La estrategia de Griñán aplazará varios meses la orden de entrada en prisión

La publicación de la sentencia sobre los ERE no se traducirá en la ejecución inmediata de las penas asociadas a este caso de corrupción. El fallo adelantado en julio incluía una condena de seis años de cárcel para José Antonio Griñán, pero todavía faltan meses para que se ejecute. El anuncio de la defensa del expresidente andaluz sobre la interposición de un incidente de nulidad aleja el momento en que la Audiencia de Sevilla decida qué hacer con el veterano exdirigente socialista. Y de por medio está la petición de indulto que la familia de Griñán tiene previsto solicitar.

José María Calero, abogado del político, explicó tras la publicación de la sentencia que existe una "alta probabilidad" de que presente un incidente de nulidad sobre la decisión de los tres jueces del Supremo que apoyaron su condena por malversación. El letrado, que reconoció a EFE que todavía estaba estudiando la sentencia, tiene 20 días para registrar ese recurso. Después, el alto tribunal deberá analizar el argumento y tomar una decisión. Se espera que la tramitación de este recurso se alargue "semanas o meses", ya que deben pronunciarse todas las partes. Y, según explican fuentes jurídicas, no será hasta entonces cuando la Audiencia de Sevilla se plantee pedir la ejecución de la sentencia, aunque podría hacerlo de inmediato.

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Fue la sala primera del tribunal hispalense quien sentenció a José Antonio Griñán y otros ocho altos cargos de gobiernos socialistas a penas de cárcel. Y debe ser esa sala la que decida sobre la ejecución del fallo del expresidente andaluz. Cuando se llegue a ese punto, todavía cabrá la posibilidad de que la defensa de Griñán reclame la suspensión de la pena. Calero explicó que, antes de llegar a ese punto, también se plantea la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Existe una tercera vía para que el expresidente eluda la entrada en prisión, que es la solicitud de la suspensión de la pena ante la Audiencia de Sevilla. Desde el entorno del expresidente andaluz, desvelan que la intención de la defensa es formalizar esta petición en un breve plazo. Además del tribunal sevillano, las partes personadas en la causa pueden pedir la ejecución de la pena. Aquí entra en juego el PP andaluz, que ejerce de acusación, pero fuentes de la formación que dirige Juanma Moreno explican que no tienen intención de hacerlo. De fondo está la petición del indulto de la familia de Griñán y el desgaste que puede provocar en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez, algo que los populares quieren aprovechar.

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El voto particular, que lleva la firma de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, también se hizo público el miércoles y coincide en parte con las tesis del expresidente andaluz. El texto defiende que la condena por malversación de Griñán y los otros cuatro altos cargos de la Consejería de Economía no está suficientemente motivada. Ferrer y Polo llegan a calificar de "salto en el vacío" asumir que estos exdirigentes socialistas conocieran "lo que se podía estar tramando [en la Consejería de Empleo] y ejecutando en el reparto de subvenciones".

Silencio en el PSOE andaluz

"El crédito no delinque", defendió Griñán en su momento, en una forma de rechazar su condena por malversación por impulsar y aprobar los presupuestos autonómicos que daban financiación a las partidas que acabaron en fraude. Y ese es el argumento que utiliza el PSOE para justificar parte de su defensa de los expresidentes condenados por el caso ERE. Los socialistas aseguran que se trata de personas "honestas" porque no se enriquecieron por medio de este procedimiento considerado fraudulento por el Tribunal Supremo.

El PSOE andaluz eludió pronunciarse de forma inmediata sobre el contenido de la sentencia que se hizo pública el miércoles. Los socialistas explicaron a última hora de la tarde que su líder, Juan Espadas, mostrará su posición este jueves, antes de la sesión de control en el Parlamento. La razón es que el secretario general de la formación ha querido analizar a fondo el texto de 1.205 páginas, 90 de las cuales corresponden al voto particular favorable al expresidente de la Junta.

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Sí se posicionó el PP andaluz por medio de su nuevo secretario general, Antonio Repullo. "No hay excusas para que el PSOE pida perdón", expresó el político cordobés, que aseguró que los socialistas intentan "engañar a los andaluces" cuando defienden la honradez y la inocencia de los expresidentes. "Ni fueron honrados en su gestión ni son inocentes", defendió el dirigente popular, que se mostró contrario a recurrir una hipotética suspensión de la pena en caso de que la Audiencia de Sevilla lo decida así.

"Si un juez entiende que no debe entrar en prisión, que no entre; pero si debe entrar, debe entrar", abundó Repullo, convencido de que el fallo de esta sentencia servirá para "pasar página" sobre este caso de corrupción. Justo tras el dirigente popular, el Gobierno andaluz de Juanma Moreno se posicionó sobre la decisión del Supremo por medio de su consejero de Presidencia, Antonio Sanz.

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Sanz fue uno de los arietes del PP en la oposición, sobre todo en relación con el caso de los ERE. Y este miércoles aludió al mismo como "el caso más grave de corrupción de la historia democrática". "No hubo voluntad política de evitar un caso de corrupción", insistió Sanz, que además recordó que el dinero defraudado (680 millones, según la sentencia) debía destinarse a "los parados".

"Es una noticia nefasta, pero es el pasado", zanjó Sanz, que aseguró que fraudes de este calibre no podrán repetirse "por los controles que hay y por la voluntad política de este Gobierno". Más duro se mostró Vox, que pidió que la sentencia "se ejecute, se cumpla y que se devuelva cada céntimo de euro malversado a los andaluces". El portavoz de la formación, Manuel Gavira, se mostró contrario a los indultos, al afirmar que "estamos en un Estado social y democrático de derecho, por tanto, ahora lo que toca es que se cumpla y ejecute esa resolución judicial. No hay otra".