Narcos destruyen a tiros dos estaciones de vigilancia en la costa de Huelva para colar alijos

Las pantallas se fueron a negro, como en una conexión interrumpida, y la zona más occidental de la costa onubense, desde Punta Umbría hasta casi el límite con Portugal, quedó a merced del narco para el desembarco de drogas. En dos ataques sucesivos, individuos armados han tiroteado dos estaciones del Servicio Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), el dispositivo que se instaló hace casi dos décadas de oeste a este del litoral andaluz para poner freno al tráfico de drogas y controlar la inmigración ilegal.

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Los autores del asalto conocían la ubicación exacta de las instalaciones del SIVE —en zonas de Lepe y Punta Umbría— y buscaban dejar un punto ciego en el campo de visión del servicio y en toda su zona de cobertura. La ruta de Huelva es una de las que más peso ha tomado en los últimos años para la entrada de hachís procedente de Marruecos con destino al resto del país y a Europa.

Desde el mismo corazón del dispositivo en la Comandancia de la Guardia Civil, donde se vigilan y controlan en tiempo real las cámaras, radares y elementos térmicos que cubren miles de kilómetros cuadrados de costa y mar, se dio la alarma. Varias personas estaban disparando las instalaciones (en las que no hay personal). Los tiros iban directamente a las cámaras.

El primer ataque fue el pasado viernes, el segundo en la tarde de este domingo, cuando apenas había oscurecido, han confirmado fuentes de la investigación. En ambos casos, las cámaras —los ojos de las fuerzas policiales en la lucha contra el narcotráfico mediante el rastreo de embarcaciones o movimientos sospechosos mar adentro o en las playas— quedaron destrozadas por los disparos y el sistema quedó inutilizado. Objetivo cumplido por los narcos.

Según la Guardia Civil, el sabotaje que ha dejado ciego al SIVE no ha interferido en la vigilancia de la costa. “Tenemos otras medidas similares activadas”, aseguran desde el Instituto Armado. Hasta el momento, no hay detenciones por los ataques mientras la investigación por la Policía Judicial sigue su curso.

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Fuentes de la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) puntualizan que las dos instalaciones se atacaron de forma simultánea y coordinada por “un grupo bien organizado”. “Entendemos que este ataque a dos de estas instalaciones en puntos distintos es obra de las bandas de narcotraficantes que, ante la falta de medios materiales y de personal en la costa occidental de Huelva y la presión, a la que se están viendo sometidos especialmente en la zona de Cádiz, han decido trasladar sus acciones a una provincia mucho menos vigilada”.

El mismo ataque a las estaciones del SIVE evidencia, según IGC, este déficit de medios, que se viene denunciando desde hace tiempo.

Tras confirmarse que las instalaciones habían sido tiroteadas, salieron a cubrir el aviso agentes del puesto de Isla Cristina, tuvieron que hacerlo en un vehículo “de paisano”, ya que no había coches oficiales (bicolor) disponibles en ese momento y además sufrieron un accidente durante el trayecto, por el que tuvieron que ser asistidos en un centro médico de la zona y se encuentran de baja del servicio por las lesiones que sufrieron.

El vehículo siniestrado —no rotulado y sin prioritarios—, que quedó destrozado, tenía según la asociación fallo en el ABS, “lo que propició aún más el trágico suceso”.

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La falta de medios tanto materiales como de personal en la provincia de Huelva “se agudiza cada vez más”, hasta el punto de que se ha convertido en “habitual”, según la asociación, que una sola patrulla tenga que cubrir núcleos de población con más de 50.000 habitantes, como son Lepe, Isla Cristina, Cartaya o Ayamonte, y hacerlo “sin medios apropiados” y ante “el aumento de inseguridad provocado por las bandas de narcotraficantes, que ven la provincia como un nuevo coladero”.

No es la primera vez que organizaciones criminales atacan el Servicio Integrado de Vigilancia Exterior en Huelva. En la pasada década, otra estación quedó anulada en un asalto similar por parte de un grupo que hacía las veces de agencia de seguridad a los traficantes, despejando el camino a los grupos que operaban en la costa para garantizarles el desembarco de sus alijos.

En aquella ocasión, se detuvo a trece miembros de la banda, entre los se encontraban dos agentes de la Guardia Civil que la red logró tener en nómina, pero al llegar el juicio en la Audiencia Provincial, ocho quedaron absueltos después de que se anularan las escuchas telefónicas de la investigación.

Zona de especial singularidad

El colectivo ha exigido que se declaren zonas de especial singularidad a las que tanto por presión migratoria como por la actividad de las redes de narcotráfico vienen sufriendo “un repunte exponencial”, como es el caso de la costa onubense, y dotarlas así con más personal y medios, así como un complemento retribuido de peligrosidad. En este punto, ha instado al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil a que lleven a cabo “un plan de acción efectivo ante esta grave problemática”.

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Ya el pasado año, la asociación denunció "el mal estado" de la flota de vehículos de la Guardia Civil en Huelva, con más de 500.000 kilómetros y 10 años en servicio la mayoría de ellos, así como la falta de vehículos mampara. Precisamente, por esta carencia, una agente sufrió "una brutal agresión" en el interior del vehículo policial hace solo un mes, cuando un detenido la emprendió a golpes durante su traslado.