Piden dos años de cárcel para el nuevo subsecretario de Inclusión por daños en el Palacio de Doñana

La gestión del parque de Doñana vuelve al banquillo de los acusados. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la Palma del Condado ha dictado apertura de juicio oral contra el recién nombrado subsecretario de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Alberto Sereno Álvarez. La Fiscalía de Huelva le acusa junto a otras seis personas de presuntos delitos de prevaricación ambiental y daños al patrimonio histórico por unas obras efectuadas en el Palacio de Doñana en 2015. Entonces, Álvarez era secretario general del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La causa señala —además de al CSIC— al Ministerio de Industria y al Ayuntamiento de Almonte a consecuencia de la remodelación a que se sometió el palacio, un inmueble de los siglos XVI-XVII —reformado en dos ocasiones en 1972 y 1988— ubicado en el corazón del espacio natural, que hoy es sede de la Reserva Biológica de Doñana.

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"Los acusados obraron con un absoluto desprecio por la condición y protección de que gozaba el inmueble", afirma el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso El Confidencial, en el que reclama un total de 14 años de prisión para los acusados (dos años para cada uno de ellos), entre los que figuran también el entonces jefe de la oficina de supervisión de proyectos de la subsecretaría del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el director de obra y el arquitecto proyectista, a los que se imputan delitos de daños en el patrimonio histórico.

Con la misma petición de pena de dos años de cárcel y de inhabilitación especial para empleo o cargo público por 10 años, el Ministerio Fiscal acusa de supuesta prevaricación ambiental al que fuera entonces concejal de Urbanismo de Almonte, Antonio J. Díaz Trigueros, así como a la arquitecta municipal y a la asesora jurídica del ayuntamiento.

Desde noviembre de 2014

El comienzo de esta causa se remonta a noviembre de 2014, a raíz de que el BOE publicara el concurso de obras para remodelar el palacete y la instalación de Infraestructura Científico Técnica Singular (ICTS), una remodelación cofinanciada con fondos Feder y con un presupuesto de 1.500.363 euros. El inmueble está levantado en suelo no urbanizable de especial protección, zona A del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad), y con protección de grado 1 conforme al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Almonte. Además, forma parte del catálogo municipal de bienes y espacios protegidos, lo que supone que las únicas obras que se pueden autorizar son las de conservación y mantenimiento, sin que se puedan alterar ni sus acabados ni los materiales.

A pesar de estas figuras de protección, se llevaron a cabo demoliciones generales, sustitución de carpintería de madera original por obras de PVC, supresión de muros y construcción de nuevos tabiques, cierres de puertas y sustitución de ventanas exteriores por puertas de nuevo acceso a habitaciones, nuevos baños individuales y armarios, además de nuevas instalaciones de aire acondicionado. Para llevar a cabo la remodelación, se presentó (febrero de 2015) por el CSIC y la empresa (Condisa SAU) un primer proyecto básico y de ejecución, supervisado por el investigado de la subsecretaría del Ministerio de Industria, que "obrando con igual desprecio por el nivel de protección o consideración que el inmueble afectado tenía por la normativa administrativa, se limitó a informar que se presuponía el cumplimiento de la normativa", a pesar de que planteaba derribos en el interior y un porche exterior.

El proyecto, teniendo en cuenta la protección del inmueble —que no respetaba— y que "excedía notoriamente de su conservación y mantenimiento", sostiene la acusación pública, obtuvo entonces el informe negativo del ayuntamiento.

Un segundo proyecto

Posteriormente, se presentó un segundo proyecto reformado que solo suprimía el porche exterior y de nuevo el jefe de la oficina de supervisión de proyectos de la subsecretaría del Ministerio de Industria "se limitó a informar de que se presuponía el cumplimiento de la normativa urbanística, pese a que contenía previsión de derribo de tabiquería interior, persistiendo en su conducta de desconocer el grado de protección y las limitaciones que existían en las posibles intervenciones en el inmueble". En este segundo proyecto, se justificaban las actuaciones con base en el informe Patologías del palacio, que ponía de manifiesto la existencia de humedades, deficiencias de mantenimiento y envejecimiento general del edificio, al tiempo que proponía actuaciones de conservación y mantenimiento "no agresivas", que —destaca la acusación— "no fueron tenidas en cuenta por no permitir la reforma integral proyectada".

Tras sucesivos informes, el delegado de urbanismo en aquel momento hizo una propuesta de licencia de obra mayor, haciéndose constar que no se alteraba el uso del edificio y "obviando a sabiendas" las referencias a las normas de protección específicas para el palacio, de manera que promovió la aprobación de dicha licencia, votando a favor de la misma en la Junta de Gobierno local (se otorgó la licencia en julio de 2015), mientras que entre el primero y el segundo de los proyectos, sin licencia en vigor, se iniciaron las obras, mantiene el fiscal.

Los daños

En cuanto a los daños, la acusación señala a los acusados como responsables directos y al CSIC y a las empresas Novarquía y Condisa Sau como responsables civiles subsidiarios para la reparación del daño en el Palacio de Doñana, reponiendo el mismo a la situación anterior a la obra ilícita, salvo aquellos aspectos que resulten legalizables.

En el supuesto de que no fuera posible, se tendrán que adoptar las medidas que se determinen en ejecución de sentencia para la legalización de las obras, conforme al informe elaborado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, que obra en autos, y en el caso de que ninguna de estas opciones fuese posible, la Fiscalía pide una indemnización al titular del inmueble en la cantidad que determine la sentencia.

Se han cumplido ya dos años desde que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de la Palma del Condado dictara auto de apertura de juicio contra los acusados y se está a la espera, indica el TSJA, de resolver unos escritos presentados por las partes antes de elevar el procedimiento a la Audiencia Provincial de Huelva.