciones del Ayuntamiento de Madrid, especialmente de sanciones de tráfico, con justificantes de entrega presuntamente falsificados. La situación afecta a numerosos particulares que no se dan por enterados del expediente de la Administración hasta que les llega una segunda carta o hasta que les embargan la cuenta bancaria en algunos casos. Aunque el Consistorio es el último responsable, el servicio postal en la capital está externalizado y desde inicios de 2021 es tarea de dos empresas privadas: RD Post y la UTE formada por Hispapost y Servinform. La primera compañía confirma los hechos y ya ha despedido al responsable de los episodios de los que tiene constancia.
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