REGRESO A LAS AULAS

La educación andaluza, en alerta: 1,5 metros, 30.000 profesores más, 1.000 millones

El Gobierno andaluz denuncia el reparto "injusto" de los 16.000 millones de euros y advierte del alto coste que supondrá la vuelta a las aulas con la mayor comunidad educativa del país

Foto: El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, inauguran el curso escolar 2019-20. (EFE)
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, inauguran el curso escolar 2019-20. (EFE)

El Gobierno andaluz dijo que antes lloraba por los dos ojos y ahora lo hace por uno. Pero llora. Fue la gráfica metáfora que eligió el presidente, Juan Manuel Moreno (PP), para referirse al reparto de los 16.000 millones de euros para afrontar la factura del covid que este martes aprobó el Consejo de Ministros. Del dinero recibido depende algo clave, la vuelta a las aulas el próximo septiembre.

La Junta andaluza asegura que para cumplir con la distancia impuesta de 1,5 metros entre niños, debería contratar 30.000 nuevos profesores, al tener que desdoblar prácticamente sus aulas. Solo eso supondría un desembolso de 1.000 millones de euros que no puede afrontar. Del reparto estatal, 2.000 millones se destinan a educación y Andalucía estimó que recibiría unos 372 millones de euros. Son sus propios cálculos. La ministra de Educación, Isabel Celaá, descuadró esas cifras cuando aseguró que en ese fondo para educación hay que descontar 400 millones que irán a las universidades, lo que haría menguar de forma considerable la previsión de la comunidad andaluza. Al margen de ese reparto, el ministerio aprobó un programa financiado con fondos Feder de la UE para digitalizar la educación que moverá 184 millones de Feder y otros 70 que deberán aportar las comunidades.

Plantea ir a los tribunales

Andalucía, que defendió un reparto ajustado a la población —representa alrededor del 18%—, se llevará unos 2.100 millones de euros, tras una corrección del Ministerio de Hacienda, por la presión que han ejercido las comunidades descontentas, Valencia también, gobernada por el socialista Ximo Puig. Sin embargo, sigue estando en contra del reparto propuesto de ese fondo aprobado en Consejo de Ministros y el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, advirtió de que se reservan todas las acciones posibles para reclamar “otros 800 millones de euros”, sin descartar acudir a los tribunales. El discurso político apela al agravio con otras comunidades, sobre todo con Cataluña. “Alguien tiene que explicar que Cataluña reciba 1.000 millones más cuando tiene un millón de personas menos viviendo allí”, denunció Bendodo. Hacienda también permitirá a País Vasco, Navarra y Canarias gastar su superávit de 2019.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. (EFE)
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. (EFE)

El Gobierno andaluz elevó su factura sanitaria por el covid a 1.800 millones de euros, aunque siempre advirtió de que tomar medidas de prevención también disparaba el gasto y alertó de que el virus económico tras la pandemia azotaba el turismo andaluz. Nunca tampoco ha ocultado su preocupación por el gasto extraordinario en educación. Con la comunidad educativa más importante del país, 1,8 millones de alumnos de cero a 16 años en educación obligatoria, cualquier gasto se multiplica de forma exponencial.

Distancia en las aulas

El pasado jueves, la comunidad andaluza sí se sumó al acuerdo cerrado con el Ministerio de Educación en la conferencia sectorial donde se diseñó la vuelta a las aulas. Madrid y País Vasco se desmarcaron. Eso sí, suscribió las medidas generales acordadas con las comunidades pero pidió que se mantuviera al margen otro documento con medidas de seguridad y prevención por el covid, que aún se está elaborando. Es ahí donde se reflejan las distancias de seguridad que deben mantenerse en las aulas y otras medidas de seguridad sanitaria para prevenir contagios en las escuelas. Ese borrador quedó al margen del acuerdo y a la espera de que se hagan sugerencias desde todos los gobiernos autonómicos.

En estos momentos, Andalucía ha constituido un grupo de trabajo, con Salud, para redactar las instrucciones que a finales de junio deben llegar a los centros educativos. Hay muchas dudas sobre la mesa. La Consejería de Educación defiende que no puede cumplir esa distancia de seguridad de 1,5 metros entre alumnos que indica el ministerio con la advertencia de que "no es un capricho" sino una prescripción sanitaria. El Gobierno andaluz defiende que el pasado 13 de mayo una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) fijó esa distancia en un metro. Esa diferencia, que podría parecer mínima, es clave para reorganizar las aulas en Andalucía. La ministra Celaá insiste en que “no es un capricho” sino “legislación vigente”, y serán los centros los que decidan sobre cómo organizar y controlar las medidas, que remachó que son de obligado cumplimiento, tanto esa distancia como las mascarillas para los niños mayores de seis años. Andalucía se mantiene en el metro.

Dudas para la vuelta

En estos momentos, la Consejería de Educación andaluza está estudiando los tipos de aulas e identificando cuáles serán exactamente las necesidades. La ratio en Andalucía está en unos 25 niños por clase y esa distancia de 1,5 metros entre alumnos obligaría, aseguran desde el Gobierno autonómico, a prácticamente desdoblar cada grupo, sacando a unos 10 niños de cada aula. La propuesta del ministerio de que se busquen edificios públicos alternativos, polideportivos o bibliotecas, o incluso que se utilicen espacios al aire libre o los patios de los colegios, es “de momento”, indican desde Andalucía, “totalmente inviable”. Tampoco entienden cómo se puede cumplir con la directriz de que los grupos de alumnos sean estables y no haya rotación en las aulas cuando a partir de tercero de Primaria los profesores rotan según las distintas asignaturas.

No está claro en Andalucía ni el dinero exacto que van a recibir para educación ni si ese dinero debe dirigirse también a la concertada, también sostenida por fondos públicos, como recoge la ley de educación. En el caso de la educación andaluza, hay 1,8 millones de alumnos en educación obligatoria, la inmensa mayoría en la pública, 1,4 millones, y unos 400.000 en la concertada. La polémica está servida. Habrá que leer la letra pequeña del real decreto que arbitrará el reparto de esta partida, pero el ministerio ya ha avisado de que debe ir a los centros que más lo necesiten, dando por hecho que la concertada se quedaría fuera. De momento, el Gobierno andaluz anunció que ofrece la prueba del coronavirus gratis para sus 135.000 docentes, que el próximo lunes volverán a las aulas sin niños tras los meses de confinamiento.

Andalucía

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