El periplo tras la patera por el covid: "El riesgo es dejarlos en la calle"

Los brotes de covid de Navalmoral de la Mata (Extremadura), en Algeciras (Cádiz) o Málaga tienen en común que los contagiados son extranjeros que han entrado en España de forma irregular, normalmente en patera. Poner el foco en las ONGs que atienden a estos inmigrantes es lo que hace Vox, que responsabiliza directamente a la Fundación Cepaim o a Cruz Roja y pide a la Fiscalía que abra una investigación.

La idea que apuntalan desde el partido de extrema derecha es que son las pateras las responsables de propagar el virus y de los rebrotes y que existe un ‘efecto llamada’ de inmigrantes que se juegan la vida para cobrar el ingreso mínimo vital. Lo segundo es falso directamente. No se puede cobrar esa prestación sin tener residencia legal en España.

¿Pero qué ha pasado y qué pasa con los extranjeros que no llegan por un aeropuerto—la gran mayoría—, sino los que lo hacen por el mar? Los protocolos en esos casos son mucho más estrictos y durante el estado de alarma se ha regulado exhaustivamente qué había que hacer con estos extranjeros que entran en España de manera irregular por la costa. Desde el pasado 5 de junio existe un protocolo de actuación ante posibles casos importados de covid “en el contexto del fenómeno de la inmigración irregular”.

En busca y captura

En el caso del paciente cero fugado de un centro de Navalmoral de la Mata, que se encuentra en paradero desconocido y sobre el que hay una orden de busca y captura, llegó en patera a Almería y fue trasladado a Extremadura. En este centro hay 24 contagiados. Otro inmigrante que llegó en la misma embarcación también dio positivo y había sido trasladado a Soria. El inmigrante fugado llegó asintomático, fue trasladado el 24 de mayo y presentó los primeros síntomas el 31, informa Cepaim.

En la práctica, el extranjero que llegue en patera, con síntomas o sin ellos, está mucho más controlado que cualquier otro turista

Aunque Vox insinúa que los traslados entre provincias, coordinados por las entidades sociales que tienen convenios con el Estado, se han producido durante el estado de alarma y que por tanto eran ilegales porque estaba prohibido moverse de forma interprovincial, no es eso lo que decía el decreto que fijaba el mando único (10/2020) que regía en ese momento. Según la información recopilada de la Secretaria de Estado de Inmigración y de entidades como Cepaim o Cruz Roja las entidades sociales estaban autorizadas a trasladar a estos inmigrantes con estrictas medidas de seguridad.

El protocolo con el que la Secretaria de Estado dirigió la labor de las ONGs estuvo en vigor hasta que decayó el estado de alarma. Ahora las normas que rigen deben ser las mismas que para cualquier persona que entre por ejemplo por un aeropuerto, venga a pasar unas vacaciones o a buscar un trabajo: las dicta Sanidad Exterior. Sin embargo, las entidades sociales siguen manteniendo estrictas medidas de control y aplicando las reglas que se activaron durante la etapa de confinamiento, como por ejemplo en la seguridad de los traslados entre provincias. Así que, en la práctica, el extranjero que llegue en patera, con síntomas o sin ellos, está mucho más controlado que cualquier otro turista o que pise suelo español tras bajar de un avión.

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El periplo empieza con 72 horas como máximo, tres días, en los que el inmigrante es atendido por Cruz Roja, que se encarga de la primera atención sanitaria de emergencia, y las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, bajo el paraguas del Ministerio de Interior. Igual que antes del covid. Durante el estado de alarma, cuando la persona era asintomática no era obligado hace un PCR, aunque ahora de eso se encargan las comunidades autónomas, responsable de las competencias de salud. En el protocolo de Sanidad Exterior no figura como obligatorio salvo síntomas.

Cuando pasa el periodo en el que el extranjero puede estar retenido por la Policía, son las ONGs las que asumen la acogida. Sin esos colectivos sociales el descontrol hubiera sido total porque con pandemia o sin ella la realidad es que las pateras siguen llegando. En el caso de Andalucía en menor medida que otros veranos, de momento. La ruta de Canarias sí tiene más tráfico, señalan quienes los atienden. "El mayor riesgo, además de una vulneración de los derechos humanos, sería dejarlos en la calle", señalan desde Cepaim.

Cuarentena vigilada

Durante el estado de alarma era obligatorio que estos extranjeros cumplieran una cuarentena, 14 días confinados. Eso se reguló en una orden del Ministerio de Sanidad (403/2020, de 11 de mayo) que indicaba que estas personas debían “permanecer en su domicilio o alojamiento”. En el caso de los irregulares ese domicilio no es otro que su recurso de acogida, el centro al que fuera trasladado. Son las entidades sociales las que se encargan de darle techo. Cepaim insiste en que “el sistema de acogida humanitaria es fundamental para la prevención del covid-19”.

Para garantizar ese techo, los traslados de estos inmigrantes, incluyendo los viajes entre comunidades autónomas, estaban “autorizados como servicio asistencial de carácter sociosanitario, declarado como esencial”.

Los traslados de extranjeros entre comunidades o provincias durante la pandemia estaban permitidos y las restricciones de movilidad exentas de cumplimiento para quienes “trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria”.

Centros vigilados, no cárceles

“La carencia de un sistema de acogida humanitaria en España conllevaría una vulneración de los derechos humanos y un riesgo sanitario”, advierte Cepaim. En esos traslados se cumplían protocolos sanitarios para las personas trasladadas y el personal de las ONG, con mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico y distancia de seguridad para evitar contagios. Dudar de la legalidad de esos traslados como hace Vox se desmonta fácil, no sólo por la letra del real decreto sino porque eran las mismas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quienes entregaban a los inmigrantes a las entidades sociales.

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Cepaim explica que informaba a los servicios de salud de cada comunidad autónoma y se cumplían a rajatabla los protocolos de cuarenta preventiva establecidos. Esa cuarentena se vigila a través de los servicios sanitarios de cada comunidad, de los profesionales de las ONG y de las fuerzas de seguridad. “No obstante, debemos recordar que estos centros, que están bien vigilados a diario, no son estancias que tengan privación de libertad, como no puede ser de otra manera”, insisten desde Cepaim. No están detenidos ni retenidos.

En el momento en que la ONG tenga conocimiento de que alguien obligado a cumplir la cuarentena la incumple, informará a Salud de la comunidad, a la Secretaria de Estado de Inmigración y al Ministerio de Interior. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden dictar una orden de busca y captura exactamente igual que con cualquier otro ciudadano que incumpla el aislamiento, para prevenir contagios.

Los centros de internamientos de extranjeros de Ceuta y Melilla no han recibido más ingresos durante la pandemia y aunque siguen atendiendo a los inmigrantes que ya estaban en sus centros, no se volverán a abrir, confirma el Gobierno, hasta que se libere espacio.

La primera evaluación médica en las 72 horas desde la llegada en patera, el posterior traslado a un centro de acogida, el seguimiento directo de los casos que han dado positivos, la trazabilidad de todos los contactos del paciente con covid desde el primer positivo y la vigilancia de la cuarentena en esos centros hace que quien baje de una patera con la enfermedad esté mucho más ‘fichado’ que quien pise suelo español desde la escalerilla de un aeropuerto. Eso, al menos, dice los protocolos.