Impacto ambiental eólico: como evitarlo en su despliegue 'offshore'

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calcula que la energía eólica marina supondrá en torno a la mitad de la generación eólica en Europa en 2040, y aunque España es uno de los líderes en electricidad a partir del viento en parques terrestres, apenas ha iniciado el despliegue del potencial en sus aguas de la también conocida por su anglicismo ‘offshore’.

La Comisión Europea prevé que la eólica marina pase de los 12 GW actualmente instalados a más de 60 GW de aquí a 2030, y de los 13 MW de energías del mar, como la maremotriz, hasta 1 GW en 2030. De momento, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para esta década 2021-2030 prevé una capacidad de 50 GW de potencia eólica marina instalada, lo que supone casi duplicar los casi 27,5 GW actuales, un reto que se alcanzará con una movilización superior a 30.000 millones de euros.

"Los pescadores son los usuarios más antiguos del mar y, en consecuencia, debe haber una cooperación real con ellos"

Sin embargo, después de años de parón en el despliegue de las energías renovables en España, el creciente impulso que la generación eólica terrestre está tomando no está exento de polémica. Los beneficios de una energía limpia, que no emite gases de efecto invernadero a la atmósfera, se ven empañados por el impacto ambiental, en el paisaje y social que provocan allí donde se instalan, lejos de las zonas urbanas y, en ocasiones, en enclaves de alto valor para la biodiversidad.

Al unísono con su desarrollo crece un movimiento contrario a los daños colaterales perjudiciales que van aparejados a toda tecnología, en este caso la eólica, que ya es, de hecho, la segunda fuente del 'mix' energético del país. España ocupa el puesto número dos en Europa en potencia eólica instalada, por detrás de Alemania; sin embargo, en cuanto a ‘offshore’, está en el puesto de cola.

Para evitar los impactos de las renovables, la recién aprobada Ley de Cambio Climático y Transición Energética incluye en el texto la necesidad de que su expansión se acometa teniendo en cuenta el impacto ambiental, paisajístico y que sus beneficios redunden en los territorios donde se instalan.

Precisamente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico abrió a consulta pública el borrador de la 'Hoja de ruta para el desarrollo de la eólica marina y de las energías del mar en España'. Este documento incluye 20 líneas de actuación con las que el Gobierno quiere “convertir el país en la gran referencia europea para el desarrollo tecnológico y de I+D” en este sector.

Además, el texto expone que se deberá garantizar un “despliegue ordenado de las instalaciones en las aguas territoriales que sea respetuoso con el medio ambiente, compatible con otros usos y actividades y aprovechará su implantación para mejorar el conocimiento del medio marino”.

De forma paralela a la voluntad de dar el pistoletazo de salida a la eólica en el mar, España se ha comprometido a proteger el 30% de sus aguas de aquí a 2030, de acuerdo con la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea. De hecho, este es uno de los países con más kilómetros de costa de la UE (6.000 km) y de los más ricos en biodiversidad, con más de 11.000 especies y una amplia representación de hábitats.

Por tanto, aplicar el desarrollo renovable garantizando la protección ambiental del mar y minimizar sus efectos es clave. No son pocas las quejas presentadas por distintos sectores por la evolución de las renovables en tierra firme. El propio defensor del pueblo ha admitido a final de julio la queja de Podemos sobre el desarrollo eólico en Cantabria y ha abierto diligencias. Este, aunque es el más reciente, no es el primer caso de protestas y acciones en ese sentido. En la misma línea, colectivos vecinales y ONG como Ecologistas en Acción o SEO/BirdLife han pedido la paralización o anulación de algunos parques eólicos de Extremadura o Aragón, entre otros.

En el borrador de hoja de ruta, el ministerio subraya la obligación de las administraciones de asegurar la “integridad y adecuada conservación” del espacio marino, por lo que deberá tener en cuenta la compatibilidad de los distintos usos, así como los objetivos y compromisos en materia de protección del mar y de la biodiversidad.

El consejero delegado de la Asociación Empresarial Eólica, Juan Virgilio Márquez, defiende la necesidad de que esta hoja de ruta del Gobierno lleve aparejado un calendario temporal y mantiene que es “necesario” seguir profundizando en fórmulas que mejoren la instalación de prototipos “demostrativos a escala real y conectados a red”, dadas las “importantes capacidades” de la industria española en el sector eólico y naval.

El sector pesquero está también alerta de la evolución de los acontecimientos en este campo e incluso el propio Parlamento Europeo ha expresado sus reservas ante esta tecnología, por las consecuencias que se pueden derivar de ella para el medio ambiente y sectores tradicionales como la pesca. Así, durante la primera semana de julio, la Eurocámara publicó un informe en el que alertaba del impacto negativo de los parques eólicos marinos y que recoge medidas para “salvaguardar” el sustento de los pescadores ante los posibles efectos desfavorables que incluyen la posibilidad de establecer compensaciones económicas.

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En ese sentido, el europarlamentario Peter Van Dalen defendió que los pescadores son “los usuarios más antiguos del mar y, en consecuencia, debe haber una cooperación real con ellos si se construyen parques eólicos en alta mar”.

Ante las dudas razonables que pueden inclinar la balanza en una posición favorable o contraria sobre la eólica marina, una buena planificación, seria y rigurosa, será crucial para evitar una nueva batalla sobre la energía, dada la necesidad de alcanzar un sistema de generación eléctrica cero emisiones de CO₂ en las próximas décadas que, al mismo tiempo, preserve la biodiversidad, los territorios y los sectores y personas en estos territorios, sean terrestres o acuáticos.