Hacienda firma la paz con las CCAA por el IVA en plena guerra con los fondos europeos

El Ministerio de Hacienda ha remitido una carta a las comunidades autónomas para liquidar el contencioso del IVA pendiente desde 2017 y que la ministra María Jesús Montero no ha logrado resolver hasta ahora, pese a varios intentos fallidos desde 2019. El Estado deberá abonar con intereses esa deuda, heredada del Ministerio de Cristóbal Montoro, por la pérdida de un mes en la recaudación del impuesto.

Son 3.100 millones de euros que están consignados en los presupuestos generales del Estado y que se transferirán a las autonomías que acepten la cifra que oferta Hacienda, más intereses por la demora. Si dan su visto bueno, deberán retirar sus recursos en los tribunales. El ministerio confía en la adhesión de todas las comunidades a este acuerdo, aunque deberán aceptarlo formalmente. Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cantabria y Asturias ya han comunicado que asumen la propuesta del Gobierno central.

El Ejecutivo cierra este acuerdo político cuando las comunidades del PP amenazan con abrir otro frente judicial por el reparto de los fondos europeos y en plena batalla, liderada por Madrid, por la reforma fiscal que pretende imponer la armonización de impuestos como sucesiones y donaciones, lo que supondría la subida de la presión fiscal en la mayoría de las regiones gobernadas por los populares. La reforma del modelo de financiación autonómica es otro escollo que no llega a guerra por la inconcreción de los cambios a los que deberá someterse el modelo y por la aceptación implícita de que se necesita un acuerdo entre el PSOE y el PP, algo que se antoja ahora mismo imposible.

Fuentes del Gobierno no ocultan que el clima político es importante y que zanjar el conflicto por el IVA demostraría que "la vía judicial no es el camino" para llegar a acuerdos y que caben "el diálogo y el pacto" entre el Estado y las comunidades autónomas. El mensaje del Ejecutivo es claro, tratando de desactivar la ofensiva organizada por las comunidades del PP, que denuncian un reparto "arbitrario, discrecional y a dedo", a favor de las regiones socialistas, del dinero procedente de la UE. El acuerdo, subraya el ministerio, llega en unos presupuestos que PP y Cs han rechazado y que beneficiará a comunidades gobernadas por estos partidos.

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Desde el PP, lo leen al revés. Comunidades como Andalucía aseguran que el Gobierno acepta que había sido injusto y recula en una decisión que menoscababa los intereses de los andaluces, lo que obligó, dice la Junta, a acudir a los tribunales. El presidente, Juan Manuel Moreno (PP), celebró este lunes el acuerdo y confió en que haya más entendimiento con los fondos UE, mientras proponía un Perte específico para la industria naval en la bahía de Cádiz, un día antes de desplegar su agenda en Bruselas.

A la espera de las comunidades

La oferta se ha realizado a cada comunidad por carta, detallando una cifra para saldar esta deuda. La misiva se remitió días atrás y para hacer efectiva la transferencia, consignada en las cuentas nacionales para 2022, las autonomías deben aceptar la cuantía que se ofrece. Hasta el momento, la respuesta ha sido positiva. Todas las autonomías socialistas y también algunas del PP, como Andalucía, se han posicionado ya públicamente a favor del acuerdo. El Gobierno andaluz, en manos de populares y naranjas, aprobó este lunes en una reunión extraordinaria el desistimiento de la vía judicial y la aceptación de 534 millones de euros más 30 millones por intereses de demora.

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La Generalitat valenciana también celebró un acuerdo que supondrá el ingreso de 251,13 millones de euros, por encima de los 230 millones que habían consignado en sus presupuestos autonómicos para 2022. "Es una doble buena noticia. Primero, porque disponemos de más recursos, y segundo, porque la ministra Montero ha tenido que resolver un problema creado por el ministro Montoro. Estas cosas dicen mucho de la sensibilidad que tiene este Gobierno con la Comunidad Valenciana frente al anterior", señaló el consejero Vicent Soler.

Por orden del Supremo

El Gobierno actúa en este momento después de que los tribunales ya hubieran dado la razón a las comunidades. Fue Castilla y León la primera en lograr un pronunciamiento judicial favorable a su recurso. El pasado mayo, el Supremo obligó al Gobierno a devolver a esta comunidad el IVA pendiente de 2017, en total, 182 millones de euros con millón y medio de intereses por la demora del pago. Tras este pronunciamiento de alto tribunal, la ministra de Hacienda informó a las comunidades, el pasado julio, en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que sienta al Ejecutivo con todos los consejeros de Hacienda, que los presupuestos generales del Estado consignaban 3.000 millones de euros para saldar de una vez este contencioso.

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El acuerdo ha costado años de litigios. El primer intento del Ministerio de Hacienda de saldar esta deuda heredada del anterior Gobierno del PP pinchó en hueso y contó con el rechazo de las comunidades autónomas. La ministra María Jesús Montero incluyó la liquidación de estas cantidades pendientes en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2019, que PP y los partidos nacionalistas tumbaron en el Congreso. Después, el conflicto se enconó.

Intentos previos fallidos

La ministra Montero ofreció a las autonomías relajar el objetivo de déficit para compensar el impago de 2.500 millones del IVA por el ‘efecto Montoro’ de 2017. La propuesta cosechó un sonoro portazo de todas las comunidades, también las socialistas, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La guerra estaba declarada y los consejeros de Hacienda insistieron en que nada tenía que ver esa deuda pendiente con la relajación de los objetivos de déficit impuestos por Bruselas. Madrid abrió la vía judicial y formalizó un recurso que la mayoría de comunidades terminaron elevando al no firmarse ningún tipo de acuerdo político con el Ejecutivo. La ministra aseguraba que ese dinero ya no se podía abonar.

Una reforma legal del IVA en 2017 motivó que se perdiera un mes en la transferencia del dinero recaudado a las comunidades. Fue precisamente la entonces consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, quien se dio cuenta de la merma en las arcas autonómicas y alertó del efecto contable a sus homólogos en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Desde entonces, está pendiente el pago del mes 13 del IVA en los presupuestos.