Andalucía sigue adelante con su BMI (bajada masiva de impuestos) pese a la crisis

El presidente Juanma Moreno prometió en campaña una BMI, acrónimo que acuñó para la bajada masiva de impuestos. Fue una de sus grandes promesas que plasmó en un decreto en abril de 2019, que planeaba una bajada sostenida de impuestos en Andalucía hasta final de la legislatura, 2022. Esa hoja de ruta, aseguran desde la Consejería de Hacienda, sigue en pie sin cambios pese a la crisis económica sobrevenida por el covid y los devastadores efectos que los principales organismos económicos vaticinan para Andalucía.

El Gobierno de PP y Cs no prevé, así lo aseguran sus responsables, ningún cambio ni ajuste a esa prometida revolución fiscal. Es más, consideran fundamental continuar en la senda de bajada de impuestos “incluso más ahora que antes”, verbalizó días atrás el consejero de Hacienda, Juan Bravo. Eso sí, insistiendo en que habrá que acompañar esta política fiscal con la apuesta por la colaboración público-privada para dinamizar la economía. La factura sanitaria presentada por la Junta por el covid se eleva a 1.800 millones de euros.

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El objetivo que se fijó el Gobierno andaluz fue bajar los impuestos cedidos a la comunidad y equipar Andalucía con Madrid, con tipos por debajo de la media. Se trataba de acabar con el “agravio”. Fue uno de los puntos principales del pacto con los socios de Gobierno, de Cs.

Armonización de Sucesiones

Una política fiscal que choca de plano con el acuerdo del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos en España. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, volvió el pasado viernes a desmarcarse de la bajada de impuestos que prevé Alemania, asegurando que muchos presentan ya tipos más bajos en España y advirtiendo de que hay una diferencia de ingresos respecto a PIB de “siete u ocho puntos” entre ambos países. Montero recordó que el Gobierno mantiene el programa fiscal del acuerdo programático. Insistió en retomar una idea que ya lanzó en el Senado, defendiendo la armonización a escala nacional de impuestos como el de Sucesiones o Donaciones. Como consejera andaluza siempre acusó a comunidades como Madrid de hacer 'dumping fiscal'.

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El Gobierno andaluz de PP y Cs ha cumplido con gran parte de la bajada de impuestos, con la bonificación al 99% de Sucesiones y Donaciones entre parientes directos. La otra gran promesa fue la bajada progresiva del IRPF hasta 2023, un año después del fin de la actual legislatura. Una reforma que aseguraron iban a beneficiar a 3,7 millones de contribuyentes y que jugaba con los tramos y exenciones del tipo autonómico. También han aprobado ventajas para las familias numerosas y los autónomos o empresarios, con rebajas en tributos que gravan el traspaso de negocios, la compra de locales comerciales o exenciones al 99% en sucesiones y donaciones para empresas o participaciones, por ejemplo.

El otro gran bloque de la reforma andaluza, además de los impuestos que gravan las herencias o las rentas del trabajo, está en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados. En este último caso, el tipo general estatal es del 0,5% y en Andalucía está en el 1,5%, con tipos reducidos en vivienda habitual u operaciones en sociedades de garantía recíproca.

Exenciones al juego

Durante el estado de alarma por covid, Andalucía aprobó una exención del 100% en tasa de juego para máquinas tragaperras y otros juegos de azar. Los propietarios de estas máquinas no pagarán las tasas, lo que el Gobierno justificó en el cierre de los bares durante la pandemia. La exención, en plena lucha contra la ludopatía y las casas de juego, provocó las críticas de los partidos de la oposición.

Ese 18 de mayo, el Gobierno andaluz también aprobó un Fondo de Emergencia Social y Económica de 700 millones de euros que ha obligado a ajustar y mover partidas presupuestarias y que ha jugado con una opción que desde Hacienda aseguran que inspiró el Ministerio de Hacienda, quedándose el superávit de sus empresas públicas. Ese mismo camino ha seguido Andalucía, que asume las remanentes de tesorería del conjunto monumental de la Alhambra de Granada, el más visitado de la comunidad, de la empresa Veiasa, dedicada a las inspecciones técnicas de vehículos y cuya privatización ya barajó el Gobierno andaluz, o del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, que recibió partidas durante años que no ejecutó. Uno de las mayores partidas reajustadas en el Presupuesto es la de personal, 93 millones de euros, pero sin duda la más polémica es el tijeretazo de 135 millones de euros a las universidades andaluzas.

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La Consejería de Hacienda niega que se trate de un recorte. Se remonta a las partidas para universidades en el presupuesto andaluz desde 2009 para señalar los fuertes recortes en los años de la crisis y la remontada en las partidas para universidades con el actual Gobierno de PP y Cs. Frente a los 1.372 millones de euros que se transfirieron en 2014, cuando se tocó suelo tras varios ejercicios de recortes, en 2020 la partida prevista era de 1.702 millones de euros, 120 más que el ejercicio anterior. Sin embargo, con el ajuste tras el covid esta transferencia cae 135 millones de euros, que quedaría en 1.567 millones.

Recorte a universidades

La Junta de Andalucía defiende, frente a las críticas de PSOE y Adelante Andalucía por un recorte tan fuerte en universidades, que el impacto no será de 135 millones de euros. Para amortiguar el golpe, Hacienda juega con la autorización del remanente que puedan gastar los rectores y que se incrementa en 40 millones de euros para gastos operativos. Ya había una autorización de remanente de 135 millones para gasto operativo y 125 para inversión, por lo que el Gobierno andaluz dispara la financiación de las universidades a 1.867 millones de euros. La oposición advierte de que es "un dato ficticio" porque ese dinero ya era de las universidades y la Junta se limita a elevar la autorización del gasto.

El Ministerio de Hacienda certificó que Andalucía es la única comunidad que ha cumplido con las tres reglas fiscales en 2019

Andalucía, que piensa seguir con su política fiscal a la baja, se puede permitir, explican fuentes del Gobierno, este juego con el remanente de sus organismos públicos porque ha cumplido con creces los objetivos de déficit en el ejercicio 2019, cumpliendo todas las reglas fiscales. Asumir los excedentes presupuestarios de las empresas públicas tiene como efecto contable que computa como deuda ante Bruselas.

El Ministerio de Hacienda ratificó esta semana que Andalucía ha sido la única comunidad autónoma española que ha cumplido las tres reglas fiscales —objetivo de deuda, objetivo de déficit y regla de gasto— en 2019. Esto permitiría a la comunidad volver a salir a los mercados financieros tras el cierre del grifo este ejercicio, Andalucía tuvo que volver al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) por los incumplientos de 2018, con el anterior gobierno socialista.