Hacienda reclama a las empresas públicas que le entreguen su liquidez

La pandemia no deja títere con cabeza. Y ahora es la propia Hacienda quien se ve obligada a tomar medidas excepcionales en el sector público para hacer frente a un doble efecto: el incremento de los gastos y, en paralelo, la caída de la recaudación que se producirá en los próximos meses. En particular, el IVA.

El real decreto-ley publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) incluye un artículo, el 49, en el que se dispone la obligatoriedad de que todo el sector público transfiera a una cuenta del Tesoro Público sus “disponibilidades líquidas”. Es decir, todo el dinero que tenga en tesorería.

La norma se ampara en lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria (artículo 45), que autoriza a Hacienda a “declarar no disponibles” las transferencias corrientes o de capital destinadas a las entidades integrantes del sector público estatal, “cuando, como consecuencia de la existencia de suficientes disponibilidades líquidas, pudieran no resultar necesarias para el ejercicio de su actividad presupuestada”.

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El real decreto-ley precisa que se trata de todos los “organismos autónomos y otras entidades integrantes del sector público estatal”. Dentro de esta clasificación, se encuentran sociedades como ADIF-Alta Velocidad, la agencia EFE, el CSIC, el BOE, las autoridades portuarias, Cesce o las confederaciones hidrográficas. En total, 451 sociedades que forman parte del inventario de entes del sector público estatal.

Fuentes de Hacienda aseguran, sin embargo, que la norma solo afecta a organismos y otros entes con presupuesto limitativo. En cualquier caso, está basada en una ley de 2003 que habilitó al titular de Hacienda a utilizar la liquidez para poder incrementar el Fondo de Contingencia.

El Gobierno tan solo deja una excepción. Estarán exentos los ingresos procedentes de cotizaciones sociales y aquellos que sean consecuencia de una recaudación conjunta con otras entidades ajenas al sector público. Ahora bien, siempre que “pudieran no ser necesarias para financiar el ejercicio de la actividad indicada”. Es decir, todo el dinero se ingresará en una caja única.

Gastos no necesarios

El real decreto-ley justifica esta medida en la necesidad de “atender los gastos para combatir la crisis sanitaria provocada por el Covid-19”, y recuerda que la Ley General Presupuestaria habilita a Hacienda a tener acceso a la tesorería de todo el sector público cuando las empresas estatales y los organismos autónomos tengan liquidez “no necesaria” para realizar sus fines. Es decir, remanentes de tesorería que no se gastan y que no son necesarios para la operativa.

Las necesidades de liquidez del Gobierno en un contexto como el actual son extremas. Por un lado, debe financiar los programas de gasto aprobados en las últimas semanas para paliar los efectos sociales derivados del Covid-19, pero también está viendo que sus recursos se han hundido de una forma que no tiene precedentes. En particular el IVA, toda vez que la congelación de la actividad económica y la reclusión en sus casas del conjunto de la población suponen un descenso sin precedentes del consumo.

De la misma manera, las retenciones del trabajo en el IRPF son la otra gran fuente de ingresos para el Estado. Y todo indica que el empleo se verá seriamente afectado por la crisis del Covid-19.

Fondo de Contingencia

La tesorería del sector público empresarial es importante para Hacienda porque, de esta manera, según fuentes que conocen bien los entresijos de las cuentas públicas, se puede engordar el presupuesto del llamado Fondo de Contingencia, que es el instrumento legal con que cuenta el Estado para enfrentarse a gasto no presupuestado como consecuencia de un hecho imprevisto, como inundaciones, catástrofes o llegada de inmigrantes que desbordan lo presupuestado.

Legalmente, la cuantía del fondo es equivalente al 2% del gasto no financiero del Estado, pero la crisis del coronavirus lo ha dejado ya sin apenas recursos. De ahí que con esta fórmula —usando la liquidez no necesaria del sector público estatal— se puedan encontrar nuevos recursos. El fondo, como se sabe, permite una gestión más flexible de los créditos presupuestarios, ya que tienen la consideración de ‘ampliables’, y hasta ahora esta ha sido la vía preferida por Hacienda para hacer frente al gasto imprevisto.

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En el real decreto-ley publicado este miércoles, de hecho, se especifica que esos recursos se destinarán a atender “exclusivamente gastos y actuaciones” necesarios para hacer frente a la actual crisis sanitaria. Y en particular, se precisa, con el fin de paliar sus efectos sobre el empleo y sobre “las personas y sectores más afectados”, o para atender “cualquier gasto que sea necesario para reforzar las capacidades de respuesta a esta crisis derivada del Covid-19”.

Es por eso por lo que en el propio real decreto-ley, y hasta la aprobación de una nueva Ley de Presupuestos, se establece que su cuantía podrá superar ese 2% que establece como máximo la actual Ley General Presupuestaria. Es decir, que el Fondo de Contingencia se convierte en el principal instrumento contable para encarar los costes económicos del coronavirus.

En este sentido, por ejemplo, se ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a disponer de 100 millones de euros para subvenciones en el marco de los planes de vivienda 2020. Igualmente, en el real decreto-ley del pasado 18 de marzo, se autorizó al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a utilizar 300 millones del Fondo de Contingencia para gastos destinados a la protección a la familia y la lucha contra la pobreza infantil.