La lucha contra el impacto de los molinos de viento llega en Cádiz mar adentro

A solo cuatro kilómetros de La Costilla, la principal playa urbana del municipio gaditano de Rota, y a unos seis de la Caleta, en Cádiz, se ha proyectado la construcción del "primer parque eólico flotante de Andalucía". 18 aerogeneradores de más de 107 metros de altura. La instalación, que tramita ya la Autoridad Portuaria de Cádiz por estar en sus aguas, ha recibido duras alegaciones en contra del ayuntamiento roteño, a las que ha tenido acceso este periódico, y también cuenta con la oposición del consistorio gaditano por su “oscurantismo”. Las dudas en la zona sobre cómo podrá afectar al turismo, al paisaje y al medio ambiente se multiplican, mientras en Almería un proyecto similar previsto frente al cabo de Gata ha levantado en pie de guerra a vecinos y asociaciones ecologistas.

La empresa Bahía de Plata Real State 2017 SL es la que impulsa el proyecto, según la documentación remitida por la Autoridad Portuaria de Cádiz, aunque su negocio, según el Registro Mercantil, es el de las actividades inmobiliarias. En la memoria, la compañía que defiende la instalación es Green Stone Renewable II, una firma creada en 2019, con sede social en Córdoba y que comparte directivos con la fotovoltaica ABEI Energy. Existe una garantía económica de 1,8 millones de euros, según ha podido saber El Confidencial.

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El proyecto, fechado en junio de 2021 y en diciembre de ese mismo año en su última versión, propone la construcción de un parque eólico 'offshore', con una potencia eléctrica instalada de 163,8 MW. La planta se levantaría en aguas del puerto de la bahía de Cádiz y supondría la instalación de 18 turbinas de última generación. Además, para transportar la electricidad tendría que conectarse a la subestación de Puerto Real, con la ayuda de un cable tendido en el fondo marino, y desde allí se procedería a la distribución a toda la península Ibérica.

Los aerogeneradores tendrían un rotor de tres palas de 174 metros de diámetro sobre una torre de 107 metros de altura, algo más bajas que las emblemáticas Torres de la Luz de Cádiz, que con sus 160 metros fueron récord en el 'skyline' gaditano hasta que se construyó el segundo puente, cuyo gran pilono central alcanza los 185 metros. Estarían enclavadas en el suelo a unos 20 o 30 metros de profundidad. Los ecologistas estiman que la altura total de las torres podría llegar a los 200 metros. En ese caso, superarían la estructura del puente.

La altura de los aerogeneradores podría superar la del segundo puente de Cádiz

Los macroproyectos de renovables en zonas rurales han puesto en pie de guerra a numerosos vecinos y asociaciones, que temen que estas grandes infraestructuras acaben colonizando el paisaje. Es común que las instalaciones eólicas o fotovoltaicas, que ocupan amplias superficies de territorio, originen protestas. Ya hay hasta una plataforma, Alianza Energía y Territorio (Aliente), formada por 80 entidades, que pide que se ordenen estas grandes instalaciones y se cuide el impacto. En el cabo de Gata, en Almería, más de 60 asociaciones y colectivos se oponen a una infraestructura de 70 kilómetros cuadrados y 20 aerogeneradores de 261 metros de altura que se proyecta levantar a 15 kilómetros de la costa, en lo que ya se llama el Algarrobico marino.

Rota ya carga con la base

El proyecto de Cádiz recoge un estudio de impacto ambiental, que el Ayuntamiento de Rota califica de claramente insuficiente y somero, y que apunta a que durante la instalación puede aumentar el nivel de ruido y producirse una disminución de la calidad del aire por las emisiones de los barcos que participen en la construcción. Se requeriría además de una enorme grúa para elevar el pilote, que es el poste del aerogenerador que penetra en el fondo marino. Según la empresa, aunque en la fase de explotación las turbinas necesitan mantenimiento, supondrá “un impacto poco significativo”. Se recoge también que “el sistema de rotación de las palas producirá ruido en la zona”. Así figura en la propia memoria, de 34 folios, remitida a los consistorios concernidos. Están afectados por este proyecto los ministerios de Defensa, Transportes, Industria y Transición Ecológica. En la Junta de Andalucía deben pronunciarse las consejerías de Fomento, Turismo, Hacienda y Agricultura y Desarrollo Sostenible. Asimismo, se pide informe a los ayuntamientos de Cádiz, Puerto Real, el Puerto de Santa María, San Fernando y Rota. Todo bajo la batuta de la Autoridad Portuaria.

El Ministerio de Defensa tiene en este caso un papel clave por la proximidad extrema de la base naval de Rota, de uso compartido entre el Ejército español y EEUU. El alcalde de Rota, Javier Ruiz (PSOE), ha remitido una carta a la presidenta de la Autoridad Portuaria de la bahía de Cádiz, Teófila Martínez, exalcaldesa gaditana y exlíder del PP andaluz, mostrando su “total oposición” a un proyecto que el ayuntamiento roteño considera “inadmisible”. Prevé la ocupación de 11,42 kilómetros cuadrados con la instalación de aerogeneradores frente a la playa más emblemática de la ciudad. El primer edil alerta del “gran impacto social y turístico” para una localidad que es Municipio Turístico de Andalucía desde 2007. Señala también los efectos de “desnaturalización y distorsión del paisaje de las playas” y que la instalación de los aerogeneradores puede “afectar negativamente a espacios naturales” próximos como los Corrales, declarados Monumento Natural, además de tener una importante “afectación a las aves, en una zona de especial protección y calificada dentro de la Zona Especial de Conservación de la Red Natura 2000”.

La base militar de Rota ya afecta al 24% de la superficie del término municipal

El ayuntamiento está convencido del “grave impacto para el turismo” y calcula “perjuicios económicos muy graves”. “Especialmente graves teniendo en cuenta que ya Rota tiene una base militar en plena zona costera que afecta al 24% de la superficie del término municipal”, recuerda el consistorio en las alegaciones presentadas. La afección sería mucho mayor, subraya el Ayuntamiento, si se suman servidumbres aéreas y marítimas. El Gobierno local recibió un escrito el pasado 5 de enero informándole del proyecto y dando un plazo de un mes para presentar alegaciones, que se han registrado en tiempo y forma.

Faltan informes medioambientales

El informe emitido por el Ayuntamiento de Rota recuerda que este tipo de parques marinos necesita exhaustivos “estudios ambientales”, antes de proceder a la construcción y operación de las instalaciones. “Es necesario realizar extensos y detallados estudios de impacto ambiental para conseguir la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable”, insiste el informe técnico. Estudios que no aparecen en la documentación remitida por la Autoridad Portuaria. “El proyecto supone impactos potenciales en la atmósfera, concretamente en la calidad del aire, y otros factores como son el ruido y las vibraciones, ya que pueden afectar a determinadas especies, dependiendo de su sensibilidad”, se recoge en el informe de oposición.

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“Por otro lado, la ejecución de las actuaciones de obra civil necesarias para la instalación de los componentes del parque implica movimientos de tierras y trasiego de maquinaria que pueden provocar modificaciones de la morfología y compactación del terreno, procesos erosivos, disminución de la fertilidad edáfica y pérdida de suelo por ocupación. También se puede producir contaminación del suelo por vertidos accidentales de aceites, combustibles, etc.”, añaden los técnicos. “En cuanto a la edafología [composición y naturaleza del suelo], los trabajos conllevan riesgos de erosión e incidirían en la compactación y en la calidad de los mismos. El gran problema que presenta la eólica marina es la alteración de los fondos marinos”, asegura el documento.

La empresa defiende que el parque eólico, el primero flotante en Andalucía, permitiría “producir energía barata y renovable” en plena crisis de suministros. Se remite además a los objetivos fijados por Bruselas y recuerda que “el 25% de la electricidad europea debe proceder del mar en 2050, según el plan de la Comisión Europea”. Defiende además que la eólica marina es dos y hasta tres veces más productiva que la terrestre.

Sin consultar a los vecinos

El alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, denunció públicamente que “un proyecto que puede marcar el futuro, los recursos naturales y hasta el paisaje de varios municipios" requiere ”responsabilidad, transparencia y participación con los vecinos". Es su principal queja. No ha existido, denunció, “ni una llamada, ni una reunión ni una preevaluación ambiental”. Ni al Ayuntamiento ni a los colectivos ecologistas y al tejido social de Cádiz. “La Autoridad Portuaria de la bahía de Cádiz, con Teófila Martínez al mando, ha vuelto a dar un ejemplo de oscuridad, de falta de transparencia, de esa vieja forma de hacer política que tiene la forma de un rodillo autoritario. Una iniciativa que cambia el paisaje y las formas de la Bahía desarrollada por la puerta trasera, y sin abrir el debate ante ese megaparque eólico-marino que pretende permitir frente a La Caleta”, sostuvo el alcalde cuando se difundió el proyecto.

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Hasta la fecha, los más proclives han sido los conservacionistas de Ecologistas en Acción, que aun así ven “muchas debilidades”. El posicionamiento, recogido por ‘Diario de Cádiz’, apunta a que la “tramitación ha sido un poco extraña porque está en una zona que es mar territorial, zona de dominio público portuario, de manera que queda al margen de la competencia de Costas". Así que la tramitación ha sido hecha de manera unilateral por la Autoridad Portuaria de la bahía de Cádiz. Apuntan además a las complicaciones de tender una nueva línea de cableados para llegar a la subestación eléctrica de Puerto Real y reseñan que los puntales de las torres de los aerogeneradores deberían clavarse en el suelo a una profundidad de 30 metros. Alertan de que el fondo es fangoso, pero debajo hay piedra ostionera, que es roca rígida, por lo que no valdría esa solución. También habría repercusiones en la avifauna, al ser una zona de “altísima riqueza en aves”. Los aerogeneradores son muy potentes y hay posibilidad de que las aves choquen, si bien consideran el impacto paisajístico “asumible”.