La playa de Doñana intenta sobrevivir a las exigencias ambientales de Bruselas

¿Es posible incrustar una ciudad con 300.000 habitantes en medio de un parque nacional amenazado? En Matalascañas, un núcleo urbano del municipio onubense de Almonte, pueden dar buena cuenta de que sí. Durante el año, la población de esta urbanización no supera los 3.000 habitantes, pero en verano se multiplica por 50 para alcanzar los 160.000, que pueden ser esos 300.000 durante un fin de semana. ¿Y cómo se abastece de agua a una población que solo se vería superada por Sevilla, Málaga y Córdoba en Andalucía? Con agua subterránea que procede de los acuíferos que nutren el Parque Nacional de Doñana y por cuya esquilmación Bruselas ya ha reprendido a España. Y, para que eso no vuelva a ocurrir, en Matalascañas empiezan a moverse.

El agua de abastecimiento para esta urbanización no es la única causa de la falta de agua en los acuíferos que hay bajo Doñana, pero la intención es que deje de serlo cuanto antes. Por ese motivo, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha puesto en marcha el proceso para alejar los pozos de la zona más afectada por la falta de recursos hídricos. Matalascañas se abastece a partir de cinco sondeos que permiten el uso de 2,75 hectómetros cúbicos y 2,2 de ellos salen de uno de estos acuíferos.

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El plan de la CHG, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, pasa por cerrar los dos pozos del extremo oriental de Matalascañas y abrir otros dos en la zona más occidental. El objetivo es elevar los niveles de agua en la zona más próxima a un complejo lagunar cercano, que podrá así recuperarse. El inicio de los trabajos tiene un coste de 85.000 euros y consiste en un sondeo de investigación, pero será el primer paso de una inversión de 1,2 millones que incluye la construcción de los pozos definitivos y las conducciones para que lleguen a las viviendas.

Con este gesto, el Gobierno se mueve para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en 2021 condenó a España por eludir las directivas comunitarias de aguas y hábitats. Hace solo unos días, la Comisión Europea abrió un expediente contra España, que podría acabar en una multa, por la dilación en acatar el fallo. El plan de la CHG incluye también el proyecto de ampliación de la estación de aguas residuales de Matalascañas, 30,7 millones de euros, entre otras medidas incluidas en el Plan Hidrológico del Guadalquivir.

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Pero la compleja convivencia entre Matalascañas y la joya natural que la rodea por completo no es nueva. Matalascañas nació en plena dictadura franquista. De hecho, entonces no se llamaba así, sino Playas del Coto de Doñana, que es la denominación de la empresa que promovió esta urbanización situada en el municipio onubense de Almonte. Eso fue en 1966, solo dos años después de la creación de la Estación Biológica de Doñana, germen del parque nacional que rodea este núcleo urbano. Es, desde entonces, la playa más cercana a Sevilla, a 99 kilómetros por carretera y lugar de veraneo muy popular en las provincias de Huelva y Sevilla.

El nacimiento de esta urbanización, declarada Centro de Interés Turístico Nacional en 1968, "creó expectativas y alentó la creación de nuevos proyectos en el litoral", según una publicación del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Esas iniciativas acabaron desechadas por la crisis del petróleo de 1973, pero contemplaban la construcción de una ciudad de más de 30.000 habitantes. No fue hasta 1988 cuando se aprobó el Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana y su Entorno, que incluye una compatibilización de los usos en el entorno del parque para garantizar su conservación.

Entre Matalascañas y los regadíos

El tirón de orejas del TJUE que el proyecto de la CHG viene a solucionar el abastecimiento de aguas de Matalascañas, pero también con las extracciones ilegales de agua para riego en el entorno de Doñana. De esta forma se entronca el plan del Gobierno central en el núcleo almonteño con la polémica ley de regadíos impulsada por el PP, Ciudadanos y Vox en el Parlamento andaluz que decayó con el adelanto electoral decidido por Juanma Moreno el pasado 25 de abril.

El PP pretende recuperar la revisión de la ordenación de las zonas regables en el Condado de Huelva, como decía su programa electoral. La duda es cómo, ya que el propio Juanma Moreno aludió en su debate de investidura a una solución "legal", sin aclarar cómo puede compaginarse el aumento de los regadíos con las advertencias de la UE, tanto de la Comisión como del ámbito judicial. La apuesta del PP pasa por poner en marcha infraestructuras que lleven agua en superficie a los municipios de Bonares, Moguer, Lucena del Puerto, Rociana del Condado y Almonte, donde se encuentra Matalascañas.

Es necesario que el Gobierno central lleve a cabo algunas de estas obras, como el túnel de San Silvestre o la presa de Alcolea. Pero la sola toma en consideración del texto en la Cámara, el pasado febrero, provocó una respuesta airada de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, que envió una dura carta a la Representación Permanente de España ante la UE por la iniciativa legislativa de PP, Cs y Vox. El Gobierno saliente de Juanma Moreno eludió parte de su responsabilidad al recordar que se trataba de una iniciativa del legislativo andaluz, pero admitió que la protección de Doñana prevalecería sobre el texto, si llegase a aprobarse. La incógnita ahora es cuál será esa solución "legal" a la que aludió el presidente en su discurso de investidura.

Y todo esto ocurre cuando en la provincia de Huelva se están registrando cortes de agua por la sequía y la ola de calor, que está bajando el nivel de los acuíferos. Actualmente, 12 municipios de la sierra de Aracena y Picos de Aroche, en el norte de la provincia, sufren cortes nocturnos por la escasez de agua que afectan a 11.000 habitantes. Según el PSOE, hay otras 19 localidades en las que viven más de 30.000 personas que podrían encontrarse con una situación similar si la sequía empeora. Los socialistas denuncian que estos cortes se deben a una falta de infraestructuras hidráulicas y que el anuncio de Juanma Moreno de suspender el canon del agua, un impuesto creado para financiar este tipo de obras, dificultará la solución a estos cortes.